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Nota de Prensa de MHUEL en relación con el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo

El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.

Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.

Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.

1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.

No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.

2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”

Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.

Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.

Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.

Pederastas Distinguidos

 

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 ¿Somos todos iguales? Es una pregunta que nos repetimos con harta frecuencia y que es contestada con dificultad. Por más que desde los variopintos estamentos estatales intenten vendernos la burra de la igualdad de derechos de los españoles, se producen tantos casos de discriminación y desde tantos sectores discriminatorios, que cuesta trabajo creer que sea verdad la cacareada igualdad.
Los desgraciados sucesos del pederasta de Madrid, de Ciudad Lineal, parece que llegan a su final con la detención de un sospechoso que reúne indicios suficientes para su procesamiento, o eso parece. El presunto autor de los desmanes pedófilos ha sido identificado y prácticamente juzgado y condenado desde las tertulias y programas de cotilleos que asolan las televisiones. Los informativos nos han ofrecido escenas de su detención, sus datos, su rostro, su vida y milagros. Su imagen ha sido difundida con profusión en los canales televisivos.
Aun cuando la presunción de inocencia queda un tanto mal parada con tanto juzgado mediático, puede resultar conveniente que la sociedad identifique a los autores de delitos tan deleznables. Sería un tema interesante para debatir ¿Se puede fulminar la intimidad de un delincuente? Lo dejamos para otro día.
Ahora bien ¿Ha visto alguien la detención de un cura? ¿Se ha informado de los nombres, actuaciones y correrías de los curas de Granada? ¿Hacia dónde miraba la Conferencia Episcopal? ¿Qué pasará con los encubridores? ¿Porqué los medios de comunicación son tan reacios a identificarlos? ¿Hay que proteger la intimidad estos pederastas?
Hemos asistido al esperpento del arzobispo de Granada balbuceando una sarta de incongruencias para evitar reconocer que miró para otro lado.
Un señor, por llamarle de alguna forma, que patrocinó la edición del panfleto “Cásate y se sumisa”, que justificó los malos tratos a las mujeres que abortaran, que fletó autobuses para asistir a la marcha contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, se muestra compungido cuando le preguntan sobre las denuncias que se han interpuesto contra religiosos de su Archidiócesis por presuntos delitos de abusos reiterados a menores. El fingido dolor por los pecados ajenos no consigue camuflar su desidia para investigar las denuncias que recibía en el Palacio Episcopal.
No debemos olvidar que la mayor parte de los casos se produjeron bajo el reinado de Monseñor Rouco Varela valedor del Arzobispo de Granada y que, al igual que él, atacaba con inusitada dureza la unión matrimonial entre personas homosexuales y agitaba a las masas afines para laminar los derechos de las mujeres. Rouco, ese prócer tan preocupado por los que iban a nacer, miraba a las avutardas cuando sucedía un abuso sobre los que ya habían nacido.
El papa Francisco debe estar que trina, su granero de financiación corre serio riesgo de derrumbarse por los comportamientos de unos degenerados. Es gratificante ver que se muestra inflexible para atajar esa lacra dentro de su grey, pero ¿será capaz?
A los que tenemos pocas esperanzas de asistir al banquete reconciliador en el cuerpo místico (porque pensamos que la creencia en vidas imaginarias del más allá solo aporta miedo y sumisión) no nos consuela que el comportamiento de estos piadosos abusadores lo califiquen como pecado, no es suficiente. Nos gustaría que la justicia tuviera con los pederastas eclesiásticos la misma dureza que tiene con los pederastas civiles. Quizás la culpa de la discriminación de trato, policial, judicial e
informativo tengamos que achacarla al nefasto Concordato que hace de nuestra nación una franquicia del Estado Vaticano.