Tras más de dos años sin tener presencia en la calle, las gentes de MHUEL junto con las de APUDEPA (ambos integrantes de Recuperando) nos movilizamos ayer en demanda de la reversión de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica. No estuvimos todos los que desearíamos y necesitamos para oponer la fuerza de la ciudadanía al cabildeo del Gobierno con la Conferencia Episcopal pero la participación fue significativa, considerando el horario de la convocatoria.
El día de ayer constituye un hito en la movilización y el trabajo conjunto de las organizaciones que integramos la coordinadora Recuperando ya que se realizaron concentraciones en más de veinte ciudades.
Sabemos que la organización y el trabajo es el único camino y esa senda la hemos de recorrer colectivamente.
El 16 de febrero del año pasado, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles. De hecho Recuperando había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017.
No obstante, esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites:
• Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.
• Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.
• Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
• Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.
Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?
Exigimos información detallada de las inmatriculaciones realizadas desde 1946.
Reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida.
Reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
El Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados pro la jerarquía católica.
Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil; son cien mil..
Nos hemos dirigido a siete ministros de Pedro Sánchez (Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop) solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas. Ninguno/a de ellos/as ha tenido interés en conocerlas. Debido a este evidente agravio en el tratamiento privilegiado a la Iglesia católica y desdeñoso con las organizaciones ciudadanas, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas.
Si el Gobierno de coalición no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
Por ello, hemos vuelto a convocar concentraciones en distintas localidades para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público.
