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Intervención de MHUEL como integrante del grupo contra los conciertos educativos (integrado por CGT, STEA, IU, CHA y MHUEL) ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, el 23-9-2014.
Por Pedro García Castrillo.
A los partidos políticos se les conoce mejor revisando lo que gastan que escuchando lo que dicen.
Por eso, para conocer su política educativa hemos acudido al presupuesto. Queríamos saber si el trato de la pública y la concertada era similar. La respuesta es obvia si se atiende a los datos expuestos por la compañera de CGT, Teresa Olalla, pero la valoración económica es ineludible. Para ello, hemos elegido dos grandes bloques. Uno, el de infantil y primaria. Otro, el de Secundaria y FP. Dentro de cada uno, hemos centrado la atención en las partidas esenciales. Para la pública, los gastos de personal y el capítulo de gastos en centros docentes. Para la concertada el 480 de transferencias.
Sabemos que las preferencias políticas se expresan en el presupuesto. Pero que la realidad, a veces tozuda, impone restricciones. Por eso, usamos las cifras de lo ejecutado entre 2011 y 2013 para hablar de sus hechos y las del presupuesto hasta 2014 para referirnos a sus intenciones.
En infantil y primaria
Comencemos con la pública. Han reducido un 12.1% el gasto de personal y un 32.4% el de funcionamiento de centros. Como les ha debido parecer poco, este curso han previsto un recorte adicional del 9.4% en personal y del 40.3% en centros sobre el ejecutado del año pasado.
No sabemos si lo lograrán. Lo que si sabemos es que la asignación a la concertada la han reducido tan sólo un 1.5% en 3 años.
La diferencia es palmaria.
Pero se hace más llamativa cuando se tiene en cuenta el cambio en el número de estudiantes de ambas redes. Usando los datos del IAEST, en los tres últimos años, el número de estudiantes de primaria de la red pública ha crecido un 1.68% y en la concertada se ha reducido en un 1.65%. Bajo esos parámetros, la asignación por estudiante en la concertada habría crecido ligeramente.
La diferencia entre el presupuesto de este año y el de 2011 muestra su objetivo: Pretendían reducir 57 millones en la pública y algo menos de 1 en la privada. Dividido por el promedio de la matrícula de los 3 últimos cursos se obtiene una cifra más significativa. Se pretendía sisar 675 euros a cada chaval de la pública y 30.5 al de la concertada. La realidad ha torcido algo sus pretensiones. De momento, a cada chaval de la pública le han birlado 407 y al de la concertada sólo 35 (12 veces menos)
Pasemos a la Educación Secundaria y formación profesional.
En la pública han reducido el gasto de personal en un 14.4% y el de funcionamiento de centros en un 28.1%. Y aun pretenden recortar un 6.7% en Personal y un 4% en Centros.
¿En la concertada? Prácticamente nada. Reducción del 1.1% en tres años.
Pero aquí la discriminación se hace mucho más evidente cuando se atiende al número de estudiantes. La matrícula de secundaria, FP y PCPI en la pública ha crecido un 4.2%. En la concertada ha bajado un 3.2%.
En consecuencia, si la asignación global a la concertada cae un 1.1% y su matrícula un 3.2%, la asignación por estudiante habrá crecido alrededor de un 2.1%. No es una opinión nuestra, son sus datos.
El ejercicio de preferencias y realidades para secundaria nos dice que ustedes habían programado eliminar 73 millones de euros de la pública. Es decir, pretendían sustraerle a las familias 1618 euros por cada chaval. No han salido las cosas como querían, pero aún así les han despojado de 1075.
A la concertada, nada. Queda claro pues, que en el caso de la concertada no tienen ustedes problemas con el dinero.
¿Será eficiencia?
El reglamento de conciertos establece una ratio mínima de alumnos fijada por la administración cada año. Es una exigencia para el concierto y su incumplimiento causa de rescisión. Pues bien, raro es encontrar rescisiones de conciertos por esta causa. El 31 de octubre pasado, siete resoluciones cerraron aulas vacías en varios centros, cuando nosotros habíamos comenzado a denunciarlo públicamente. Bien, pero tarde y a remolque. E insuficiente.
Ahora mismo, y a consecuencia de la denuncia de las familias de Jaca que quedaban sin la escuela pública que pedían, hemos revisado los datos de escolarización en la localidad. ¿Resultado? Con datos de inicio del curso pasado (2013-14), el colegio de las Escuelas Pías de Jaca, no cumplía la ratio mínima ni en segundo ciclo de infantil, ni en primaria. Intuimos, por la inercia de los datos, que tampoco se cumpliría en el curso anterior 2012/13. De hecho, en ese curso ya tenía una aula vacía en Infantil. En el 2013-14 serían dos y para este, puede sumarse otra. Obviamente, las aulas vacías se propagan a primaria. Pero es que, en primaria, con datos del 13-14 tampoco se cumple la ratio mínima. Aún así, la Consejería, que seguro que está al tanto de la situación, renovó el concierto por cuatro años en julio de 2013.
Y lo que es más grave: hay familias que no quieren llevar a sus hijos a un centro religioso y se ven forzadas a llevarlos donde ustedes les imponen o a dejar a sus hijos sin escolarizar.
Están ustedes pagando un aula vacía, regalando el dinero público a una entidad privada, cuando lo justo sería usarlo en escolarizar a esos críos donde sus familias quieren, abriendo una clase nueva en los públicos de la zona. Se puede. Pero no quieren.
En lugar de eso, ustedes, desde la consejería, están acarreando parroquianos a un negocio privado. No nos atrevemos a ponerle adjetivo jurídico a ese actuación. Pero no nos huele nada bien.
El asunto nos sirve para poner sobre el tapete dos cuestiones en las que el control de la administración deja mucho que desear.
La primera. En la firma de los conciertos queda claro (cláusula 5) que las enseñanzas han de ser gratuitas, que el titular no puede percibir contrapartidas disfrazadas de pagos a fundaciones o derivadas de servicios que, en la práctica, se convierten en obligatorios. El INE, en su encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación, concluye que el coste de la privada concertada viene a ser más del doble de la pública. Hace unos días, hasta la patronal de colegios privados de Madrid denunciaba esta doble financiación (el País 16-9). Aquí, a poco que rasquen, encuentran. Pero no quieren rascar.
Es un copago. Es un mecanismo de selección y segregación de tipo económico. Pero también es una ilegalidad. Y las leyes están para cumplirse. ¿O no? ¿O la vigilancia y el control la dedican sólo a otras cosas?
La segunda. El artículo 52 de la LODE, establece que la enseñanza deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia y que toda práctica confesional tendrá carácter voluntario. Les invito a mirar las estadísticas oficiales sobre elección de enseñanza religiosa en Aragón.
Es difícil de explicar que los estudiantes que siguen “otras religiones”, aún siendo una minoría, no estén repartidos con una cierta homogeneidad. En primaria, la proporción es de 20 a 1. Es decir, 20 están en la pública por cada uno que lo está en la concertada.
Es difícil de entender que, por ejemplo, en secundaria prácticamente el 100% de los estudiantes de privados concertados sigan la asignatura de religión católica, cuando en los centros públicos no llega a uno de cada tres.
La única explicación posible pasa por una exigencia o una imposición por parte de los centros y una aceptación por parte de los padres (o lo tomas o lo dejas). Bajo el bonito nombre de “libertad de enseñanza” o “derecho de los padres a elegir centro” está el derecho de los centros a elegir niños. Y la falta de respeto de la libertad de conciencia que la Constitución consagra.
Nosotros pensamos que los fondos públicos no deben servir para sostener centros que imponen sesgos ideológicos excluyentes, que no respetan la libertad de conciencia.
Nosotros no somos partidarios de los conciertos educativos. Seguramente no podremos convencerles de que los supriman. Pero al menos sí podemos exigirles que sean respetuosos con sus propias leyes, a la vez que denunciamos la diferencia de trato.
Se han cubierto con la manta de la reducción del déficit, tratando de ocultar que sus recortes se han cebado en unos grupos sociales y han dejado a salvo a otros. No gobiernan al servicio de todos. Gobiernan al servicio de su clase social. Pusieron al frente de la Dirección General de Política Educativa al Sr. Magdaleno que era el director de uno de los mayores centros privados concertados de Aragón. Y colocaron de Secretario General Técnico a un señor que comparte apellidos con quien ocupa la plaza que dejó vacante el Sr. Magdaleno en la privada. Es normal que defiendan aquello que representan. Nosotros también. Somos pueblo y defendemos nuestra escuela: la pública.
