Los conciertos educativos o una forma de conculcar la libertad de conciencia

Es conocida la existencia de mecanismos de selección del alumnado con base en criterios económicos. El cobro de cuotas o la imposición de costes que sólo pueden ser asumidos por un grupo limitado de familias es algo más que una sospecha. No hay más que atender a los resultados de la Encuesta de Gastos en Educación que realiza el INE para comprobar su uso generalizado por parte de los centros de enseñanza concertada. Un instrumento ilegal pero tolerado.

No cabe esperar denuncia de quien pasa por el aro: tiene allí a sus hijos. Pero sí cabría exigir que la inspección educativa dedicara algún esfuerzo a detectar y denunciar esas prácticas irregulares. Otra cosa es que lo haga, pues la dirección política de la consejería de educación está en manos de personas con fuertes vinculaciones personales al sector de la educación privada.

El económico es el instrumento más burdo de selección. El ideológico es más refinado. Las estadísticas oficiales proporcionan serios indicios de que en los colegios privados concertados no se respeta, en la práctica, la libertad de conciencia. Véase el cuadro siguiente en donde figuran, para nuestra comunidad, los porcentajes de matrícula en la asignatura de religión según el tipo de centro y el nivel educativo.

Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2013

Corresponde al curso 2010-2011.

Es difícil de entender que, por ejemplo, en secundaria cursen religión católica casi el 100% de los estudiantes matriculados en centros privados concertados, cuando en los centros públicos no llega a uno de cada tres. El azar no puede explicar que los estudiantes que siguen “otras religiones”, aún siendo una minoría, estén repartidos con el sesgo en que lo están: una proporción de 20 a 1 en primaria. Es decir, hay 20 escolarizados en la pública por cada uno que lo está en la concertada.

Tras estos datos sólo cabe deducir que hay una exigencia por parte de los centros y una aceptación (o lo tomas o lo dejas) por parte de los padres. Es decir que el derecho a la libertad de conciencia que figura en la Constitución Española es conculcado sistemáticamente en los centros privados, que imponen sesgos ideológicos excluyentes con la cooperación necesaria de la administración pública que los está financiando.

Si esto ocurría con la LOE, la nueva ley educativa de consuno con la práctica de la administración del PP de potenciar la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública va a agravar todavía más el problema, haciendo que las solemnes declaraciones de derechos que se proclaman queden en papel mojado. Aquí sólo tienen derechos los de siempre. Tiene razón Julio Anguita cuando dice que la revolución de hoy pasa por exigir el cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos que aprobaron las Naciones Unidas en el ya lejano 1948.