Buenos días, Sr. Alcalde, señores concejales, corporación municipal, señoras y señores:

Tengo la oportunidad de dirigirme a este pleno municipal gracias a la generosidad de los grupos  de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que han cedido 5 minutos de su valioso tiempo a la asociación Movimiento Hacia un estado Laico, (MHUEL).

Los objetivos de esta Asociación son alcanzar la efectiva y real aconfesionalidad del Estado, separando la religión y cuanto la rodea de los poderes y actos públicos

La asociación  MHUEL, de carácter laico, pretende ser garante de la libertad de conciencia y por ello realiza una defensa a ultranza de todos los derechos, individuales y colectivos, sin discriminación por razones de sexo, razas, creencia, opinión y condición, tal y como recoge nuestra Constitución..

MHUEL comparece en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos para solicitar a esta corporación Municipal que se adhiera a la petición de reprobación del Sr. Delegado del Gobierno en Aragón, instando al Sr. Delegado  a presentar su dimisión, y si esta no se produce, solicitar al Gobierno de España que proceda al cese del Sr. Gustavo Alcalde y de todo su equipo.

“La libertad que concede el Articulo 21 de la Constitución española de 1978, no es solo el de manifestarse, sino de manifestarse donde cada uno quiere, con el único límite del orden público.

Se trata de un derecho de libertad que si se comienza a regular demasiado se acabará con el.

Por eso la Constitución no lo hace depender de una autorización previa de la administración, porque si lo hiciese seria un derecho prestado, concedido, pero no un derecho fundamental”.

Tal y como nos ilustra el catedrático de derecho constitucional Sr. Solozábal.

La Delegación del Gobierno está dando un lamentable espectáculo de prohibiciones y recortes de derechos y libertades, que sistemáticamente desembocan en una desproporcionada actuación policial, auspiciada por la incompetencia y la desfachatez de quien les dirige, El Sr. Delegado del Gobierno en Aragón.

Hace días que su gestión y sus métodos están siendo cuestionados por una gran mayoría social.

Prohibiciones, multas, detenciones, identificaciones,… se vienen dando de forma sistemática., debido a que el Delegado del Gobierno, olvida con excesiva frecuencia, que la figura que ostenta, debe ser garante de los derechos y libertades ciudadanas.

Por este motivo el ciudadano se ve abocado a la defensa de sus derechos ante los tribunales, dado que quien debería garantizar el libre ejercicio de los mismos se dedica a pisotearlos, como así recogen múltiples sentencias al respecto.

Ayer mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fallo nuevamente en contra de una resolución del Sr. Delegado, por la que coartaba el derecho de manifestación, utilizando para ello, como único argumento sus personales criterios de aprovechamiento de oportunidad política.

No es la primera vez, esta Asociación ha tenido que recurrir a los tribunales de Justicia en varias ocasiones por haber sido atropellados sus derechos fundamentales.

Son ya numerosas las veces en las que disposiciones del Delegado son enmendadas por los tribunales.

Antes que algún perspicaz acolito nos diga que también hay sentencias a favor de las actuaciones del Delegado, les diré que NO ES un merito que un representante público cumpla con la ley.  NO ES NADA MERITORIO CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN.

En cambio, es un demerito no hacerlo, y no hacerlo de forma ocasional podríamos considerarlo un error, incumplir con sus deberes de forma habitual y tener que ser corregido en los tribunales es:

Incompetencia o maldad.

Queremos recordar  que la autoridad Gubernativa tiene el deber de proteger el ejercicio del derecho de reunión, manifestación y asociación, frente a quienes traten de impedirlo, perturbarlo, o menoscabarlo.

¿Cuántas veces tiene un Juez que revocar una instrucción del Delegado del gobierno para que quien le nombra y apoya se de cuenta de que no está capacitado para el cargo?

¿Cuánto capital público debe de ser derrochado en el pago a letrados del estado, en la defensa de causas torticeras e injustas para que el Delegado del Gobierno dimita?

¿Cuánto dinero y recursos nos tenemos que gastar los ciudadanos en la defensa de nuestros derechos para que sea cesado, o dimita?

Desde MHUEL hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos que componen la Corporación Municipal para que los cargos públicos de nuestra ciudad y comunidad autónoma sean ocupados por personas que como mínimo estén dispuestas a respetar las leyes que entre todos nos hemos dado.

Los ciudadanos de Zaragoza y Aragón no merecemos políticos que actúen con responsabilidad y por ello exigimos la dimisión del Delegado del Gobierno y de todo su equipo.

Muchas gracias