El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.
Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.
Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.
1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.
No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.
2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”
Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.
Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.
Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.
