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NOTA DE PRENSA MHUEL / AUTO TSJA HORARIO DE RELIGIÓN

 

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La asociación MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) ha conocido con indignación el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el que se suspende cautelarmente el horario establecido para la asignatura de Religión en el curriculum aragonés de Primaria. La DGA establecía 45 minutos a la semana, y el TSJA ha decidido dejar el horario en los 90 minutos del curso anterior.
La LOMCE no establecía ningún horario mínimo para la religión. De hecho el Ministerio de Educación del Partido Popular, dirigido por el Sr. Wert, estableció para el territorio de su competencia un horario para la religión idéntico al propuesto por el Gobierno de Aragón, un horario que sigue vigente en la actualidad sin que obispos ni profesores hayan reclamado judicialmente su modificación.
Nueve comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, han establecido horarios de religión inferiores al que los obispos reclaman para Aragón y ningún tribunal ha dictado medidas cautelares.
A nuestro juicio, la enseñanza de la Religión en las escuelas es discriminatoria, ayuda a la segregación por motivos religiosos y equipara dogmas indemostrables con conocimientos científicos (los lunes creemos en dios y los martes en Darwin). En el fondo de esta cuestión subyace el Concordato franquista de 1953, modificado en 1976 y 1978, en el que se acuerdan una serie de privilegios para la Iglesia Católica entre los que se encuentra la inclusión de una asignatura de religión en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Desde  MHUEL creemos que el Concordato es claramente anticonstitucional, ya que nuestra Constitución declara la aconfesionalidad del Estado, pero es apoyándose en ese Concordato que nos vemos obligados a pagar entre todos a las personas contratadas para enseñar dogmas no solamente católicos, sino islámicos y evangelistas, ya que estas últimas religiones están entrando en la escuela gracias a los diferentes acuerdos que se van firmando con las diferentes religiones y que imitan al Concordato. Pensamos que se debe plantear cuanto antes la cuestión de fondo y es que es recuperar la soberanía nacional que se encuentra constreñida por un acuerdo bilateral con un Estado extranjero para poder debatir sobre educación sin más restricción que la Constitución.
Lo único cierto es que, con la resolución adoptada, el tribunal tuerce la decisión de los representantes libremente elegidos por los aragoneses e impone de facto el criterio de los obispos. En este aspecto respaldamos completamente al Gobierno de Aragón, a la Consejera de Educación y a la mayoría parlamentaria que apoya la reducción del horario de religión establecida en el curriculum de primaria.
Por último destacar que solamente una enseñanza laica es la garante del respeto a todas las creencias, y que todas las creencias son respetables en el ámbito privado.

Intervención de MHUEL en la Cortes de Aragon

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Intervención de MHUEL como integrante del grupo contra los conciertos educativos (integrado por CGT, STEA, IU, CHA y MHUEL) ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, el 23-9-2014.

Por Pedro García Castrillo.

A los partidos políticos se les conoce mejor revisando lo que gastan que escuchando lo que dicen.

Por eso, para conocer su política educativa hemos acudido al presupuesto.  Queríamos saber si el trato de la pública y la concertada era similar. La respuesta es obvia si se atiende a los datos expuestos por la compañera de CGT, Teresa Olalla, pero la valoración económica es ineludible. Para ello, hemos elegido dos grandes bloques. Uno, el de infantil y primaria. Otro, el de Secundaria y FP. Dentro de cada uno, hemos centrado la atención en las partidas esenciales. Para la pública, los gastos de personal y el capítulo de gastos en centros docentes. Para la concertada el 480 de transferencias.

Sabemos que las preferencias políticas se expresan en el presupuesto. Pero que la realidad, a veces tozuda, impone restricciones. Por eso, usamos las cifras de lo ejecutado entre 2011 y 2013 para hablar de sus hechos y las del presupuesto hasta 2014 para referirnos a sus intenciones.

En infantil y primaria

Comencemos con la pública. Han reducido un 12.1% el gasto de personal y un 32.4% el de funcionamiento de centros.  Como les ha debido parecer poco, este curso han previsto un recorte adicional del 9.4% en personal y del 40.3% en centros sobre el ejecutado del año pasado.

No sabemos si lo lograrán. Lo que si sabemos es que la asignación a la concertada la han reducido tan sólo un 1.5% en 3 años.

La diferencia es palmaria.

Pero se hace más llamativa cuando se tiene en cuenta el cambio en el número de estudiantes de ambas redes. Usando los datos del IAEST, en los tres últimos años, el número de estudiantes de primaria de la red pública ha crecido un 1.68%  y en la concertada se ha reducido en un 1.65%.  Bajo esos parámetros, la asignación por estudiante en la concertada habría crecido ligeramente.

La diferencia entre el presupuesto de este año y el de 2011 muestra su objetivo: Pretendían reducir 57 millones en la pública y algo menos de 1 en la privada. Dividido por el promedio de la matrícula de los 3 últimos cursos se obtiene una cifra más significativa. Se pretendía sisar 675 euros a cada chaval de la pública y 30.5 al de la concertada. La realidad ha torcido algo sus pretensiones. De momento, a cada chaval de la pública le han birlado 407 y al de la concertada sólo 35 (12 veces menos)

Pasemos a la Educación Secundaria y formación profesional.

En la pública han reducido el gasto de personal en un 14.4% y el de funcionamiento de centros en un 28.1%. Y aun pretenden recortar un 6.7% en Personal y un 4% en Centros.

¿En la concertada? Prácticamente nada. Reducción del 1.1%  en tres años.

Pero aquí la discriminación se hace mucho más evidente cuando se atiende al número de estudiantes. La matrícula de secundaria, FP y PCPI en la pública ha crecido un 4.2%. En la concertada ha bajado un 3.2%.

En consecuencia, si la asignación global a la concertada cae un 1.1% y su matrícula un 3.2%, la asignación por estudiante habrá crecido alrededor de un 2.1%. No es una opinión nuestra, son sus datos.

El ejercicio de preferencias y realidades para secundaria nos dice que ustedes habían programado eliminar 73 millones de euros de la pública. Es decir, pretendían sustraerle a las familias 1618  euros por cada chaval.  No han salido las cosas como querían, pero aún así les han despojado de 1075.

A la concertada, nada. Queda claro pues, que en el caso de la concertada no tienen ustedes problemas con el dinero.

¿Será eficiencia?

El reglamento de conciertos establece una ratio mínima de alumnos fijada por la administración cada año. Es una exigencia para el concierto y su incumplimiento causa de rescisión. Pues bien, raro es encontrar rescisiones de conciertos por esta causa. El 31 de octubre pasado, siete resoluciones cerraron aulas vacías en varios centros, cuando nosotros habíamos comenzado a denunciarlo públicamente. Bien, pero tarde y a remolque.  E insuficiente.

Ahora mismo, y a consecuencia de la denuncia de las familias de Jaca que quedaban sin la escuela pública que pedían, hemos revisado los datos de escolarización en la localidad.  ¿Resultado? Con datos de inicio del curso pasado (2013-14), el colegio de las Escuelas Pías de Jaca, no cumplía la ratio mínima ni en segundo ciclo de infantil, ni en primaria.  Intuimos, por la inercia de los datos, que tampoco se cumpliría en el curso anterior 2012/13.  De hecho, en ese curso ya tenía una aula vacía en Infantil. En el 2013-14 serían dos y para este, puede sumarse otra. Obviamente, las aulas vacías se propagan a  primaria.  Pero es que, en primaria, con datos del 13-14 tampoco se cumple la ratio mínima. Aún así, la Consejería, que seguro que está al tanto de la situación, renovó el concierto por cuatro años en julio de 2013.

Y lo que es más grave: hay familias que no quieren llevar a sus hijos a un centro religioso y se ven forzadas a llevarlos donde ustedes les imponen o a dejar a sus hijos sin escolarizar.

Están ustedes pagando un aula vacía, regalando el dinero público a una entidad privada, cuando lo justo sería usarlo en escolarizar a esos críos donde sus familias quieren, abriendo una clase nueva en los públicos de la zona. Se puede. Pero no quieren.

En lugar de eso, ustedes, desde la consejería, están acarreando parroquianos a un negocio privado. No nos atrevemos a ponerle adjetivo jurídico a ese actuación. Pero no nos huele nada bien.

El asunto nos sirve para poner sobre el tapete dos cuestiones en las que el control de la administración deja mucho que desear.

La primera. En la firma de los conciertos queda claro (cláusula 5) que las enseñanzas han de ser gratuitas, que el titular no puede percibir contrapartidas disfrazadas de pagos a fundaciones o derivadas de servicios que, en la práctica, se convierten en obligatorios. El INE, en su encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación, concluye que el coste de la privada concertada viene a ser más del doble de la pública. Hace unos días, hasta la patronal de colegios privados de Madrid denunciaba esta doble financiación (el País 16-9).  Aquí, a poco que rasquen, encuentran.  Pero no quieren rascar.

Es un copago. Es un mecanismo de selección y segregación de tipo económico. Pero también es una ilegalidad. Y las leyes están para cumplirse. ¿O no? ¿O la vigilancia y el control la dedican sólo a otras cosas?

La segunda. El artículo 52 de la LODE, establece que la enseñanza deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia y que toda práctica confesional tendrá carácter voluntario. Les invito a mirar las estadísticas oficiales sobre elección de enseñanza religiosa  en Aragón.

Es difícil de explicar que los estudiantes que siguen “otras religiones”, aún siendo una minoría, no estén repartidos con una cierta homogeneidad. En primaria, la proporción es de 20 a 1. Es decir, 20 están en la pública por cada uno que lo está en la concertada.

Es difícil de entender que, por ejemplo, en secundaria prácticamente el 100% de los estudiantes de privados concertados sigan la asignatura de religión católica, cuando en los centros públicos no llega a uno de cada tres.

La única explicación posible pasa por una exigencia o una imposición por parte de los centros y una aceptación por parte de los padres (o lo tomas o lo dejas). Bajo el bonito nombre de “libertad de enseñanza” o “derecho de los padres a elegir centro” está el derecho de los centros a elegir niños. Y la falta de respeto de la libertad de conciencia que la Constitución consagra.

Nosotros pensamos que los fondos públicos no deben servir para sostener centros que imponen sesgos ideológicos excluyentes, que no respetan la libertad de conciencia.

Nosotros no somos partidarios de los conciertos educativos. Seguramente no podremos convencerles de que los supriman. Pero al menos sí podemos exigirles que sean respetuosos con sus propias leyes, a la vez que denunciamos la diferencia de trato.

Se han cubierto con la manta de la reducción del déficit, tratando de ocultar que sus recortes se han cebado en unos grupos sociales y han dejado a salvo a otros.  No gobiernan al servicio de todos. Gobiernan al servicio de su clase social. Pusieron al frente de la Dirección General de Política Educativa al Sr. Magdaleno que era el director de uno de los mayores centros privados concertados de Aragón. Y colocaron de Secretario General Técnico a un señor que comparte apellidos con quien ocupa la plaza que dejó vacante el Sr. Magdaleno en la privada.  Es normal que defiendan aquello que representan. Nosotros también. Somos pueblo y defendemos nuestra escuela: la pública.

El clasismo indecente de Rudi (PP-PAR) con la educación

 

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Articulo publicado en el Blog de Nieves Ibeas

Que una presidenta de una Comunidad Autónoma, elegida democráticamente, sea capaz de decir lo que en ocasiones dice Luisa Fernanda Rudi, cabeza visible del actual Ejecutivo aragonés PP-PAR, me parece sencillamente indecente. Que su gabinete de prensa lo venda como algo positivo que conviene airear, en vez de meterlo en un cajón y cerrarlo con siete llaves, tiene delito.

Me refiero al último ejemplo relacionado con la política educativa, y, en concreto con la educación pública, que siempre debería ser considerada como una cuestión de Estado, con independencia del signo de los partidos que gobiernen. Es la posición de CHA y de ahí no nos movemos, desde luego, y exigimos la máxima responsabilidad política a la Administración, que gestiona lo público.

Con un par de narices (porque hace falta tener osadía para decir lo que dijo sobre la educación pública), Rudi soltó el pasado martes 18 de junio en Tarazona, en el marco del 50 Aniversario del Colegio Sagrada Familia, que el derecho a impulsar proyectos educativos propios no es exclusivo de ningún sector social. Como pilar del sistema, la educación financiada con fondos públicos debe constituir un territorio libre de la pretensión de hacer de él un proyecto educativo partidista: “La escuela no puede ser el refugio de los proyectos educativos con idearios que carecen de neutralidad política o de demanda social” (nota de prensa oficial). ¡Con la Iglesia católica hemos topado! ¿Qué proyectos carecen de neutralidad política: la escuela pública? Será porque entienden que (todavía) no la han convertido en catequesis… ¿Qué proyectos educativos carecen de demanda social,:la escuela pública? Será porque la están dejando temblando, asfixiándola como la están asfixiando…

¿No decía que ella quería que la sociedad aragonesa fuera una sociedad de NOBEL (sic)? Será con alumnado que salga de la educación privada (sobre todo concertada, que es la que controla mayoritariamente la conferencia episcopal), porque como tenga que ser con la pública, con todo el trabajo que está realizando el departamento de Dolores Serrat para empobrecerla y esquilmarla (supongo que con el visto bueno de Rudi y del sacrosanto acuerdo de gobernabilidad PP-PAR), lo vamos a tener muy muy difícil.

La excelencia tiene un precio para el PP y ese precio tiene marca de clase social. Y con recortes brutales y progresivos en educación, echando profesorado eventual NECESARIO a espuertas, sin reponer al que se jubila y precarizando el empleo docente como si fuera lo mismo educar que meter paquetes en un armario, dejando a un lado a los verdaderos protagonistas de la educación, privando al alumnado con necesidades educativas especiales del apoyo preciso, eliminando programas educativos esenciales o dejando en mera caricatura algunos otros… no se puede aspirar a ninguna sociedad Nobel. Y estoy convencida de que la propia Rudi lo sabe, lo que sucede es que se pasan la vida buscando titulares para sobrevivir y a menudo se les va un poco la mano al escribir las hojas de ruta…

El único mensaje claro de Rudi (y del PP-PAR) es que la educación pública no merece ni un euro más que la privada concertada. Ahora bien, mejor no les preguntemos si un euro menos para la pública les parecería mal… Es el mensaje de una derecha que hace lo que quiere, legisla como le interesa y aplica las normas también a su antojo.

Está claro que habrá religión (católica, ¡por supuesto!) sí o sí con la nueva Ley de Educación (LOMCE) que no va a mejorar en absoluto las muchas carencias que acumula, contraviniendo los mínimos principios de un estado laico y aconfesional.

Ahora bien, eso sí, si el PP de la Comunidad de Madrid se empeña en que haya Eurovegas y para ello hay que permitirle fumar en todos sus antros, habrá otra ley que permita a las comunidades autónomas hacer lo que quieran, para que Ignacio González, en Madrid, pueda hacer de su capa un sayo.

Y mientras, hundiendo en picado a nuestro sistema educativo público. Jamás le agradeceremos, Presidenta, el destrozo educativo que nos está costando su gobierno.

 

 

 

La enseñanza privada concertada es más cara de lo que cuentan

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La enseñanza privada concertada es más cara de lo que cuentan

Algunos defensores de los conciertos educativos muestran las cifras de gasto público por estudiante para aducir que la enseñanza privada es más eficiente que la pública. Una mirada más detallada lleva a conclusiones distintas. Por una parte, algunas comunidades como la madrileña permiten desgravar hasta 900 euros por hijo en concepto de gastos de escolaridad, compra de uniformes o aprendizaje de idiomas. En el mismo sentido muchos colegios privados concertados tienen constituidas fundaciones declaradas de utilidad pública cuyas aportaciones desgravan un 25%. Toda desgravación fiscal es gasto público enmascarado bajo la forma de reducción de ingresos que puede leerse como una subvención para quien lo recibe. La principal diferencia con la subvención es que el montante total queda opaco para la ciudadanía.

Cuando hablan de eficiencia suelen centrar el foco en el gasto público, olvidando las aportaciones realizadas por las familias que también forman parte del coste educativo aunque sea asumido privadamente. Además, este gasto privado constituye un mecanismo de selección de estudiantes que busca aumentar la homogeneidad del alumnado y reducir sus costes, incrementando indirectamente la heterogeneidad y, por tanto, los costes de la pública.

Que la concertada es un sacaperras para los padres, además de para el Estado, es una conclusión a la que, por diferentes vías, llegan estudios tanto privados como públicos. En septiembre de 2012 se hizo público un informe de la OCU que concluía que el coste anual de un colegio concertado era un 69% más caro que uno público, incluyendo en ese coste la obligación de “pagar algún tipo de cuota ya sea en forma de donación o justificada por la prestación de unos determinados servicios que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos”.

Las cifras oficiales apuntan en la misma dirección. El Instituto Nacional de Estadística en la última Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación, correspondiente al curso 2011/12 y hecha pública el 28 de diciembre de 2012, ofrecía los siguientes costes anuales (en euros) por alumno para cada etapa educativa en función del tipo de centro.

 

Infantil 2º Ciclo

Primaria

E.S.O.

Pública

Privada

concertada

Pública

Privada

concertada

Pública

Privada

concertada

Total

697

1765

865

1613

645

1514

Clases lectivas

0

509

0

298

0

276

Actividad extraescolar en centro

47

94

37

92

6

60

Serv. y Act. Complementarias

263

581

267

507

104

329

Bienes y servicios

355

545

457

560

368

581

Act. Extraescolar fuera del centro

32

104

155

167

268

Fuente: Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación.

Las diferencias saltan a la vista. El coste de la privada concertada viene a ser más del doble que en la pública y una parte importante de la diferencia reside en las “clases lectivas” donde se incluyen las aportaciones regulares de los padres sin contrapartida explícita. Por eso es conveniente recordar que el artículo 88 de la vigente LOE dice que “… en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.

Estas cifras dejan en evidencia a las autoridades educativas: saben que esa ley se incumple pero ellas también incumplen su obligación de vigilancia y control.

Pedro García, Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL)

¿Es mejor la escuela privada que la pública?

 

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Pedro García Castrillo. Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)

 

En muchos órdenes de la vida cotidiana se extiende el apriorismo de que lo privado es superior a lo público. También en la enseñanza hay quien busca la calidad en los centros privados concertados apoyándose en algunas estadísticas sacadas de los informes PISA o ciertos rankings de centros como los publicados por la comunidad madrileña. Sin embargo, dejarse guiar por las apariencias y lugares comunes puede conducir a errores de bulto y una mirada más detenida permite llegar a conclusiones diferentes.

Pedagogos, sociólogos y economistas de la educación llevan años teorizando y haciendo estudios empíricos sobre las razones o causas explicativas del rendimiento académico tanto de estudiantes como de centros educativos. Recientemente los informes PISA o las evaluaciones de diagnóstico han suministrado la información necesaria para acometer esa tarea que nada tiene que ver con las pruebas que la consejería se ha sacado de la manga para Teruel y que pretende extender al resto de Aragón con la oposición justificada de la comunidad educativa.

En este campo, la comunidad académica ha sido prolífica (un resumen de la literatura en España: aquí). La mayoría de los trabajos coinciden en que los principales determinantes del rendimiento académico están asociados a variables de tipo socioeconómico, como el nivel económico, cultural y educativo de los padres o la disponibilidad de recursos educativos en el hogar y otorgan un papel marginal a cuestiones como la titularidad del centro, su forma organizativa, los recursos educativos o el ratio de alumnos-aula. Los complicados procedimientos estadísticos que se encuentran detrás de estos estudios no deben enmarañar algo sencillo de comprender. Cuando una criatura llega a la escuela lleva la impronta que le deja su familia y que ha mamado desde sus primeros días, en forma de actitudes y conocimientos. El entorno familiar y social en el que vive le predispone a la cultura o le aleja de ella. Si además, se relaciona con compañeros de aula y de ocio que gozan de un contexto favorable, su probabilidad de éxito aumenta. Si el entorno familiar y social es el contrario, el rendimiento tiende a caer.

De modo que si un centro desea alcanzar los más altos puestos en los rankings de resultados no tiene que centrar sus esfuerzos en contratar a los mejores profesores o en usar los recursos educativos más innovadores, sino que debe tratar de captar a los mejores estudiantes, aquéllos que debido a sus características familiares y personales van a obtener mejores resultados. En eso, la mayoría de la escuela concertada sí que se ha especializado y la segregación social inducida por los conciertos educativos está bien estudiada tanto en España (aquí), como en Aragón (aquí). Uno de los objetivos de la ley Wert es la profundización en esta segregación social y diferenciación de centros.

Una vez descontados los factores socioeconómicos, la mayor parte de los estudios empíricos muestran que los resultados educativos de las escuelas públicas y las privadas concertadas apenas difieren. Es más, aparece evidencia de una mayor eficiencia de la escuela pública tanto a nivel de España con datos de PISA-2006 para estudiantes de secundaria (aquí), como en Aragón con estudiantes de primaria y datos de la evaluación de diagnóstico de 2010 (aquí).

En resumen, la escuela pública tiene estándares de calidad iguales o superiores que la privada. La diferencia estriba en la selección de estudiantes que efectúan una y otra.

Llegados a este punto, es obligado referirse a uno de los aspectos que infunden temor a las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela pública: algunos centros tienen una elevada concentración de estudiantes de origen inmigrante y de minorías étnicas, y las familias piensan que eso puede repercutir negativamente en la educación de sus hijos. No andan del todo desencaminados. Los estudios empíricos (por ejemplo: aquí y aquí) concluyen que la presencia de inmigrantes de primera generación en las aulas no afecta al rendimiento de los nativos si la concentración es inferior a un umbral estimado en el 20%, pero sí que tiene efectos negativos en concentraciones superiores. La respuesta de los padres de trasladar a sus hijos a un entorno más favorable es lógica desde la perspectiva individual, pero socialmente contribuye a la formación de guetos que deberían evitarse. Esto constituye un argumento a favor de una distribución más equitativa del alumnado problemático entre los diferentes centros educativos, incluyendo, claro está, a los concertados. Una tarea en la que la administración educativa debería implicarse activamente, pero que está en las antípodas de sus objetivos inmediatos ya que va en contra de los intereses que defienden y a los que representan. Una tarea que la comunidad debe poner encima de la mesa, para que la atiendan.

Ley del ministro WERT

Rajoy se inclina ante rouco

 

El pasado viernes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley orgánica que en un alarde de lenguaje orwelliano denominan “para la mejora de la calidad educativa”. El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) se niega a usar dicho nombre porque no se ajusta al contenido. En su lugar la denominamos  Ley Wert para que quede memoria del responsable de tamaño desatino.

 

No haremos aquí un análisis pormenorizado de un texto que ha recabado críticas desde todas las perspectivas imaginables, pero sí queremos manifestar nuestra más rotunda oposición a dos principios generales. El primero es la progresión en la mercantilización de la educación y su privatización en beneficio de la Iglesia Católica y el segundo es la consolidación del régimen imperante de nacional-catolicismo que, dicho sea de paso, ninguna administración educativa anterior ha osado cuestionar.

 

No está en nuestro ánimo el ataque a la religión ni hacemos profesión del anticlericalismo. De hecho, manifestamos nuestro completo acuerdo con el texto que hizo público el pasado 24 de marzo las “Comunidades de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid” en relación con este proyecto de Ley. Por eso, también afirmamos que la Conferencia Episcopal Española se está ganando a pulso el calificativo de sectarios y el rechazo de una parte significativa de la población española por su posición intransigente y dogmática.  El justo reproche a los Estados en donde reina la intolerancia islámica no debe impedir la necesaria crítica del fundamentalismo católico que en nuestro país impera.

 

Nos manifestamos contrarios a la impartición de religión en la escuela. Sea la religión que sea.. Sea evaluable o no. Sea voluntaria o no. La escuela es el lugar de la ciencia y del conocimiento, no de la fe y la creencia. La escuela ha de ser lugar de integración y no de segregación según las creencias de los padres. La escuela ha de formar en valores universales y no particulares.  Por eso llamamos a todas las fuerzas políticas y especialmente al PSOE a ser consecuentes con el principio de aconfesionalidad del Estado y a que denuncien los acuerdos de 1979 del Estado Español con la “Santa Sede”.

 

El tratamiento que hace el proyecto de Ley de la asignatura de religión y de “Valores éticos” no deja más opción que la llamada a la objeción de conciencia de los padres a dichas asignaturas puesto quelas creencias no pueden ser objeto de evaluación y los criterios morales deben estar ausentes de una escuela pública al servicio de todos.

 

Nos manifestamos contrarios a la privatización de la enseñanza a través de los llamados conciertos educativos que, en la práctica, conducen al cuasi monopolio de la educación que la Iglesia Católica obtuvo de la dictadura franquista. Con más motivo estamos en contra de la ampliación de los periodos de concierto, de la supeditación de la programación educativa pública a la oferta privada, de la ampliación de los criterios de selección del alumnado por parte de los centros y de la concertación con centros segregadores, cuestiones que contempla el actual proyecto de Ley.

 

Valoramos este proyecto como una mezcla de neoliberalismo en lo económico y rancio nacional-catolicismo en lo ideológico, que nos pretende llevar al fondo de la historia. Llamamos a la comunidad educativa y a las fuerzas democráticas a aprovechar el viaje al que nos obligan para unir fuerzas y tomar impulso, para la consecución, por fin, de una escuela pública, laica, democrática y gratuita.