La política educativa del Gobierno del PP en el Estado español y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está provocando un desmantelamiento de la Educación Pública, en beneficio de la educación privada concertada.

Bajo la consigna de “libertad de elección de centro” y de que todos son centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada, y por ello tienen los mismos derechos, están concediendo toda clase de prebendas a los centros privados concertados:

Les  conceden programas que hasta ahora eran casi exclusivos de los centros públicos y que les daba a éstos un  prestigio ganado por el trabajo de los docentes y de la comunidad educativa: bilingüismo, auxiliares de conversación, escuela 2.0, Formación Profesional a distancia…

Se les mantienen conciertos con un número de alumnos inferior a la ratio establecida en BOA para su concesión, incluso se les mantienen conciertos con aulas vacías.

Se conciertan ciclos formativos con fundaciones que ni siquiera son centros educativos: como la Fundación laboral, Centro de Formación Profesional Arsenio Jimeno o la Academia Artemis.

Se mantienen y renuevan ciclos formativos  de grado superior (enseñanza no obligatoria)  en academias privadas: Academia izquierdo o Academia Marco, entre otras)

Se equipara el precio de los comedores escolares (para que no haya discriminación), suprimiendo la subvención a los comedores de los centros públicos, en los que aumenta considerablemente el precio del menú.

En contraposición, se suprime el Primer Ciclo de la ESO en todos los centros públicos de primaria en los que se imparte, condenando al alumnado a recorrer rutas  (en algunos casos de  montaña) de más de una hora  de duración y condenando a las zonas rurales a desaparecer.

Suprimen trece  ciclos formativos de grado superior, la mayoría en la zona rural, obligando al alumnado a desplazarse para acceder a los estudios o a  abandonar su formación.

Cuando hay demanda de plazas en los centros privados crean las unidades que hagan falta, como es el caso de colegio Teresianas, en el que se creó una unidad el curso pasado y que en este curso, que hay más oferta que demanda, no la suprimen de allí, sino que la suprimen del colegio público Octavus de Utebo.

Este curso han dejado fuera en Zaragoza capital a 20 alumnos y alumnas del colegio Tenerías y a 37 del colegio Rosales del Canal, enviando a éstas últimas a cuatro kilómetros de su casa sin transporte ni comedor.

¿Dónde está en todos estos casos la libertad de elección de centros?

¿Qué libertad de elección tienen las familias y el alumnado de los pueblos en los que se suprime diferentes enseñanzas y opciones educativas?

¿Qué derecho a la libertad de elección de centro tienen las familias de los centros rurales a los que se les cierra la escuela o suprimen unidades y profesorado?

Las personas de las zonas rurales pagan los mismos impuestos, les descuentan el mismo IRPF y pagan el mismo IVA que los demás y solo piden que se les deje el poco servicio educativo que tienen: su escuela, el primer ciclo de la ESO o los ciclos de FP.

No tienen derecho a elegir centro educativo, porque no hay. Sólo exigen que les respeten  el derecho a la educación en su localidad.

Las medidas de recorte aplicadas en Educación no son “reajustes”, son recortes ideológicos, favoreciendo a los centros privados y confesionales. Las familias que optan por estos centros sí ejercen el derecho a elegirlos.

No se pueden justificar bajo el lema de la libertad de elección las actuaciones de privatización y de privilegios.

Las concertaciones de la  enseñanza privada deben  ir desapareciendo progresivamente y no se deben renovar, ni ampliar un solo concierto en las enseñanzas no obligatorias.

Las familias podrán seguir eligiendo entre un  “Centro Público, Laico, Gratuito y Universal” o un Centro Privado bilingüe y/o confesional si quieren, pero en este caso, que se lo paguen.

Teresa Olalla (Secretaria de organización de CGT Enseñanza)