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Libertad de elección de centro ¿Para quién?

 

 

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La política educativa del Gobierno del PP en el Estado español y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está provocando un desmantelamiento de la Educación Pública, en beneficio de la educación privada concertada.

Bajo la consigna de “libertad de elección de centro” y de que todos son centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada, y por ello tienen los mismos derechos, están concediendo toda clase de prebendas a los centros privados concertados:

Les  conceden programas que hasta ahora eran casi exclusivos de los centros públicos y que les daba a éstos un  prestigio ganado por el trabajo de los docentes y de la comunidad educativa: bilingüismo, auxiliares de conversación, escuela 2.0, Formación Profesional a distancia…

Se les mantienen conciertos con un número de alumnos inferior a la ratio establecida en BOA para su concesión, incluso se les mantienen conciertos con aulas vacías.

Se conciertan ciclos formativos con fundaciones que ni siquiera son centros educativos: como la Fundación laboral, Centro de Formación Profesional Arsenio Jimeno o la Academia Artemis.

Se mantienen y renuevan ciclos formativos  de grado superior (enseñanza no obligatoria)  en academias privadas: Academia izquierdo o Academia Marco, entre otras)

Se equipara el precio de los comedores escolares (para que no haya discriminación), suprimiendo la subvención a los comedores de los centros públicos, en los que aumenta considerablemente el precio del menú.

En contraposición, se suprime el Primer Ciclo de la ESO en todos los centros públicos de primaria en los que se imparte, condenando al alumnado a recorrer rutas  (en algunos casos de  montaña) de más de una hora  de duración y condenando a las zonas rurales a desaparecer.

Suprimen trece  ciclos formativos de grado superior, la mayoría en la zona rural, obligando al alumnado a desplazarse para acceder a los estudios o a  abandonar su formación.

Cuando hay demanda de plazas en los centros privados crean las unidades que hagan falta, como es el caso de colegio Teresianas, en el que se creó una unidad el curso pasado y que en este curso, que hay más oferta que demanda, no la suprimen de allí, sino que la suprimen del colegio público Octavus de Utebo.

Este curso han dejado fuera en Zaragoza capital a 20 alumnos y alumnas del colegio Tenerías y a 37 del colegio Rosales del Canal, enviando a éstas últimas a cuatro kilómetros de su casa sin transporte ni comedor.

¿Dónde está en todos estos casos la libertad de elección de centros?

¿Qué libertad de elección tienen las familias y el alumnado de los pueblos en los que se suprime diferentes enseñanzas y opciones educativas?

¿Qué derecho a la libertad de elección de centro tienen las familias de los centros rurales a los que se les cierra la escuela o suprimen unidades y profesorado?

Las personas de las zonas rurales pagan los mismos impuestos, les descuentan el mismo IRPF y pagan el mismo IVA que los demás y solo piden que se les deje el poco servicio educativo que tienen: su escuela, el primer ciclo de la ESO o los ciclos de FP.

No tienen derecho a elegir centro educativo, porque no hay. Sólo exigen que les respeten  el derecho a la educación en su localidad.

Las medidas de recorte aplicadas en Educación no son “reajustes”, son recortes ideológicos, favoreciendo a los centros privados y confesionales. Las familias que optan por estos centros sí ejercen el derecho a elegirlos.

No se pueden justificar bajo el lema de la libertad de elección las actuaciones de privatización y de privilegios.

Las concertaciones de la  enseñanza privada deben  ir desapareciendo progresivamente y no se deben renovar, ni ampliar un solo concierto en las enseñanzas no obligatorias.

Las familias podrán seguir eligiendo entre un  “Centro Público, Laico, Gratuito y Universal” o un Centro Privado bilingüe y/o confesional si quieren, pero en este caso, que se lo paguen.

Teresa Olalla (Secretaria de organización de CGT Enseñanza) 

¿Es mejor la escuela privada que la pública?

 

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Pedro García Castrillo. Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)

 

En muchos órdenes de la vida cotidiana se extiende el apriorismo de que lo privado es superior a lo público. También en la enseñanza hay quien busca la calidad en los centros privados concertados apoyándose en algunas estadísticas sacadas de los informes PISA o ciertos rankings de centros como los publicados por la comunidad madrileña. Sin embargo, dejarse guiar por las apariencias y lugares comunes puede conducir a errores de bulto y una mirada más detenida permite llegar a conclusiones diferentes.

Pedagogos, sociólogos y economistas de la educación llevan años teorizando y haciendo estudios empíricos sobre las razones o causas explicativas del rendimiento académico tanto de estudiantes como de centros educativos. Recientemente los informes PISA o las evaluaciones de diagnóstico han suministrado la información necesaria para acometer esa tarea que nada tiene que ver con las pruebas que la consejería se ha sacado de la manga para Teruel y que pretende extender al resto de Aragón con la oposición justificada de la comunidad educativa.

En este campo, la comunidad académica ha sido prolífica (un resumen de la literatura en España: aquí). La mayoría de los trabajos coinciden en que los principales determinantes del rendimiento académico están asociados a variables de tipo socioeconómico, como el nivel económico, cultural y educativo de los padres o la disponibilidad de recursos educativos en el hogar y otorgan un papel marginal a cuestiones como la titularidad del centro, su forma organizativa, los recursos educativos o el ratio de alumnos-aula. Los complicados procedimientos estadísticos que se encuentran detrás de estos estudios no deben enmarañar algo sencillo de comprender. Cuando una criatura llega a la escuela lleva la impronta que le deja su familia y que ha mamado desde sus primeros días, en forma de actitudes y conocimientos. El entorno familiar y social en el que vive le predispone a la cultura o le aleja de ella. Si además, se relaciona con compañeros de aula y de ocio que gozan de un contexto favorable, su probabilidad de éxito aumenta. Si el entorno familiar y social es el contrario, el rendimiento tiende a caer.

De modo que si un centro desea alcanzar los más altos puestos en los rankings de resultados no tiene que centrar sus esfuerzos en contratar a los mejores profesores o en usar los recursos educativos más innovadores, sino que debe tratar de captar a los mejores estudiantes, aquéllos que debido a sus características familiares y personales van a obtener mejores resultados. En eso, la mayoría de la escuela concertada sí que se ha especializado y la segregación social inducida por los conciertos educativos está bien estudiada tanto en España (aquí), como en Aragón (aquí). Uno de los objetivos de la ley Wert es la profundización en esta segregación social y diferenciación de centros.

Una vez descontados los factores socioeconómicos, la mayor parte de los estudios empíricos muestran que los resultados educativos de las escuelas públicas y las privadas concertadas apenas difieren. Es más, aparece evidencia de una mayor eficiencia de la escuela pública tanto a nivel de España con datos de PISA-2006 para estudiantes de secundaria (aquí), como en Aragón con estudiantes de primaria y datos de la evaluación de diagnóstico de 2010 (aquí).

En resumen, la escuela pública tiene estándares de calidad iguales o superiores que la privada. La diferencia estriba en la selección de estudiantes que efectúan una y otra.

Llegados a este punto, es obligado referirse a uno de los aspectos que infunden temor a las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela pública: algunos centros tienen una elevada concentración de estudiantes de origen inmigrante y de minorías étnicas, y las familias piensan que eso puede repercutir negativamente en la educación de sus hijos. No andan del todo desencaminados. Los estudios empíricos (por ejemplo: aquí y aquí) concluyen que la presencia de inmigrantes de primera generación en las aulas no afecta al rendimiento de los nativos si la concentración es inferior a un umbral estimado en el 20%, pero sí que tiene efectos negativos en concentraciones superiores. La respuesta de los padres de trasladar a sus hijos a un entorno más favorable es lógica desde la perspectiva individual, pero socialmente contribuye a la formación de guetos que deberían evitarse. Esto constituye un argumento a favor de una distribución más equitativa del alumnado problemático entre los diferentes centros educativos, incluyendo, claro está, a los concertados. Una tarea en la que la administración educativa debería implicarse activamente, pero que está en las antípodas de sus objetivos inmediatos ya que va en contra de los intereses que defienden y a los que representan. Una tarea que la comunidad debe poner encima de la mesa, para que la atiendan.

Retirada del proyecto de LOMCE » La religión debe salir del currículo y del ámbito escolar»

Publicada en El Periódico de Aragón, el 26 de marzo de 2013

 

Días atrás distintas organizaciones y colectivos han lanzado la  campaña “Por una escuela pública y laica: Religión fuera de la Escuela”, denunciando la reforma parcial de la LOE del Partido Popular (conocida como “Reforma Wert”) dado que las modificaciones introducidas pretenden asegurar una mayor presencia y estatus del adoctrinamiento religioso en la Escuela y  acelerar los procesos de desmantelamiento de la enseñanza pública en favor de la privada lo que resulta motivo de alarma social.

Debemos partir de que el laicismo y la neutralidad ideológica del Estado y sus instituciones es un principio fundamental recogido en todas las constituciones democráticas; la Escuela es una de esas instituciones públicas donde es preciso observar de forma más escrupulosa el principio de laicidad o neutralidad;  la Escuela ha de educar sin dogmas, en conocimientos científicos y universales; y que los centros escolares no deben ser un lugar de exclusión y discriminación.

En consecuencia se han sugerido los siguientes postulados:  La religión debe salir del currículo y del ámbito escolar.  No debe admitirse la presencia institucional de simbologías religiosas o de ideologías particulares.  El Sistema Público de Educación no debe financiar el adoctrinamiento religioso, debiendo destinarse a la financiación de la Enseñanza de titularidad Pública, el Estado no está obligado a financiar la Enseñanza privada y más cuando hay enormes recortes económicos.

Se exige la retirada del proyecto de LOMCE que extiende una mayor injerencia de las confesiones religiosas y que de la LOE vigente desaparezcan los aspectos confesionales, como son la permanencia de la religión en el horario lectivo y la consideración como “servicio público” de los “centros privados concertados” (de los cuales el 80% son dogmáticos católicos).

Zaragoza, a 20 de marzo de 2013

 

José Antonio Rovira Tolosana

LA PAULATINA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN ARAGON

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LA PAULATINA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN ARAGÓN

Descargar Nota de prensa Plataforma Escuela Pública Zaragoza

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La enseñanza pública como referente y modelo de futuro

Este es el título del manifiesto presentado por la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública en Zaragoza , que hoy ha comparecido para denunciar lo que a su juicio, esta suponiendo un paulatino proceso de privatización de la enseñanza pública en Aragón.

En la comparecencia han estado presentes en representación de las organizaciones que componen la Plataforma , las diputadas Carmen Sánchez (PSOE), Patricia Luquin (IU) y el diputado Gregorio Briz (CHA); en la representación sindical Javier García (CSIF), María Martínez (UGT) y José Luis Cimorra (CCOO); en representación de FAPAR Juan Ballarín y de MHUEL Pedro García. Antonio Lascorz ha intervenido como portavoz actual.

También forman parte de esta Plataforma la asociación de estudiantes ADEA y la FABZ. El Portavoz de la Plataforma ha enumerado las decisiones que hasta ahora ha tomado el Departamento de Educación y que están incidiendo directamente, en el debilitamiento de la red pública por el trato diferenciado que se está propiciando desde dicho Departamento, adelantándose así a la filosofía privatizadora que encierra la LOMCE .

Ha citado en primer lugar la injusticia de unos presupuestos para 2013 con un 14,8 % de reducción en la escuela pública y un 1,7 % en la concertada. Y a este desigual trato se ha unido, según el Portavoz, los aumentos de ratios de alumnos por aula y disminuciones de apoyos, lo que va en claro detrimento de los centros que mayor diversidad acogen en sus aulas, casi siempre públicos. Con estas medidas se penaliza el compromiso social de los centros y se va hacia un sistema educativo totalmente descompensado impropio una sociedad moderna.

Asimismo, según esta Plataforma, con el modelo de bilingüismo que se pretende implantar basado en la capacidad de cada centro para organizarlo, la administración educativa vuelve a dar la espalda a sus centros públicos dadas las diferencias normativas existentes para la
selección de personal. Finalmente ha criticado la aplicación que se esta haciendo de los procesos de admisión de alumnos que no consiguen evitara la selección de alumnado por la mayoría de centros concertados.

El Portavoz termina señalando que, con todas estas medidas, además de las que se recogen en la LOMCE, nuestra Comunidad avanza de forma paulatina hacia una privatización del sistema educativo, que comienza con un debilitamiento programado del sistema público. Por todo ello la Plataforma exige un cambio de rumbo, para ir consolidando progresivamente, un modelo educativo para un modelo social en el que, la ética pública y la equidad, sean rasgos identitarios. Y este modelo educativo, según la Plataforma, solo puede ser público como lo es generalmente en el norte de Europa.

LOS PUNTOS QUE EXIGE ESTA PLATAFORMA

  • Medidas urgentes para compensar los desequilibrios presupuestarios del 2013. Ni un recorte más y vuelta paulatina a la situación existente antes del inicio de este curso.
  • Ni un concierto más para la enseñanza post-obligatoria, y no prórroga de los existentes si el alumnado puede ser asumido por la red pública.
  • No más conciertos de unidades de enseñanzas obligatorias si los alumnos pueden ser asumidos por la red pública contando con las construcciones previstas.
  • Revisión de las aplicaciones de la adscripción de alumnos condicionando los conciertos al escrupuloso cumplimiento de estas directrices.
  • Definir un plan de implantación del bilingüismo que garantice la calidad del existente y avance significativamente en la red pública manteniendo, entre otros objetivos, el de elemento compensador en centros con dificultades.
  • Definir un plan de mejora, en todos aquellos centros públicos que carecen de suficiente atractivo para las familias. Dicho plan requiere análisis previo de las causas y compromiso administrativo para resolverlas o atenuarlas.
  • Una política de proximidad, exigencia y apoyo de la administración con sus centros públicos contribuyendo, desde esta proximidad, a la resolución de los problemas que pudieran presentarse, incluidos aquellos que se están dando en un contexto económicamente difícil.
  • Planes de refuerzo y apoyo, desdobles y otras medidas en los centros públicos para atender todas las necesidades del alumnado, en especial del catalogado con necesidad específica de apoyo educativo.
  • Desarrollo decidido de un Plan de infraestructuras educativas públicas, a corto-medio plazo, que sea más ambicioso que el actual aprobado por el Gobierno de Aragón y que suponga la construcción de los Centros educativos necesarios en el territorio aragonés, en los ritmos temporales adecuados, con especial atención a las nuevas áreas urbanísticas de mayor crecimiento.

Al finalizar la presentación, cada uno de los tres diputados han manifestado el apoyo explicito de los partidos a que representan (PSOE, CHA e IU) y el compromiso de llevar al terreno político estos planteamientos. Por su parte Juan Ballarín ha manifestado su profunda convicción como integrante de FAPAR y como ciudadano, que solo el sistema público es capaz de dar respuestas las necesidades de una sociedad compleja y solidaria abogando por los modelos públicos como única referencia a largo plazo.

Zaragoza, 22 de Enero de 2013
ADEA, CCOO, CHA, CSIF, FABZ, FAPAR , IU, MHUEL, PSOE y UGT

La pública denuncia un «trato de favor» a la concertada

El Periodico de Aragon 05/12/2012

La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza denunció ayer un «trato de favor» a la enseñanza concertada, que se habría materializado en una reducción presupuestaria «casi nueve veces inferior» que el que sufrirá la escuela pública.

El colectivo, integrado por PSOE, CHA, IU, Fapar, el sindicato estudiantil ADEA, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, la Federación de Barrios de Zaragoza y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), censuró ayer «el brutal» recorte del «12,8%» en comparación con el año pasado, lo que supone «regresar a la cuantía del 2006 en valor nominal y al 2003 si incluimos el efecto de la inflación», apuntaron desde la plataforma, donde se criticó que, en cambio, «los presupuestos para altos cargos y asesores casi no se alteran» y el «1,7%» reducido a la concertada. «La menor bajada se debe al aumento de conciertos que está previsto», señalaron desde la plataforma, que amenazó con pedir la «dimisión» de Serrat «si en la tramitación de los presupuestos no se vislumbra otra filosofía que la anunciada por la consejera».

Padres, alumnos, partidos y sindicatos incidieron en su temor de un recorte de «más de 2.000 puestos docentes y no docentes» o «una nueva bajada de sueldos» por la rebaja de 90,5 millones en el capítulo de personal y reclamó, entre otras cosas, «no ampliar conciertos si el alumnado puede ser asumido por la red pública con las construcciones demandadas», «no prorrogar conciertos de enseñanzas no obligatorias cuyos alumnos puedan ser asumidos por la pública», «restablecer el pago de verano a interinos», «eliminar el recorte de personal especialmente en enseñanzas obligatorias» y «atender al 100% las necesidades de becas».