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Funeral en Santiago de Compostela

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El reciente accidente de tren de Santiago me ha recordado una vez más el menosprecio que hacen nuestros políticos a ese 30 % (según el CIS) de ciudadanos que  no se declara católico.

Cuando ocurre una tragedia de este tipo el funeral de este Estado ACONFESIONAL, es católico, ignorando descaradamente a las víctimas que tienen creencias distintas a la católica o que no tienen ninguna. En esos momentos, las condiciones anímicas del entorno familiar no están en situación de exigir nada y de eso se aprovechan los sucesivos gobiernos.

Ya sabemos que la mayoría de nuestros políticos desprecian la aconfesionalidad del Estado, pero no deberían ignorar la diversidad religiosa de este país. Una ceremonia civil donde caben todos sería la propia de una democracia.

 Ya basta de enarbolar la bandera de la Constitución del 78 cuando conviene e ignorarla cuando interesa.

Tiempo de retrocesos

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La ciudadanía aragonesa se ha tenido que movilizar ante el recorte de derechos y libertades. Los más jóvenes ni se lo imaginaban, los de mi generación muy vagamente y los más mayores han tenido que comprobar y sufrir recordando las últimas andanadas y estertores de los ya desaparecidos y ahora renacidos Gobernadores Civiles y sus métodos represivos como única opción para mantener la calle en orden conforme al pensamiento único de “palo y mano dura”.

La denominada Crisis/Estafa ha dejado a amplios sectores de la población a la intemperie, ha vuelto a aparecer el hambre, la miseria y un sinfín de problemas derivados de los inmisericordes recortes en materias tan sensibles como la educación, la sanidad, la vivienda, el paro, pensiones, jubilaciones, tasas de todo tipo etc.

Ante esta explosión y eclosión de durísimas realidades y ante la sordera y ceguera de las Instituciones en la búsqueda de soluciones razonables y solidarias; la ciudadanía, ejerciendo sus legítimos derechos se ha visto obligada a movilizarse en las calles para reclamar y defender sus derechos y justos intereses.

Parece ser, cómo así se ha demostrado que la miopía del poder y el afán de destacar del actual Delegado del Gobierno en Aragón, Sr. Don Gustavo Alcalde ante la movilización de la calle, ha sido la de reprimir de manera ejemplar esas situaciones incómodas para él usando casi en exclusiva la vía policial a base de identificaciones, grabaciones, multas, detenciones, prohibiciones y modificaciones de recorridos de manifestaciones, vulnerando de una manera clara los artículos 30 y 31 de la vigente Constitución y cercenando los derechos fundamentales de libre expresión, opinión, concentración o manifestación.

Son innumerables los casos acaecidos en Aragón: Espantosas cargas de la Guardia Civil a los vecinos de Artieda en la defensa de su futuro, identificaciones y multas masivas a miembros de Marea Verde, Stop Desahucios, Plataforma Solidaria Actur/Parque Goya, juicios a maestros y un larguísimo historial de desafueros colectivos o individuales.

Ante este clima represivo y caprichoso, diversos colectivos, partidos, sindicatos, asociaciones y la ciudadanía en general, fueron pidiendo el cese o la dimisión del actual Delegado y de todo su equipo. En su “autismo” característico de los que piensan que tienen la única y verdadera razón, la Delegación siguió aplicando su ejemplar medicina sin inmutarse ante la opinión pública. El cariz de los acontecimientos, requería de una respuesta contundente y ejemplar que se materializó con la unidad de más de 60 organizaciones reunidas en torno a la solidaridad que agrupa a Marea Ciudadana como la expresión única y unida de una sociedad harta de conductas asemejadas a las de los “Virreyes con mando en la plaza”.

Esta ejemplar unidad y la decencia y dignidad de estar luchando por una causa justa para toda la ciudadanía, llevó a interponer a Marea Ciudadana recursos ante el TSJA en contra de las decisiones de la Delegación del Gobierno. Dichos recursos han sido ganados con sentencias en firme que dejan en evidencia las formas y maneras de actuación de una Delegación que ya se sentía con poderes omnímodos, añadiendo que en la última sentencia se condenó expresamente a la Delegación al pago de costas por su proceder “temerario” y recordando que en menos de un año, dicha Delegación ha sido condenada en firme por el TSJA en cuatro ocasiones por vulnerar derechos fundamentales constitucionales.

El Delegado, a pesar de ello todavía no ha dimitido y ha optado por la callada por respuesta o por justificar sus actuaciones a través de foros o encuentros digitales a las que un medio de comunicación aragonés ha dado cobertura para que don Gustavo responda a siete u ocho preguntas formuladas con anterioridad, suponemos que las respuestas también ¿Les suena? Como positivo, hay que destacar que la suma de muchas sensibilidades diferentes en lucha por distintas causas, han logrado aportar un principio de solidaridad para los movimientos sociales que luchan a diario por el conjunto de los intereses de la ciudadanía. Entre todos hemos conseguido “Liberar la calle Alfonso” coto cerrado para el pueblo por el mero hecho de tener su domicilio un cargo institucional del PP.

Lejos del optimismo, hay que seguir atentos y alerta, los derechos y libertades no se regalan hay que luchar cada día por ellos para dejar un mejor legado a las generaciones venideras. Desde el 1J la política de la Delegación se ha suavizado, suponemos que a tenor de las sentencias judiciales antes mencionadas, pero en los últimos días con las recientes informaciones sobre el caso Bárcenas, se han vuelto a reproducir identificaciones policiales en las expresiones populares ante tan denigrantes hechos. Estaremos vigilantes.

Jorge A. García (Presidente del Movimiento hacia un Estado Laico -MHUEL-)

La enseñanza privada concertada es más cara de lo que cuentan

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La enseñanza privada concertada es más cara de lo que cuentan

Algunos defensores de los conciertos educativos muestran las cifras de gasto público por estudiante para aducir que la enseñanza privada es más eficiente que la pública. Una mirada más detallada lleva a conclusiones distintas. Por una parte, algunas comunidades como la madrileña permiten desgravar hasta 900 euros por hijo en concepto de gastos de escolaridad, compra de uniformes o aprendizaje de idiomas. En el mismo sentido muchos colegios privados concertados tienen constituidas fundaciones declaradas de utilidad pública cuyas aportaciones desgravan un 25%. Toda desgravación fiscal es gasto público enmascarado bajo la forma de reducción de ingresos que puede leerse como una subvención para quien lo recibe. La principal diferencia con la subvención es que el montante total queda opaco para la ciudadanía.

Cuando hablan de eficiencia suelen centrar el foco en el gasto público, olvidando las aportaciones realizadas por las familias que también forman parte del coste educativo aunque sea asumido privadamente. Además, este gasto privado constituye un mecanismo de selección de estudiantes que busca aumentar la homogeneidad del alumnado y reducir sus costes, incrementando indirectamente la heterogeneidad y, por tanto, los costes de la pública.

Que la concertada es un sacaperras para los padres, además de para el Estado, es una conclusión a la que, por diferentes vías, llegan estudios tanto privados como públicos. En septiembre de 2012 se hizo público un informe de la OCU que concluía que el coste anual de un colegio concertado era un 69% más caro que uno público, incluyendo en ese coste la obligación de “pagar algún tipo de cuota ya sea en forma de donación o justificada por la prestación de unos determinados servicios que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos”.

Las cifras oficiales apuntan en la misma dirección. El Instituto Nacional de Estadística en la última Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación, correspondiente al curso 2011/12 y hecha pública el 28 de diciembre de 2012, ofrecía los siguientes costes anuales (en euros) por alumno para cada etapa educativa en función del tipo de centro.

 

Infantil 2º Ciclo

Primaria

E.S.O.

Pública

Privada

concertada

Pública

Privada

concertada

Pública

Privada

concertada

Total

697

1765

865

1613

645

1514

Clases lectivas

0

509

0

298

0

276

Actividad extraescolar en centro

47

94

37

92

6

60

Serv. y Act. Complementarias

263

581

267

507

104

329

Bienes y servicios

355

545

457

560

368

581

Act. Extraescolar fuera del centro

32

104

155

167

268

Fuente: Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación.

Las diferencias saltan a la vista. El coste de la privada concertada viene a ser más del doble que en la pública y una parte importante de la diferencia reside en las “clases lectivas” donde se incluyen las aportaciones regulares de los padres sin contrapartida explícita. Por eso es conveniente recordar que el artículo 88 de la vigente LOE dice que “… en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.

Estas cifras dejan en evidencia a las autoridades educativas: saben que esa ley se incumple pero ellas también incumplen su obligación de vigilancia y control.

Pedro García, Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL)

EL SILENCIO

 

Campo de concentración y tortura “El Silencio”, propiedad de la Iglesia Católica en Argentina

Son las 4 de la madrugada y el sol todavía no ha salido. Pero el ruido en el ambiente ya se escucha y anuncia que otro día ha comenzado y que pronto los gritos de las torturas y las súplicas por la vida continuarán…como todos los días.

Hombres y mujeres, argentinos, que por sus ideas han sido capturados ilegalmente, secuestrados, torturados, denigrados… desaparecidos o asesinados. Son los residentes especiales de los campos de concentración de la dictadura militar que gobierna en Argentina.

Pero este día es especial en el campo de concentración llamado “El Silencio”. Es sábado. Y los sábados llega a disfrutar de un asado y a dormir la siesta, el cardemal Aramburú.

Y es que “El Silencio” era propiedad de la gran ramera vaticana y fue cedida a la dictadura militar, para colaborar en los secuestros, torturas y asesinatos de los disidentes de “izquierda”… lo que no quitaba que la curia católica de aquellos tiempos siguiera disfrutando de sus instalaciones.

Sí, en los tiempos de la dictadura militar la “iglesia” católica cobijó campos de concentración en sus propiedades e instalaciones. Así lo asegura el escritor Horacio Verbitsky, a quien el mismo Bergoglio (alias Francisco) le entregó copia de los documentos que atestiguaban la “cesión” de las instalaciones religiosas de “El Silencio” a la marina argentina (encargada de la “administración” de los prisioneros).

Todo comienza cuando el representante de la curia le entrega “El Silencio” al arzobispado, éste se la “vende” a monseñor Emilio Grasselli y a dos laicos… y Grasselli la “vende/cede” al grupo de tarea de la marina argentina.

Monseñor Pío Laghi era el representante diplomático del Vaticano ante el gobierno argentino y uno de sus mejores compinches era el almirante Lambruschini, encargado de la eliminación de hombres y mujeres con habilidades especiales, pero contrarios al régimen militar. Y hay pruebas de que Lambruschini consultó con Laghi, la muerte de esos prisioneros ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Originalmente los disidentes estaban secuestrados en “El Tigre” y por lo tanto fueron reubicados en “El Silencio” para que no los encontraran y la impunidad continuara.

Verbitsky también presenta casos concretos de la participación vaticana en el genocidio y masacres cometidas por los militares. Como el testimonio del capitán Scilingo, que comprueba que el método de asesinar a los prisioneros políticos arrojándolos al río había sido aprobado por la curia católica y era considerado una “forma cristiana de morir”. Los oficiales que participaban en los asesinatos –pero que tenían escrúpulos- eran persuadidos por los capellanes navales católicos, quienes justificaban con parábolas bíblicas las “separación” del trigo de la cizaña.

Por esto ycomunicacion@pcpe.es por mucho más, es innegable la participación activa y la complicidad de la curia y clero católicos en argentina, con la dictadura militar genocida. Y aunque “el silencio” ha sido muy importante para ellos, ya llegó el tiempo en que la verdad está siendo presentada y el silencio cómplice, terminando.

Fuente:
http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=17969

Discurso de MHUEL en el Pleno del Ayuntamiento

 

 

2013-05-31 13.05.19

 

Buenos días, Sr. Alcalde, señores concejales, corporación municipal, señoras y señores:

Tengo la oportunidad de dirigirme a este pleno municipal gracias a la generosidad de los grupos  de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que han cedido 5 minutos de su valioso tiempo a la asociación Movimiento Hacia un estado Laico, (MHUEL).

Los objetivos de esta Asociación son alcanzar la efectiva y real aconfesionalidad del Estado, separando la religión y cuanto la rodea de los poderes y actos públicos

La asociación  MHUEL, de carácter laico, pretende ser garante de la libertad de conciencia y por ello realiza una defensa a ultranza de todos los derechos, individuales y colectivos, sin discriminación por razones de sexo, razas, creencia, opinión y condición, tal y como recoge nuestra Constitución..

MHUEL comparece en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos para solicitar a esta corporación Municipal que se adhiera a la petición de reprobación del Sr. Delegado del Gobierno en Aragón, instando al Sr. Delegado  a presentar su dimisión, y si esta no se produce, solicitar al Gobierno de España que proceda al cese del Sr. Gustavo Alcalde y de todo su equipo.

La libertad que concede el Articulo 21 de la Constitución española de 1978, no es solo el de manifestarse, sino de manifestarse donde cada uno quiere, con el único límite del orden público.

Se trata de un derecho de libertad que si se comienza a regular demasiado se acabará con el.

Por eso la Constitución no lo hace depender de una autorización previa de la administración, porque si lo hiciese seria un derecho prestado, concedido, pero no un derecho fundamental”.

Tal y como nos ilustra el catedrático de derecho constitucional Sr. Solozábal.

 

La Delegación del Gobierno está dando un lamentable espectáculo de prohibiciones y recortes de derechos y libertades, que sistemáticamente desembocan en una desproporcionada actuación policial, auspiciada por la incompetencia y la desfachatez de quien les dirige, El Sr. Delegado del Gobierno en Aragón.

Hace días que su gestión y sus métodos están siendo cuestionados por una gran mayoría social.

Prohibiciones, multas, detenciones, identificaciones,… se vienen dando de forma sistemática., debido a que el Delegado del Gobierno, olvida con excesiva frecuencia, que la figura que ostenta, debe ser garante de los derechos y libertades ciudadanas.

Por este motivo el ciudadano se ve abocado a la defensa de sus derechos ante los tribunales, dado que quien debería garantizar el libre ejercicio de los mismos se dedica a pisotearlos, como así recogen múltiples sentencias al respecto.

Ayer mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fallo nuevamente en contra de una resolución del Sr. Delegado, por la que coartaba el derecho de manifestación, utilizando para ello, como único argumento sus personales criterios de aprovechamiento de oportunidad política.

No es la primera vez, esta Asociación ha tenido que recurrir a los tribunales de Justicia en varias ocasiones por haber sido atropellados sus derechos fundamentales.

Son ya numerosas las veces en las que disposiciones del Delegado son enmendadas por los tribunales.

Antes que algún perspicaz acolito nos diga que también hay sentencias a favor de las actuaciones del Delegado, les diré que NO ES un merito que un representante público cumpla con la ley.  NO ES NADA MERITORIO CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN.

En cambio, es un demerito no hacerlo, y no hacerlo de forma ocasional podríamos considerarlo un error, incumplir con sus deberes de forma habitual y tener que ser corregido en los tribunales es:

Incompetencia o maldad.

Queremos recordar  que la autoridad Gubernativa tiene el deber de proteger el ejercicio del derecho de reunión, manifestación y asociación, frente a quienes traten de impedirlo, perturbarlo, o menoscabarlo.

¿Cuántas veces tiene un Juez que revocar una instrucción del Delegado del gobierno para que quien le nombra y apoya se de cuenta de que no está capacitado para el cargo?

¿Cuánto capital público debe de ser derrochado en el pago a letrados del estado, en la defensa de causas torticeras e injustas para que el Delegado del Gobierno dimita?

¿Cuánto dinero y recursos nos tenemos que gastar los ciudadanos en la defensa de nuestros derechos para que sea cesado, o dimita?

Desde MHUEL hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos que componen la Corporación Municipal para que los cargos públicos de nuestra ciudad y comunidad autónoma sean ocupados por personas que como mínimo estén dispuestas a respetar las leyes que entre todos nos hemos dado.

Los ciudadanos de Zaragoza y Aragón no merecemos políticos que actúen con responsabilidad y por ello exigimos la dimisión del Delegado del Gobierno y de todo su equipo.

Muchas gracias

 

Ley del ministro WERT

Rajoy se inclina ante rouco

 

El pasado viernes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley orgánica que en un alarde de lenguaje orwelliano denominan “para la mejora de la calidad educativa”. El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) se niega a usar dicho nombre porque no se ajusta al contenido. En su lugar la denominamos  Ley Wert para que quede memoria del responsable de tamaño desatino.

 

No haremos aquí un análisis pormenorizado de un texto que ha recabado críticas desde todas las perspectivas imaginables, pero sí queremos manifestar nuestra más rotunda oposición a dos principios generales. El primero es la progresión en la mercantilización de la educación y su privatización en beneficio de la Iglesia Católica y el segundo es la consolidación del régimen imperante de nacional-catolicismo que, dicho sea de paso, ninguna administración educativa anterior ha osado cuestionar.

 

No está en nuestro ánimo el ataque a la religión ni hacemos profesión del anticlericalismo. De hecho, manifestamos nuestro completo acuerdo con el texto que hizo público el pasado 24 de marzo las “Comunidades de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid” en relación con este proyecto de Ley. Por eso, también afirmamos que la Conferencia Episcopal Española se está ganando a pulso el calificativo de sectarios y el rechazo de una parte significativa de la población española por su posición intransigente y dogmática.  El justo reproche a los Estados en donde reina la intolerancia islámica no debe impedir la necesaria crítica del fundamentalismo católico que en nuestro país impera.

 

Nos manifestamos contrarios a la impartición de religión en la escuela. Sea la religión que sea.. Sea evaluable o no. Sea voluntaria o no. La escuela es el lugar de la ciencia y del conocimiento, no de la fe y la creencia. La escuela ha de ser lugar de integración y no de segregación según las creencias de los padres. La escuela ha de formar en valores universales y no particulares.  Por eso llamamos a todas las fuerzas políticas y especialmente al PSOE a ser consecuentes con el principio de aconfesionalidad del Estado y a que denuncien los acuerdos de 1979 del Estado Español con la “Santa Sede”.

 

El tratamiento que hace el proyecto de Ley de la asignatura de religión y de “Valores éticos” no deja más opción que la llamada a la objeción de conciencia de los padres a dichas asignaturas puesto quelas creencias no pueden ser objeto de evaluación y los criterios morales deben estar ausentes de una escuela pública al servicio de todos.

 

Nos manifestamos contrarios a la privatización de la enseñanza a través de los llamados conciertos educativos que, en la práctica, conducen al cuasi monopolio de la educación que la Iglesia Católica obtuvo de la dictadura franquista. Con más motivo estamos en contra de la ampliación de los periodos de concierto, de la supeditación de la programación educativa pública a la oferta privada, de la ampliación de los criterios de selección del alumnado por parte de los centros y de la concertación con centros segregadores, cuestiones que contempla el actual proyecto de Ley.

 

Valoramos este proyecto como una mezcla de neoliberalismo en lo económico y rancio nacional-catolicismo en lo ideológico, que nos pretende llevar al fondo de la historia. Llamamos a la comunidad educativa y a las fuerzas democráticas a aprovechar el viaje al que nos obligan para unir fuerzas y tomar impulso, para la consecución, por fin, de una escuela pública, laica, democrática y gratuita.

Por tantos

mujer catolica

 

Publicado en el Periodico de Aragon el dia 06/05/2013

Me resulta difícil comprender por qué sucesivos gobiernos tratan de manera privilegiada a una institución tan elitista, mentirosa y misógina como la Iglesia católica. Hay que explicar los adjetivos. Es elitista: mirad sus universidades  (Deusto, Comillas, Navarra), mirad dónde ponen sus colegios concertados (buenos barrios) y a quien admiten (inmigrantes no). Es mentirosa: no es cierto que la iglesia haga la más mínima labor social. La hace Cáritas, y del presupuesto de Cáritas, solo el 2% sale de la Iglesia, 5 millones el año 2012. El resto procede de administraciones públicas y donaciones privadas. Es misógina: sus reglas son machistas y considera a las mujeres meros recipientes para la reproducción.  Sus declaraciones públicas solo tratan de aborto y matrimonio gay, ¿tanto les obsesiona el sexo?, ¿tan poco les preocupa el paro, los desahucios, la pobreza?

Por tantos: no marques la casilla de la Iglesia en el IRPF, no marques ninguna casilla (la otra les sirve de coartada y también de allí reciben dinero).  Hay que respetar las creencias de todos, pero cada uno debe pagarse las suyas, y con el sistema actual la Iglesia recibe dinero de todos (no te costará más, no te devolverán menos)

Por tantos: la Iglesia ya recibe unos 10.000 millones por diferentes conceptos (no se puede saber exactamente, no lo dicen), no permitas que reciba más por el IRPF.

 

Belén Sánchez-Valverde

MHUEL ante la difusión del Museo Diocesano de Zaragoza

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Fotografia de la inauguacion del museo diocesano

Ver achivo adjunto

         Nos llega esta información que remite el arzobispado de Zaragoza a a las casas de juventud ( Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ) para que este proceda a su difusión y propaganda. Siendo muy loable el interés cultural que demuestra la archidiócesis cesaraugustana ,  hacemos las siguientes reflexiones :

1) El patrimonio cultural , artístico e histórico debe pasar a ser un bien de dominio público bajo control y supervisión de las instituciones públicas del estado y tienen que ser ellas las que gestionen en cuanto se refiere a horarios , execciones de pago , tarifas etc.

2) Habría que preguntarse si las tarifas van con IVA y si dan ticket justificativo o el precio de la entrada tiene un concepto de donación . Y en todo caso si se computa fiscalmente.

3) Francamente muy desafortunada la exección de pago para monjas , sacerdotes , diáconos y menores de siete años. ¿ Qué parámetros de igualdad o de rango y condición constitucional son esos ? Da la sensación de ser un club privado.

Saludos  cordiales

SALAS LAICAS EN EL CEMENTERIO DE TORRERO

 

          El pasado domingo 14 de Abril , aprovechando la participación de MHUEL en el acto memorialista de las personas fusiladas por sus ideas republicanas que tuvo lugar en el cementerio de Torrero , detectamos que en las salas de ceremonias habilitadas para despedidas de personas que no profesan religión alguna , estaban decoradas con símbolos católicos . Suponemos que en estas salas que pueden cumplir la función multiuso , no se esté produciendo una incorrecta interpretación del nuevo reglamento de cementerios municipales de Zaragoza.

MHUEL indagará sobre estos hechos y preguntará al Ayuntamiento y a sus reponsables sobre este tema.

Adjuntamos fotos

Un saludo

Jorge A. García

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