Posición de MHUEL ante la Ley de Seguridad Ciudadana

 

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            La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico  ( MHUEL ) , es defensora de la Libertad  de conciencia y por ende de todos los derechos y libertades individuales y colectivos que afecten a la ciudadanía . 

           MHUEL está siguiendo con ” honda preocupación ” las noticias acerca del borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana ya bautizada como ” Ley Fernández ” que será finalmente presentada este próximo viernes ante el Consejo de Ministros. 

           En estos momentos y con la aplicación de las leyes y normativas vigentes , se están produciendo excesos por parte de ciertos Delegados del Gobierno a la hora de identificar , grabar y sancionar a personas que ejercen sus derechos fundamentales , llegándose a producir detenciones y posterior puesta a disposición judicial  de personas con resultados bastante adversos en los juicios a las tesis gubernativas por parte del estamento judicial. 

          En este nuevo borrador se  atisba una vuelta de tuerca en el retroceso y vulneración de los derechos fundamentales que otorga la carta magna , sorteando esta vez al poder judicial para que todo quede en manos de las decisiones del poder ejecutivo y sea más facil amedrentar a toda la ciudadanía que se expresa libremente en las callles ante la ola de recortes y en defensa de causas justas relativas a la vivienda , sanidad , educación , pensiones etc. 

          MHUEL hace un llamamiento a partidos políticos , sindicatos , movimientos , organizaciones y ciudadanía en general , para que se mantengan “vigilantes y alerta ” ante este nuevo desafío que solo pretende acallar y reprimir a una sociedad  harta ya de tanto retroceso. 

        Por último MHUEL recuerda al Partido Popular y a su gobierno que el tener el apoyo electoral de diez millones de votantes no le otorga ni le legitima para “fundir  a su gusto” los derechos y libertades de casi cincuenta millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado Español. 

   Zaragoza  a  26 de Noviembre del 2013

Marea Ciudadana Zaragoza reclama la dimisión del delegado del Gobierno por “vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”

 

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El colectivo social ha criticado esta mañana la actuación de Gustavo Alcalde en algunas manifestaciones y movilizaciones, ya que, según los datos que han aportado, hay cuatro sentencias firmes “en su contra y no se hace nada”

Zaragoza, 12/11/13.- Marea Ciudadana Zaragoza ha reclamado esta mañana ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde. Lo ha hecho porque, para este colectivo, “viene vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española”. Asunción Villaverde y Jorge García han sido los portavoces de esta plataforma que agrupa a más de sesenta asociaciones y entidades en su participación de hoy en el Parlamento autonómico.

Las reglas del juego son para todos. No se pueden admitir partidas con instituciones que tienen las cartas marcadas”, ha defendido García. Este representante se ha referido en este sentido a las cuatro sentencias firmes, según los datos que ha facilitado, que los tribunales han fallado en contra de las actuaciones de Delegación. “Hay tres poderes en democracia, si las personas que se ven vulneradas por el Ejecutivo salen apoyadas del Judicial, y aquí no se hace nada, esto es una farsa”, ha expuesto este compareciente.

En su opinión, “se está produciendo el caldo de cultivo perfecto para que se produzca la desobediencia civil”. “Las instituciones no asumen responsabilidades, no contestan o lo hacen cuándo y cómo quieren y todo ello ante sentencias firmes”, ha añadido García. Además, este portavoz ha trasladado a los diputados el “hastío y agotamiento de la ciudadanía porque el cauce legal no funciona”. “Parte de ella incluso no quieren venir a este espacio ni al Justicia porque piensan que ya es inútil”, ha explicado.

Por su parte, su acompañante en la Comisión de esta mañana, Asunción Villaverde, ha considerado “necesario señalar la diferencia en el trato del delegado del Gobierno a manifestaciones legítimas y pacíficas con otras de carácter fascista y xenófobo”. Para esta portavoz,“es incomprensible que se criminalice a Stop Desahucios o se abra expedientes a 51 personas por escraches”. “Se está usando a las fuerzas y cuerpos de seguridad como guardia personal y a favor del partido gobernante antes que a la ciudadanía”, ha añadido Villaverde.

Desde el PP, Ramón Celma ha pedido “respeto para los datos objetivos y oficiales” que, según las cifras que ha presentado, recogen 4.200 solicitudes de manifestación o concentración desde enero de 2012, con 24 propuestas de cambio de itinerario o lugar y un rechazo. “¿A quién intentar engañar? No lo entiendo y me siento incómodo escuchándoles hablar en términos que no son acordes con la época en que vivimos. No se en qué piensan cuando hablan, pero en la realidad no”, ha trasladado a los comparecientes y a los grupos de la oposición.

Por parte del PSOE, Mª Victoria Broto ha asegurado que “conociendo al delegado no sorprende el uso de las fuerzas de seguridad al servicio de sus intereses”. “Estamos viviendo la desaparición del Estado de Bienestar con recortes que aprovechan la crisis para imponer un modelo ideológico”, ha defendido esta parlamentaria. Para Broto, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Comparecencias,“es una falta de democracia la interpretación restrictiva y con diferentes varas de medir que se hace de los derechos constitucionales”.

El diputado del PAR Manuel Blasco ha recordado que “sería la primera vez en la democracia que no se pidiera la dimisión del delegado”. Este parlamentario ha explicado que su formación “no está de acuerdo con que haya diferencias entre manifestaciones”. En su opinión, lo importante es “el juego democrático y contar con los mecanismos necesarios para que se puedan respetar”. “Lo que nos preocuparía es que el sistema no funcionase, pero a la vista de los propios documentos que nos han remitido, tenemos garantías de que funcionan la convivencia y los derechos”, ha comentado Blasco.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha comparado la situación actual con “cosas de otra época que nos empiezan a sonar a los que superamos los cincuenta”. “Actuaciones improcedentes en la última huelga educativa y derechos humanos y ciudadanos que acaban pringados con otros argumentos. Todo es una insensatez tremenda”, ha expuesto esta parlamentaria. Ibeas ha defendido que “hay que seguir estando en la calle aunque sea rodeados de policías como en años y aunque nos consideren más peligros que los grupos neofascistas”.

Para Adolfo Barrena (IU) “está clarísimo que en estos momentos se está poniendo en peligro la democracia”. Este parlamentario ha traslado el apoyo de su formación y “el compromiso de hacer todo lo que esté en su mano” y, además, se ha mostrado “de acuerdo con la petición de dimisión”. “Vamos a estar con todos y cada uno de los ciudadanos y colectivos agredidos por esta infamia de vulneración de derechos y este ataque a los servicios públicos y a la calidad de vida”, ha manifestado el portavoz de IU en esta Comisión de Comparecencias.

La propiedad de las ermitas, bajo vigilancia

Leer nota de prensa

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Una entidad avisa a los pueblos para evitar que la Iglesia se las adjudique

EL PERIÓDICO 08/11/2013

La ermita de San Mateo de Gállego es objeto de litigio.Foto:EL PERIÓDICO

La asociación aragonesa MHUEL (Movimiento hacia un Estado Laico) ha realizado un llamamiento público a todos los municipios de la comunidad para que vigilen posibles cambios de edificios de uso religioso en el Registro de la Propiedad, a raíz del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que faculta a obispos y arzobispos a actuar como miembros de una corporación de derecho público a la hora de inscribir como propios bienes de dominio público, “sin necesidad de previa demostración de su titularidad y sin tener que ofrecer ninguna explicación al respecto”.

Para MHUEl, este artículo convierte de hecho a los representantes eclesiásticos en auténticos notarios o fedatarios públicos, una cuestión que la asociación considera que “vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de la Constitución”.

En este sentido, MHUEL ha tratado, a través de diversas iniciativas, averiguar los bienes inmatriculados por las diócesis aragonesas para informar de estos hechos a los municipios aragoneses que puedan estar afectados. “El Gobierno y el Ministerio de justicia se han negado hasta el momento a facilitar información al respecto”, señaló ayer la entidad en un comunicado.

Por este motivo, MHUEL “avisa y hace un llamamiento a los alcaldes de todos los municipios de Aragón para que acudan a los registros de la propiedad para verificar la titularidad de propiedades en el caso que éstas sean susceptibles de duda sobre su titularidad por distintos motivos”.

La advertencia se refiere igualmente a los bienes inmuebles y fincas anexas a ermitas, abadías y monasterios que puedan ser objeto de discusión sobre su legítimo propietario o sobre los que no conste documentación.

“Respetamos las creencias o no creencias de la ciudadanía, pero queremos salvaguardar el interés público a la hora de impedir que ciertas leyes que otorgan privilegios que consideramos anticonstitucionales agravien y perjudiquen el patrimonio público”, afirmó MHUEL en la misma nota.

¿Si no es de nadie lo pongo a mi nombre?

 

04/11/2013 El periodico de Aragon

 

La Iglesia registró en 2006 a su nombre como catedral la mezquita de Córdoba, por 30 euros. Una propiedad que no paga IBI y en la que se cobra entrada. Ha sido la más sonada de las inmatriculaciones –atribuirse propiedades sin dueño conocido–, pero no la única. En Navarra se han detectado más de 1.200 y está por conocer cuántas en otros lugares. No es fácil, ya que ese trámite no es necesario comunicarlo. Pero las instituciones civiles están obligadas a velar por el patrimonio común, aunque no estén mostrando demasiado interés en la campaña lanzada por organizaciones laicas.

Los laicistas investigan los bienes registrados por la Iglesia en Aragón

El PP negó la información hasta tres veces en el Congreso a preguntas de La Izquierda Plural. La ley permite a la institución católica atribuirse propiedades sin dueño conocido, sin comunicarlo

 

F. MANTECÓN 03/11/2013 El periodico de Aragon

Como Pedro negó a Jesús, tres veces, así el Gobierno de Rajoy declinó el año pasado, hasta en tres ocasiones, ofrecer información a preguntas del diputado de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, sobre los bienes que posee las diócesis de la Iglesia Católica en Aragón, particularmente los que ha registrado desde 1998. La comunidad perdió así la vía política para engancharse a la lucha que desde hace cinco años mantienen muchos pueblos de Navarra, a los que el Gobierno anterior sí ofreció en su día esta información: descubrieron así que la Iglesia había inscrito a su nombre hasta 1.200 propiedades de la comunidad foral, que desde entonces los ayuntamientos luchan por recuperar.

Ante el bloqueo político, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) en Aragón se ha propuesto conseguir, por vías más tortuosas, la información sobre estos bienes. No es, insisten, por atacar a la Iglesia, sino porque la legislación en la que se ampara la institución para registrar bienes a su nombre atenta, a su juicio, contra la aconfesionalidad del Estado.

EN NAVARRA

La polémica de las inmatriculaciones –término que se refiere a la primera inscripción de un bien en el registro– surgió en Navarra, aunque hay ejemplos polémicos por toda España. En Aragón hay pocos, en gran parte debido a la falta de información.

El problema deriva del cambio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, llevado a cabo en 1998 por el Gobierno de José María Aznar sin someterlo a votación. Hasta entonces, la Iglesia ya tenía potestad para inscribir a su nombre, y sin comunicarlo a la Autoridad –es decir, con el obispo o arzobispo ejerciendo de facto como notario–, los bienes que considerase suyos y no tuviesen propietario conocido. Pero había una excepción, la de bienes de culto. El PP eliminó esa salvedad.

Según explica el decano del Colegio de Notarios de Aragón, Francisco Pizarro, el régimen especial de inscripción del que goza la Iglesia, al mismo nivel que ayuntamientos u otras administraciones públicas, no es una barra libre, pero sí tiene requisitos “más laxos” que los procedimientos habituales para adjudicarse un bien. En Navarra, han utilizado argumentos como que les pertencen “desde tiempo inmemorial” o que fueron levantados “por el pueblo de Dios”.

Según explica Pizarro, tras el registro existe un periodo de dos años para presentar alegaciones. El problema es que, al no existir obligación de dar publicidad a este registro, los ayuntamientos no pudieron protestar. Simplemente, no lo sabían. Tras 20 años llega la prescripción, y el bien pasa a integrar, de forma prácticamente blindada, el patrimonio de la Iglesia. En la comunidad foral ya ha habido casos en los que se han vendido bienes inscritos con el procedimiento, comprados por 20 o 30 euros.

Al destaparse el escándalo en la comunidad vecina, MHUEL mantuvo contactos con los grupos políticos aragoneses para interesarse por la iniciativa, mientra a nivel nacional algunos grupos –el PSOE llegó “deliberadamente tarde”, según denunció Europa Laica– se movilizaban para derogar o cambiar el artículo 206. Pero el Senado tumbó la iniciativa.

El Gobierno de Rudi informó al diputado Luis Soro de que no tenía la información que le solicitó –lógico, al no tener que comunicárselo–, aunque sí conocían un ejemplo. En el Congreso, Chesús Yuste tuvo aún menos fortuna. El Gobierno le contestó primero que los registros no eran de su competencia; al recordarle que sí estaban bajo el control de Justicia, argumentó que la Ley de Protección de Da-