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Stea, CGT, Marea Verde y MHUEL advierten de “irregularidades” en la concertación de unidades educativas

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  • EUROPA PRESS. 17.12.2012

Los sindicatos Stea y CGT, el colectivo Marea Verde y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) han advertido de “irregularidades” en la concertación de unidades en la escuela privada concertada de la Comunidad autónoma aragonesa, ya que se mantienen unidades concertadas “con apenas alumnos”.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la representante de CGT, Teresa Olalla, quien ha comparecido acompañada del miembro de Stea, Raúl Guerrero, el portavoz de Marea Verde, Alfonso Alegre, y la presidenta de MHUEL, Asunción Villaverde.

Estos colectivos han creado un foro, abierto a quien desee sumarse a él, en rechazo de los “privilegios” de la educación concertada y han anunciado movilizaciones a partir de enero, también en rechazo al anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que “privatizará el sistema educativo”.

Asimismo, han apostado por “ir caminando hacia una red pública única” de centros y, mientras sea necesario concertar unidades, que se haga aplicando los mismos criterios que se utilizan para el mantenimiento de unidades en la escuela pública y “se controlen los datos de matrículas y vacantes con el mismo celo” en ambas redes, ha apuntado Teresa Olalla.

En este sentido, ha precisado que los últimos datos de la Comisión de Garantías de Secundaria de la ciudad de Zaragoza, celebrada a finales de septiembre, “confirman la existencia de concertaciones de aulas vacías en cinco centros, que en septiembre mantienen el mismo número de vacantes que en junio”.

Según ha informado, esos centros poseen entre 35 y 30 vacantes en cursos como tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), “lo que supone un aula vacía”, algo que también ocurre en colegios de otras poblaciones, como Zuera o La Almunia de Doña Godina.

En esta última, un centro concertado poseía en junio dos grupos de primero de la ESO concertados, con 57 plazas vacantes, concertación que se ha mantenido este curso, mientras que se han suprimido dos unidades en el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la misma localidad, de forma “en septiembre se ocuparon las vacantes” del colegio, dejando al IES con las dos unidades suprimidas, han relatado la representante de CGT.

A su entender, “estas irregularidades deben suponer la anulación del concierto”, para lamentar el “agravio” que implica que frente al mantenimiento de estas aulas, “se supriman unidades y docentes en los centros públicos” y ha comentado que en el curso 2012-2013 “se han cerrado unidades de Educación Infantil en algunos centros públicos y se han renovado conciertos en Infantil en la misma zona”.

Estos colectivos han reivindicado que no se concierte ninguna unidad más, que no se renueven conciertos en etapas no obligatorias y que en aquellas zonas donde ha bajado la población escolar, antes de suprimir unidades en la pública, “no se concierte con centros privados”.

DESEQUILIBRIO

La representante de CGT también se ha referido al “desequilibrio” en la distribución de alumnado extranjero y con necesidades de apoyo educativo entre la red pública y la concertada.

Así, ha manifestado que según el último informe del Consejo Escolar de Aragón, del curso 2010-2011, “datos que no han variado”, el 78 por ciento del alumnado extranjero está en centros públicos, el 20 en centros concertados y el dos por ciento en centros privados.

Además, el 67,7 por ciento de los escolares con necesidades de apoyo educativo se encuentran en la escuela pública en el caso de la ciudad de Zaragoza, y el 32,2 en la concertada; el 76,9 y el 23,1 por ciento, respectivamente, en Huesca capital, y el 71,8 y el 28,2, en la ciudad de Teruel.

Olalla se ha preguntado “por qué no se reparte de forma equitativa el alumnado” y por qué no se exige a los centros concertados “que el 20 por ciento más que reciben como pago delegado lo inviertan en atender las necesidades del alumnado y no sean los orientadores de los equipos que atienden a los centros públicos quienes tengan que acudir a los colegios concertados”.

La representante de CGT ha expuesto, igualmente, que ha habido reducción de programas y servicios en la escuela pública, que se han incrementado en la concertada. Concretamente, ha sostenido que el curso pasado había 50 programas educativos para 78 centros públicos y este curso hay 49 para 68 centros públicos y concertados.

Además, los auxiliares de conversación han pasado de estar en 58 centros públicos a 47 entre centros públicos y concertados y el precio mensual del comedor escolar ha aumentado este curso de 77 a 96 euros mensuales en centros públicos, mientras que en los concertados ha bajado de 140 a 104.

En materia presupuestaria, ha subrayado que el descenso en Infantil y Primaria en la escuela pública ha sido de 45 millones de euros, el 14,26 por ciento, y en la concertada de 162.000 euros, el 0,24; en Secundaria y FP, de 53 millones, el 14,44 por ciento, en la pública, y de un millón en la concertada, el 1,71 por ciento, en la concertada; y en educación especial, de cuatro millones y un millón, respectivamente, el 8,26 y dos por ciento.

 

Libertad de elección

El representante de Stea, Raúl Guerrero, ha indicado que si la educación privada se concertó en su momento para ser subsidiaria de la pública, con la futura LOMCE “va a ser al revés”, para opinar que la libertad de elección de centro “genera injusticia en el reparto de alumnos”.

Asimismo, ha alertado de que la futura ley generará “centros de élite y centros gueto, clasificará a centros de primera, segunda y tercera categoría, segregará por sexos y solo contempla la gratuidad en la educación obligatoria”, algo que podría suponer “incluso tener que pagar en los centros públicos”.

A este respecto, ha estimado que esta ley es un “intento de privatización” en el que “la batalla está perdida” para la escuela pública, puesto que esta última va a tener “centros públicos con una asignación anual limitada y cada vez más restringida” frente a los concertados, que junto a los conciertos “tienen otras vías de ingresos”.

El portavoz de Marea Verde, Alfonso Alegre, ha argumentado que la futura ley supondrá “la vuelva al adoctrinamiento” en la educación al hacer a la asignatura de Religión y la alternativa evaluables, además de que ha criticado la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Por otra parte, se eliminan las enseñanzas artísticas, tecnificadas y una de las dos asignaturas sobre economía, eliminado las materias “caras”, apostando por aquellas que se evalúan en el informe PISA —impidiendo una “educación integral”— y primando el “criterio ideológico”.

También ha rechazado la libre competencia entre centros porque “los centros concertados segregan y se quedan con una parte” del alumnado, aquel que tiene menos problemas, cuyos resultados van a ser mejores en las evaluaciones previstas, creando “centros elite y centros gueto”.

Alegre ha advertido de la “exclusión” del medio rural puesto que “no va a tener las mismas posibilidades un alumno de una escuela unitaria” rural frente a otro de un centros urbano para prepararse la evaluación prevista en tercero de Primaria.

Por su parte, la presidenta de MHUEL, Asunción Villaverde, ha asegurado que si bien su colectivo es “respetuoso con la creencia de todos”, ha defendido que la Religión “esté fuera de la escuela”, y que la enseñanza se base en “saberes y conocimientos, no en creencias o dogmas”.

MHUEL reclama de nuevo que las autoridades no participen en calidad de cargos públicos en los actos religiosos

ZARAGOZA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) ha reclamado de nuevo este lunes que las autoridades no participen en calidad de cargos públicos, sino como personas “privadas” si así lo desean, en los actos religiosos y procesiones de Semana Santa.

El vicepresidente de MHUEL, Jorge García González, ha recordado que el artículo 16.3 de la Constitución española “dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal” y los cargos públicos, como tal “y no como personas privadas, no deberían participar en estos actos” religiosos, porque “ese es el espíritu de la Constitución”, por lo que ha recalcado que “pensamos que los cargos públicos no deberían asistir a estos actos, ni a otros de otras religiones”.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de MHUEL ha apreciado que los actos y creencias religiosas, en el caso de autoridades, “se deben mantener en el ámbito íntimo” y “son muy respetables, porque hay libertad de culto y religión, pero el Estado debe ser neutral en materia religiosa”.

En todo caso, ha advertido de que desde este colectivo “no vamos en absoluto en contra de la Semana Santa católica, sino con que los cargos públicos participen en ella”, si bien este año no desarrollarán ningún acto de protesta ni manifestación durante la Semana Santa, como sí organizan con motivo de la procesión de San Valero o en el Día del Corpus Christi cuando la corporación municipal acompaña a la procesión.

Asimismo, García ha recordado que en MHUEL “estamos a la espera del fallo en segunda instancia judicial sobre el recurso” que el colectivo planteó por la presencia del crucifijo del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en el salón de plenos durante las sesiones.

El crucifijo “pasa de su despacho particular al salón de plenos”, ha recordado, al indicar que una primera sentencia “nos fue adversa y estamos esperando el recurso”. También desean que se modifique el reglamento de protocolo de la corporación municipal para que la corporación no asista, como tal, a las procesiones del Rosario de Cristal, San Valero o el Corpus.

Por último, MHUEL pide, en aplicación de los principios que inspiran el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, conocer “cuánto nos cuesta a los ciudadanos la Semana Santa, tanto en términos de los recursos a ella destinados –guardia urbana a servicios de limpieza– como el coste de oportunidad que supone para la comunidad el uso masivo y exclusivo de calles y plazas en detrimento de la actividad cotidiana”.