Zaragoza a 27 de Julio del 2015
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica e informa que la Catedral de San Pedro de Jaca ( Huesca ) , fue inmatriculada por el Obispado de Jaca el día 9 de Junio del 2105 , 17 días antes de que entrase en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria -artículo 204 – en la que se inhabilita expresamente a los diocesanos a la hora de inmatricular bienes ante los registros de la propiedad. ( Adjuntamos ficha registral ).
Una vez más , y ésta en «rauda y veloz » carrera , el Obispado de Jaca acudió al registro de la propiedad casi en el «último toque de campana » a registrar como dominio de su propiedad la Catedral más antigua de Aragón .
Esta asociación queda perpleja al encontrar en la información registral , el sarcasmo incardinado en el género de la «Opereta Bufa » , que ante la falta de argumentación potestativa de propiedad , se declare el dominio como «obra nueva » cuando estamos hablando de un complejo edificado en el siglo XI ( Exactamente en 1077 ) .
La Catedral de San Pedro de Jaca fue declarada Monumento Nacional del Estado Español y Patrimonio del Estado en 1931 ( Adjuntamos catalogación actual ) , Bien de Interés Cultural BIC en 1985 y posteriormente Patrimonio Cultural Aragonés PAC .
Este monumento ; el más importante del arte románico Aragonés con toda la simbología histórica del antiguo Reino de Aragón , recibió ayudas públicas para su restauración . En el periodo 1991/2009 , 2.553.909 euros de los cuales 1.108.800 euros fueron aportados por la Diputación General de Aragón . Posteriormente el Ministerio de Educación y Cultura aportó 614.738 euros en el año 2013 , finalizando con un nuevo proyecto de restauración valorado en 430.000 euros en el año 2014.
Actualmente para visitar el recinto Museo/Catedral hay que pagar entrada ( Adjuntamos información ).
MHUEL nuevamente insta a los poderes públicos ( Excmo Ayuntamiento de Jaca , Diputación Provincial de Huesca y Diputación General de Aragón ) a que defienden de una vez por todas lo que pertenece al común de la ciudadanía y pongan coto administrativo y jurídico a un expolio legal como son las inmatriculaciones de la la Iglesia Católica.