En MHUEL celebramos la derrota judicial de la ultraderecha en Bezas y reclamamos a los responsables de la Administración Autonómica que actúen sin demora en todas las cumbres de Aragón.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel inadmite el recurso presentado en marzo del año pasado por la formación de extrema derecha ante el acuerdo del Concejo Abierto turolense de aprobar el derribo por motivos de seguridad e impone las costas, confirmando que la retirada de la cruz es una decisión técnica y legítima de la Administración.
Desde el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) valoramos positivamente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que ha inadmitido los recursos presentados para paralizar el derribo de la cruz de Bezas, en la Sierra de Albarracín, imponiendo a VOX el pago de las costas procesales. La resolución judicial confirma que ni el partido político ni sus representantes tenían legitimación para cuestionar una decisión adoptada por el Gobierno de Aragón por motivos de seguridad pública.
El fallo judicial rechaza la personación de las tres partes demandantes: José Ignacio R. M. que, según el escrito, pertenece a Abogados Cristianos −como deja caer el juez en la sentencia− pero que se presenta como particular, el grupo político, VOX y el portavoz de esta formación en las Cortes, Alejandro Nolasco.
Esta sentencia despeja cualquier duda: la retirada de la cruz de Bezas no es un acto ideológico sino una obligación de la Administración para proteger la vida de las personas que trabajan y pasean en ese entorno.
La ultraderecha convirtió un informe técnico en una batalla cultural y ha pagado el coste, económico y político, de ese error de cálculo.
Una campaña con base constitucional y ambiental que MHUEL inició en marzo de 2025, tras conocerse la orden de derribo de la cruz de Bezas, para exigir la retirada de todos los símbolos religiosos ubicados en cumbres y espacios naturales públicos de Aragón y su sustitución por elementos neutros de señalización, como hitos de piedra tradicionales o puntos geodésicos.
Fundamentamos nuestra demanda en dos pilares: la seguridad —las estructuras metálicas en altura actúan como conductores de rayos, como ya demostró el incidente de septiembre de 2024 en Bezas— y el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de la Constitución Española.
Las montañas son patrimonio natural de toda la ciudadanía, creyente o no. No es razonable que espacios públicos financiados y gestionados por las administraciones alberguen símbolos que solo representan a una parte de la sociedad.
Desde MHUEL instamos a los responsables de la Administración Autonómica a retomar sin excusas el proceso de retirada de la cruz de Bezas y a extender el mismo criterio —seguridad, legalidad y respeto al principio de laicidad— al resto de estructuras religiosas instaladas en espacios naturales públicos de la comunidad.

El fallo abre una puerta y ahora le toca actuar a la Administración Autonómica. No hay recurso que valga, no hay legitimación política que ampare la inacción. La ley y los tribunales han hablado con claridad.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2025

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) manifiesta su rechazo frontal a la actuación musical de carácter confesional anunciada por el Ayuntamiento de Zaragoza para inaugurar las próximas Fiestas del Pilar.

El consistorio ha presentado un concierto religioso del sacerdote portugués conocido como Padre Guilherme, promovido por Vox y sufragado con 50.000 euros de dinero público. El evento, descrito como “actuación provida”, se celebrará el 3 de octubre en el escenario principal de la Fuente de Goya, el más grande de las fiestas.

Desde MHUEL denunciamos:
• Vulneración de la neutralidad institucional. El Ayuntamiento, como institución pública, no puede destinar recursos a promocionar actos confesionales de una religión concreta.
• Imposición ideológica. El concierto responde a una exigencia de un partido político en la negociación presupuestaria, no a la programación cultural ni al interés general.
• Uso partidista de las Fiestas del Pilar. Las fiestas deben ser un espacio de convivencia plural, no un escaparate de mensajes religiosos o de propaganda política.
• Desviación de fondos públicos. Se financia un acto evangelizador con cargo al presupuesto municipal, contradiciendo los principios constitucionales de aconfesionalidad.

MHUEL recuerda que el artículo 16.3 de la Constitución establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. La programación cultural municipal debe regirse por criterios de interés público, diversidad y respeto a la pluralidad de creencias y convicciones de los ciudadanos, no por imposiciones confesionales.

Por todo ello, exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza la retirada inmediata de este acto religioso de la programación oficial de las Fiestas del Pilar y reclamamos el estricto cumplimiento de la neutralidad institucional que corresponde a una administración pública en un Estado aconfesional.

PD: Mosén Ghuillerme es Capellán con el grado de Teniente Coronel en las fuerzas armadas portuguesas

El Ministerio de la Presidencia sacó ayer una nota de prensa informando del acuerdo alcanzado con representantes de confesiones minoritarias para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas.

La iniciativa que recoge la nota de prensa es puro marketing y muestra la cobardía del PSOE. Marketing porque, en lo sustancial, no altera el régimen fiscal existente. Tan sólo añade cuatro confesiones a las cuatro que tenían acuerdos previos. El sentido común nos dice que lo dejado de recaudar por esa nueva homologación será mínimo. Quizá una millonésima parte de lo que la Iglesia Católica se ahorra cada año por las exenciones fiscales que disfruta. Así pues, el único objetivo de este acuerdo es lavar la cara de una Conferencia Episcopal que, ahora sí, puede decir sin sonrojo que sus obligaciones fiscales son idénticas a cualquier otra confesión religiosa. Pura propaganda que olvida, por supuesto, que las cuantías implicadas son muy dispares, ya que si a una le eximen diez, a otra, mil millones.

Cobardía del PSOE porque ante los reclamos de la ciudadanía y de las corporaciones locales para que todos aporten al sostenimiento del Estado, de acuerdo a su capacidad como dicta la Constitución y se elimine la discriminación que hace que uno de los mayores (si no el mayor) propietarios de bienes inmuebles del país no tribute por su patrimonio, opta por evitar el enfrentamiento con el episcopado y, tras negociaciones opacas, extiende el privilegio al resto de las confesiones. Un comportamiento similar al seguido con las inmatriculaciones, en donde a pesar del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que emplazaba a recuperar el patrimonio usurpado, reuniones secretas con los obispos desembocaron en una suerte de amnistía registral, que deja en propiedad de la iglesia una gran parte del patrimonio histórico artístico, así como innumerables fincas e inmuebles, exentos de IBI y cuyos alquileres y rentas también escapan al impuesto de sociedades.

El Concordato con el Vaticano constituye la base en la que asientan las exenciones de la Iglesia. Pero es la Ley de Mecenazgo la que las ordena y canaliza, al equiparar a la Iglesia con entidades sin ánimo de lucro. Lo cierto es que, a pesar de que la existencia de voluntariosos cristianos de base que dedican tiempo y esfuerzo a la labor social, la Conferencia Episcopal Española es más una entidad sinónimo de lucro, siempre apegada al poder, que una ONG. Los obispos frecuentan más los registros de la propiedad y los despachos de los asesores fiscales y financieros que los comedores sociales.

El laicismo se basa en la autonomía e independencia entre el Estado y cualquier religión; también exige ausencia de discriminación, pero no sólo entre confesiones, también con los no creyentes. Si todas las personas físicas y jurídicas deben contribuir a la Hacienda Pública, de acuerdo a su capacidad, este acuerdo va en la dirección contraria al eximir a unas entidades privadas de contribuir al erario, sin más base que su naturaleza religiosa.

Además, hay opacidad y absoluta falta de transparencia. No existe una relación de inmuebles afectados ni parece haber voluntad política de elaborarla. El compromiso de confeccionar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica fue cumplido por el Gobierno parcialmente y a destiempo. Tan sólo alguna comunidad autónoma, como la Navarra, ha hecho público un listado de los inmuebles apropiados por sus obispados desde 1978. En Aragón, del cuatripartito tan sólo oímos el crí crí de los grillos en medio de su silencio. Sin eso, no hay conocimiento público de lo que las haciendas locales dejan de ingresar y, en consecuencia, cuánto debemos aportar los demás para suplir esa carencia.

En la nota de prensa se hace referencia al IBI que recae sobre inmuebles dedicados al culto; ocultando que, en la práctica, la mayoría de los bienes exentos son objeto de actividad económica o comercial abarcando hoteles, parkings, comercios, alquileres, etc. Así pues, las exenciones no solo erosionan el erario sino que también constituyen una competencia desleal frente a negocios que cumplen “religiosamente” con sus obligaciones fiscales.

En fin, la nota de prensa incorpora en la esquina superior derecha de cada página el mensaje publicitario “Gobernamos Contigo”. Pues no. Gobiernan sin nosotr@s. A nuestra espalda y sobre nuestra espalda. Contra nosotr@s. Las banderas laicistas que levantan en los Congresos las esconden cuando están en el Gobierno.

Cuánta razón tenía Javier Krahe: hombre blanco hablar con lengua de serpiente.