El Ministerio de la Presidencia sacó ayer una nota de prensa informando del acuerdo alcanzado con representantes de confesiones minoritarias para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas.
La iniciativa que recoge la nota de prensa es puro marketing y muestra la cobardía del PSOE. Marketing porque, en lo sustancial, no altera el régimen fiscal existente. Tan sólo añade cuatro confesiones a las cuatro que tenían acuerdos previos. El sentido común nos dice que lo dejado de recaudar por esa nueva homologación será mínimo. Quizá una millonésima parte de lo que la Iglesia Católica se ahorra cada año por las exenciones fiscales que disfruta. Así pues, el único objetivo de este acuerdo es lavar la cara de una Conferencia Episcopal que, ahora sí, puede decir sin sonrojo que sus obligaciones fiscales son idénticas a cualquier otra confesión religiosa. Pura propaganda que olvida, por supuesto, que las cuantías implicadas son muy dispares, ya que si a una le eximen diez, a otra, mil millones.
Cobardía del PSOE porque ante los reclamos de la ciudadanía y de las corporaciones locales para que todos aporten al sostenimiento del Estado, de acuerdo a su capacidad como dicta la Constitución y se elimine la discriminación que hace que uno de los mayores (si no el mayor) propietarios de bienes inmuebles del país no tribute por su patrimonio, opta por evitar el enfrentamiento con el episcopado y, tras negociaciones opacas, extiende el privilegio al resto de las confesiones. Un comportamiento similar al seguido con las inmatriculaciones, en donde a pesar del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que emplazaba a recuperar el patrimonio usurpado, reuniones secretas con los obispos desembocaron en una suerte de amnistía registral, que deja en propiedad de la iglesia una gran parte del patrimonio histórico artístico, así como innumerables fincas e inmuebles, exentos de IBI y cuyos alquileres y rentas también escapan al impuesto de sociedades.
El Concordato con el Vaticano constituye la base en la que asientan las exenciones de la Iglesia. Pero es la Ley de Mecenazgo la que las ordena y canaliza, al equiparar a la Iglesia con entidades sin ánimo de lucro. Lo cierto es que, a pesar de que la existencia de voluntariosos cristianos de base que dedican tiempo y esfuerzo a la labor social, la Conferencia Episcopal Española es más una entidad sinónimo de lucro, siempre apegada al poder, que una ONG. Los obispos frecuentan más los registros de la propiedad y los despachos de los asesores fiscales y financieros que los comedores sociales.
El laicismo se basa en la autonomía e independencia entre el Estado y cualquier religión; también exige ausencia de discriminación, pero no sólo entre confesiones, también con los no creyentes. Si todas las personas físicas y jurídicas deben contribuir a la Hacienda Pública, de acuerdo a su capacidad, este acuerdo va en la dirección contraria al eximir a unas entidades privadas de contribuir al erario, sin más base que su naturaleza religiosa.
Además, hay opacidad y absoluta falta de transparencia. No existe una relación de inmuebles afectados ni parece haber voluntad política de elaborarla. El compromiso de confeccionar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica fue cumplido por el Gobierno parcialmente y a destiempo. Tan sólo alguna comunidad autónoma, como la Navarra, ha hecho público un listado de los inmuebles apropiados por sus obispados desde 1978. En Aragón, del cuatripartito tan sólo oímos el crí crí de los grillos en medio de su silencio. Sin eso, no hay conocimiento público de lo que las haciendas locales dejan de ingresar y, en consecuencia, cuánto debemos aportar los demás para suplir esa carencia.
En la nota de prensa se hace referencia al IBI que recae sobre inmuebles dedicados al culto; ocultando que, en la práctica, la mayoría de los bienes exentos son objeto de actividad económica o comercial abarcando hoteles, parkings, comercios, alquileres, etc. Así pues, las exenciones no solo erosionan el erario sino que también constituyen una competencia desleal frente a negocios que cumplen “religiosamente” con sus obligaciones fiscales.
En fin, la nota de prensa incorpora en la esquina superior derecha de cada página el mensaje publicitario “Gobernamos Contigo”. Pues no. Gobiernan sin nosotr@s. A nuestra espalda y sobre nuestra espalda. Contra nosotr@s. Las banderas laicistas que levantan en los Congresos las esconden cuando están en el Gobierno.
Cuánta razón tenía Javier Krahe: hombre blanco hablar con lengua de serpiente.