Pedro García Castrillo. Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)

En muchos órdenes de la vida cotidiana se extiende el apriorismo de que lo privado es superior a lo público. También en la enseñanza hay quien busca la calidad en los centros privados concertados apoyándose en algunas estadísticas sacadas de los informes PISA o ciertos rankings de centros como los publicados por la comunidad madrileña. Sin embargo, dejarse guiar por las apariencias y lugares comunes puede conducir a errores de bulto y una mirada más detenida permite llegar a conclusiones diferentes.

Pedagogos, sociólogos y economistas de la educación llevan años teorizando y haciendo estudios empíricos sobre las razones o causas explicativas del rendimiento académico tanto de estudiantes como de centros educativos. Recientemente los informes PISA o las evaluaciones de diagnóstico han suministrado la información necesaria para acometer esa tarea que nada tiene que ver con las pruebas que la consejería se ha sacado de la manga para Teruel y que pretende extender al resto de Aragón con la oposición justificada de la comunidad educativa.

En este campo, la comunidad académica ha sido prolífica (un resumen de la literatura en España: aquí). La mayoría de los trabajos coinciden en que los principales determinantes del rendimiento académico están asociados a variables de tipo socioeconómico, como el nivel económico, cultural y educativo de los padres o la disponibilidad de recursos educativos en el hogar y otorgan un papel marginal a cuestiones como la titularidad del centro, su forma organizativa, los recursos educativos o el ratio de alumnos-aula. Los complicados procedimientos estadísticos que se encuentran detrás de estos estudios no deben enmarañar algo sencillo de comprender. Cuando una criatura llega a la escuela lleva la impronta que le deja su familia y que ha mamado desde sus primeros días, en forma de actitudes y conocimientos. El entorno familiar y social en el que vive le predispone a la cultura o le aleja de ella. Si además, se relaciona con compañeros de aula y de ocio que gozan de un contexto favorable, su probabilidad de éxito aumenta. Si el entorno familiar y social es el contrario, el rendimiento tiende a caer.

De modo que si un centro desea alcanzar los más altos puestos en los rankings de resultados no tiene que centrar sus esfuerzos en contratar a los mejores profesores o en usar los recursos educativos más innovadores, sino que debe tratar de captar a los mejores estudiantes, aquéllos que debido a sus características familiares y personales van a obtener mejores resultados. En eso, la mayoría de la escuela concertada sí que se ha especializado y la segregación social inducida por los conciertos educativos está bien estudiada tanto en España (aquí), como en Aragón (aquí). Uno de los objetivos de la ley Wert es la profundización en esta segregación social y diferenciación de centros.

Una vez descontados los factores socioeconómicos, la mayor parte de los estudios empíricos muestran que los resultados educativos de las escuelas públicas y las privadas concertadas apenas difieren. Es más, aparece evidencia de una mayor eficiencia de la escuela pública tanto a nivel de España con datos de PISA-2006 para estudiantes de secundaria (aquí), como en Aragón con estudiantes de primaria y datos de la evaluación de diagnóstico de 2010 (aquí).

En resumen, la escuela pública tiene estándares de calidad iguales o superiores que la privada. La diferencia estriba en la selección de estudiantes que efectúan una y otra.

Llegados a este punto, es obligado referirse a uno de los aspectos que infunden temor a las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela pública: algunos centros tienen una elevada concentración de estudiantes de origen inmigrante y de minorías étnicas, y las familias piensan que eso puede repercutir negativamente en la educación de sus hijos. No andan del todo desencaminados. Los estudios empíricos (por ejemplo: aquí y aquí) concluyen que la presencia de inmigrantes de primera generación en las aulas no afecta al rendimiento de los nativos si la concentración es inferior a un umbral estimado en el 20%, pero sí que tiene efectos negativos en concentraciones superiores. La respuesta de los padres de trasladar a sus hijos a un entorno más favorable es lógica desde la perspectiva individual, pero socialmente contribuye a la formación de guetos que deberían evitarse. Esto constituye un argumento a favor de una distribución más equitativa del alumnado problemático entre los diferentes centros educativos, incluyendo, claro está, a los concertados. Una tarea en la que la administración educativa debería implicarse activamente, pero que está en las antípodas de sus objetivos inmediatos ya que va en contra de los intereses que defienden y a los que representan. Una tarea que la comunidad debe poner encima de la mesa, para que la atiendan.