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MHUEL colabora en la presentación de numerosas solicitudes de apostasía en el arzobispado de Zaragoza

La definición de Apostatar, según la RAE, es: “dicho de una persona, abandonar públicamente su religión”. Son sus sinónimos: abjurar, renegar y retractarse.


En MHUEL hemos propiciado la apostasía colectiva de socias y socios, simpatizantes y personas de nuestro entorno que desean llevar a cabo dicho abandono y les hemos asesorado y acompañado en un camino que no es cómodo. Y seguiremos haciéndolo.


En la diócesis de Zaragoza, para apostatar es necesario enviar una solicitud, la partida de bautismo, y la copia del DNI como primer paso. Después, es necesario firmar ante notario, o ante el secretario-canciller, de manera presencial, que se comprenden y se asumen las consecuencias de nuestro abandono y renuncia a la fe católica. Hecho lo anterior, simplemente anotan en el margen libro correspondiente el abandono. Nada más y nada menos. Un trámite mucho más costoso que el del bautismo, en el que no se nos consulta (somos bebés¡¡) y que nos deja, según la doctrina católica, una marca imborrable, ya que supone abrazar la fe católica, como si una criatura de días o meses supiera algo de marcas imborrables. Pero casi peor es pensar cuál es el motivo mismo del bautismo, que tiene que ver con un supuesto “pecado original”. ¿Pero quién puede pensar que un bebé llega al mundo con nada menos que un pecado? Apostatar es, simplemente, conseguir una anotación en el margen de un libro. Pero es suficiente para las personas que, por diferentes motivos, toman la decisión.


Desde luego, el principal motivo es no querer pertenecer a una ¿institución? ¿asociación? ¿empresa? ¿estado Vaticano? ¿ente? que tiene actitudes misóginas, homófobas, oculta los casos de pederastia y bendice la pobreza mientras hace negocios millonarios con la educación, con la sanidad, y también mediante las inmatriculaciones de bienes que ha puesto a su nombre y que luego vende a precio de mercado. Por supuesto, no paga impuestos y se permite influir en la vida política del país. Siempre a mano derecha.


El hacerlo de manera colectiva nos anima y nos protege. Más de 70 personas lo vamos a hacer y el día 13 de Mayo se hará un acto simbólico frente al arzobispado para visibilizarlo. Nos anima porque es un camino que mucha gente quiere tomar, pero no se puede hacer click en un botón y hacer la solicitud de darse de baja. Ver a otras personas haciendo lo mismo y sentir la compañía de un grupo que piensa parecido anima, claro. Y nos protege, porque para emprender este acto de abandono, y culminarlo, necesitamos un escudo protector. En este país, apostatar es un acto de valentía. Gente cercana nunca sabrá la decisión tomada, y, en un sitio pequeño, es preferible que no se sepa que eres “la apóstata” o “el apóstata” del lugar. No está bien visto.


En MHUEL apoyamos y apoyaremos acompañando y asesorando a todas las personas que deseen apostatar, como acto de dignidad y de libertad de conciencia de cada cual.

Jornada en el Congreso: «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado»

El próximo día 8 de abril, acogidos por el G.P. Plurinacional SUMAR, la Coordinadora RECUPERANDO presentará en el Congreso de los Diputados una Jornada titulada: «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado».

La Jornada se celebrará, a las 16:00 horas, en la Sala Clara Campoamor del Congreso y constará de dos mesas.

Mesa 1: Revertir las inmatriculaciones de la iglesia, una herida abierta en nuestra democracia
– Asunción Villaverde (Europa Laica – moderadora)
– Antonio Manuel Rodríguez (profesor de derecho civil)
– Cristina Contreras (RECUPERANDO – Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, abogada)
– Nahuel González (diputada GP Plurinacional Sumar – comisión de Cultura)

Mesa 2: Protección y Gestión Democrática del Patrimonio Cultural, una exigencia ineludible
– Miguel Santiago (Plataforma Mezquita Cordoba, profesor)
– José Castillo (catedrático de Historia del Arte)
– Belén Boloqui (APUDEPA – Aragón, catedrática de Historia del Arte)
– Julia Boada (diputada GP Plurinacional Sumar)

El objetivo que nos planteamos con este acto es doble:

Por una parte, dar a conocer a los/as diputados/as asistentes y al público general cosas que, aunque a nosotros nos parecen obvias, en ocasiones parece que se olvidan o se quieren olvidar.

A) Las Inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica en España, al amparo de una simple certificación eclesiástica, son un auténtico expolio patrimonial. Tanto por su cantidad (estimamos que más de 100.000 bienes inmatriculados) como por su calidad (más del 80% del patrimonio cultural español ha quedado en manos de una entidad particular, la iglesia católica), debe de considerarse una «cuestión de estado» cuya resolución no puede quedar al albur ni a la buena voluntad de particulares, ayuntamientos o incluso gobiernos autonómicos.

B) Además, lejos de tratarse de un tema «cerrado» como afirmaba recientemente Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se trata de un tema en el que ni siquiera se ha llegado a conocer cuántas y cuáles has sido las inmatriculaciones realizadas; lo que sería, simplemente, una cuestión de transparencia democrática. Y no se ha avanzado un ápice en la reversión de las inmatriculaciones realizadas mediante este mecanismo, tan perverso que incluso ha sido duramente criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso mantenemos, como se indica en el título de la primera mesa, que aún se trata de «una herida abierta en nuestra democracia».

Por otra parte, realizar propuestas. Desde la primera mesa se presentarán propuestas para la reversión y catalogación de bienes inmatriculados por la Iglesia; desde la segunda mesa se presentarán propuestas para la modificación legislativa del modelo de gestión del patrimonio cultural. Todo ello se integrará en un documento que, con el título de la Jornada «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural. Una cuestión de estado», se entregará al finalizar el acto a diputados/as y público asistente.

Recordamos a quienes aún no se hayan inscrito y deseen acudir que para la entrada al Congreso en necesario enviar previamente nombre completo y DNI a la dirección de correo indicada en el cartel anunciador.

Agradeceríamos su colaboración en la difusión de este acto y su correspondiente cartel.

Ejecutiva RECUPERANDO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Coordinadora Estatal para la Recuperación
del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica .

Nota de Prensa de MHUEL en relación con el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo

El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.

Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.

Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.

1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.

No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.

2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”

Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.

Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.

Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.