Concentración

Miércoles 21 de Septiembre, frente a la Audiencia Provincial

Contra las medidas cautelares del TSJA

Contra el aumento del horario de Religión

Nos convocamos ante la Audiencia para manifestar públicamente nuestro desacuerdo con el auto judicial que suspende cautelarmente el horario de religión establecido en el currículo aragonés de educación primaria.

Una suspensión cautelar es una medida excepcional. Y nos parece anómalo que lo que aquí se presume ilegal sea aplicable sin objeciones en aquellos lugares que incumben al Gobierno Central. Que la competencia asignada por la ley a las CCAA para fijar el horario mínimo de las asignaturas específicas, como es la Religión, haya permitido implantar sin reparo en Andalucía y Canarias lo mismo que aquí se niega, o establecer en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León e Islas Baleares horarios inferiores al que aquí se obliga a mantener. Excepcional resulta también que Aragón sea el único caso, de entre los que hay recurso, en que un tribunal haya decretado paralización cautelar.

Si las medidas cautelares son una excepción, en Aragón parecen ser regla, puesto que fueron objeto de ellas tanto el currículo de Bachillerato, como la apertura y el concierto del colegio privado Ánfora de Cuarte.

El tribunal aduce daños irreparables para justificar la medida. Disentimos de su ponderación. No se puede alegar perjuicio para los profesores cuando su contrato no corre peligro puesto que depende del Ministerio de Educación y este ha dispuesto su contratación en condiciones similares a las del curso anterior. No cabe aducir daño irreparable a los estudiantes a no ser que como tal se considere cualquier reducción horaria en cualquier asignatura. Al contrario: puesto que la religión exige una alternativa, se está limitando la capacidad de elección dentro de las horas que permitía la autonomía de centro, viéndose alteradas las expectativas de padres y estudiantes. Tampoco figuran en su balanza las afecciones sobrevenidas en la organización interna de todos los centros que están siendo importantes, ni el menoscabo de las competencias autonómicas en materia regulatoria.

Los aquí presentes no hemos tenido voz propia en el proceso, pero representamos un conjunto social que se ha revelado mayoritario en las últimas elecciones a Cortes de Aragón y queremos hacer pública nuestra opinión, independientemente del recurso anunciado por el Departamento de Educación.

En el fondo de la cuestión subyace una interpretación más que dudosa del texto de un tratado internacional bilateral suscrito por España con el Vaticano en 1979 y negociado en periodo preconstitucional. En cualquier caso, creemos que dicho tratado constituye una restricción de la soberanía nacional que debería ser eliminada para poder debatir sobre educación sin más límite que la Constitución.

MHUEL, FAPAR, ADEA, CEPA, CGT, CCOO,U GT, STEA–‐i, CHA, IU, Podemos, PSOE, Puyalón, ZEC