Texto para la Moción de urgencia que presenta CHA solicitando la dimisión del Delegado del Gobierno
Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer la invitación del partido Chunta Aragonesista por la oportunidad que nos ha brindado para comparecer en este Pleno.
Desde la Asociación Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) nos adherimos a la reprobación al Delegado del Gobierno en Aragón, Sr. Gustavo Alcalde al que se solicita que presente su dimisión, en esta moción de urgencia.
Recordamos que no es la primera vez que se solicita su cese o dimisión, la población aragonesa se ha visto obligada a movilizarse en varias ocasiones contra las actuaciones de este Delegado del Gobierno por el recorte de derechos y libertades.
En estas movilizaciones se han plasmado repetidas peticiones de dimisión y cese de sus funciones y no de forma caprichosa, sino porque han sido cercenados los derechos fundamentales de libre expresión, opinión, concentración y manifestación.
Así lo confirman las 4 sentencias en firme del TSJA que rectifican disposiciones del Sr. Gustavo Alcalde por vulneración de derechos fundamentales.
Una sentencia a favor de la Asociación Movimiento Hacia Un Estado Laico, a la que represento, dos a favor del colectivo en representación de Marea Ciudadana compuesta por más de 60 colectivos sociales y una a favor del Sindicato Unificado de Policía. Todo ello ya constituiría por sí mismo una razón de peso más que suficiente para NO ostentar el cargo que ocupa.
Por lo tanto no debe escudarse diciendo que “es objeto de un furibundo ataque perfectamente coordinado por parte de cinco fuerzas políticas”.
Resulta verdaderamente deplorable que los administrados tengan que utilizar su tiempo y sus recursos económicos para defenderse de las medidas arbitrarias que se dictan desde la Administración. Una de las Instituciones (Delegación del Gobierno) cuya principal función radica en defender la legalidad vigente, atesora en su currículo sentencias varias por conculcar derechos de los ciudadanos contemplados en la ley. Pero no son los abusos pasados lo que nos ha traído hoy aquí.
La razón por la que intervenimos en este pleno es por su ineficacia e incompetencia en la actuación del último caso de violencia machista cometido en nuestra ciudad.
Desde que tomó posesión de su cargo, Gustavo Alcalde ha utilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma sectaria y partidista, como guardia personal al servicio de su partido político, en lugar de ponerlos al servicio de la ciudadanía.
Tenemos un Delegado del Gobierno que lejos de proteger los derechos y la integridad de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos, realiza un desproporcionado despliegue policial para blindar férreamente el domicilio particular de la anterior Consejera de Educación y compañera de Partido ya que al parecer la Sra. Serrat que se sintió amenazada por unos inofensivos cacharros de plástico atados a una farola.
Nos vemos en la obligación de señalar la diferencia que existe en el trato que El Sr. delegado del Gobierno exhibe a la hora de impedir y modificar con gran diligencia manifestaciones pacíficas, sancionar y detener personas que en su legítimo derecho se expresan libremente; en contraposición con la tibieza mostrada respecto a otras acciones que han dado lugar a situaciones vergonzosas, protagonizadas por grupos radicales con los cuales demuestra una sospechosa permisividad.
Queremos creer que no lo hace por cercanía ideológica con estos colectivos vinculados con movimientos de extrema derecha.
El Sr Gustavo Alcalde luce un extenso y lastimoso historial en:
aperturas de expedientes sancionadores a manifestantes pacíficos, a estudiantes en protestas estudiantiles contra los recortes educativos, a personas en paro que protestan contra los recortes de las ayudas y alquileres sociales; detención a un maestro de Marea Verde en la huelga de Educación; juicio de faltas y apertura de diligencias a una Asociación Vecinal, a los vecinos por entregar un escrito en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; Imputación por alteración de orden público de 8 personas que participaron en la concentración pacífica en Artieda contra la expropiación de tierras para el recrecimiento de Yesa.
Todo esto contrasta de forma alarmante con la lasitud mostrada frente a un caso de violencia machista.
El Señor Gustavo Alcalde es el mismo Delegado que blindaba de policía el barrio de la Magdalena cuando había manifestaciones sin ningún tipo de riesgo, provocando con su alarde de fuerza, altercados y atropellos de las fuerzas de seguridad. Es el mismo que superprotege la Sede de su Partido al tiempo que ningunea el riesgo de una mujer amenazada de muerte, e incluso da a entender que la culpable es ella por ¡no haber avisado que su asesino podía volver a Zaragoza!
Al parecer este señor no encontró indicios suficientes para proporcionar a la mujer, finalmente asesinada, ninguna medida de protección.
La misma persona que obviaba la protección a una víctima de violencia machista y que no nos olvidemos (había denunciado a su agresor) es quien que el mes pasado sobreprotegió a sus compañeros de Partido en una concentración pacífica de ciudadanos, comunicada en plazo a Delegación de Gobierno y que legítimamente se manifiestan (ante los ediles) desde hace 7 años sin que haya habido nunca el más mínimo altercado. Suponemos que la ostentación de fuerza ante los concentrados sería para ganar puntos ante sus superiores eclesiásticos. Otros motivos no encontramos.
Es el momento de preguntarnos cuál es el criterio de la Delegación de Gobierno a la hora de conceder protección a las personas y qué personas decide proteger.
Es innegable que se ha cometido un error en la calificación de riesgo mínimo para la víctima, un fallo incuestionable en la protección que debía haber tenido y por último un insulto del responsable de “su” Seguridad culpabilizándola de su muerte.
Decir como dijo: «lo lógico en estos casos es que si la víctima hubiera detectado que el agresor podía venir a Zaragoza, lo hubiera comunicado a la Policía” es incalificable.
No señor Delegado, no hace falta ser muy avispado para saber que los 400 Km que separaban a la víctima de su asesino hoy en día no es distancia que sirva de argumento como para privar a una mujer amenazada y en indudable peligro de muerte de la protección a la que tiene derecho.
El Sr. Gustavo Alcalde no supo ver lo que calificaríamos como Crónica de una muerte anunciada. La ciudadanía no puede soportar más estas negligencias en quienes se supone que son nuestros elegidos para dirigir las Instituciones y que tienen la obligación de protegernos porque en ellos choca aún más, si cabe, la despreocupación exhibida ante un caso de violencia machista.
Lejos de asumir sus responsabilidades el Delegado del Gobierno y el Ministro del Interior en funciones nos obsequiaron el pasado 23F con una estampa digna de otros tiempos donde se profirieron unas impropias declaraciones de un funcionario público que debería estar al de servicio de sus ciudadanos.
Ni las mujeres, ni la sociedad aragonesa en su conjunto se merecen este Delegado del Gobierno que ha demostrado no tener ninguna sensibilidad ante unos hechos que han ocasionado un fatal desenlace.
Comprendemos que es necesario revisar los protocolos policiales de actuación ante la violencia machista para que no se vuelva a dar un caso como el de nuestra convecina Soraya Gutiérrez.
Aunque está abierta la investigación judicial, políticamente el «responsable último» del fallo de los protocolos de protección es el Delegado del Gobierno.
Por tanto solicitamos al actual Delegado del Gobierno que por dejación en sus funciones, por su irresponsabilidad política y por decencia personal tome la decisión de dimitir.
Puesto que albergamos escasas esperanzas en la reconversión del Delegado levantamos nuestra voz para que se oiga en el foro oportuno y el responsable de su nombramiento le cese por incapaz y por sus deplorables e inadmisibles declaraciones.
Muchas gracias por su atención.
