El pueblo aragonés tiene derecho a saber cuantos bienes han podido inmatricular las diócesis aragonesas , así como también tenemos derecho a una información transparente por parte del gobierno de la nación.
Cualquier traba que entorpezca estos derechos , solo producen déficit democrático , descrédito de las instituciones y aumentan la sensación de privilegio para la Iglesia Católica por parte del Estado , cuestión que evidencia a todas luces el incumplimiento del principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de nuestra vigente constitución ,otorgando un comportamiento de facto de vivir en un Estado y en una sociedad basada en el Nacional-Catolicismo.
Agradecemos públicamente a los grupos de Izquierda Unida en Aragón y de Chunta Aragonesista y a su diputado común Chesús Yuste el trabajo que están realizando y les animamos a que no cejen en el empeño de seguir luchando en este tema.