Recuperando nuestro patrimonio público
El candidato a la Presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa de la laicidad y del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.
Pero, a la vez, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados y los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que, como Apudepa y Mhuel, se agrupan en Recuperando. Pero publicaron un listado parcial, que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 y que no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo registrado.
Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.
El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece
dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede
explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.
A nuestro juicio, las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Apudepa y Mhuel, junto con todas las organizaciones coordinadas en Recuperando sí lo estarán. Por ello,
seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para remplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.
