El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.
Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.
Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.
1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.
No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.
2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”
Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.
Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.
Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.
Para el próximo día 28 os convocamos a las 12.30 a la explanada del Pignatelli para sacar los colores y dejar carbón a los gobiernos que no cumplen sus compromisos en materia de inmatriculaciones.
Os adjuntamos el cartel de la convocatoria para que lo mováis por las redes sociales y vuestras amistades.
Un par de estrofas del inolvidable José Antonio Labordeta para acabar y empezar con ganas el nuevo año.
Habrá un día En que todos Al levantar la vista, Veremos una tierra Que ponga libertad.
También será posible Que esa hermosa mañana Ni tú, ni yo, ni el otro La lleguemos a ver; Pero habrá que forzarla Para que pueda ser.
Y los deseos de felicidad con la postal que ha elaborado nuestra compañera Inma.
Para esta gente, todos somos comunistas o anarquistas y ateos. Y judeo-masones, en franco contubernio. Cualquiera que luche por la laicidad del Estado, en el fondo, socaba los privilegios de la jerarquía religiosa que, normalmente, es un aliado principal de las élites económicas. Y si hay algo que jode al privilegiado es perder sus privilegios.
Lo vamos a ver en un documental de cinco minutos que muestra la fase final de la lucha por la laicidad del Estado en Francia. Es un documental que contiene imágenes de principios del siglo XX, doblado por nuestra compañera Inma y al que la hija de Nuria ha ensamblado el sonido. Gracias a todas.
Los primeros avances laicistas en Francia se dieron con la revolución de 1789, pero no fue hasta el 9 de diciembre de 1905 en que se aprobó la separación entre la iglesia y el Estado francés. Un hito. También fue un 9 de diciembre, esta vez de 1931, en que el Presidente de las Cortes Españolas, Julián Besteiro, promulgó la Constitución de la República Española, la única norma constitucional, verdaderamente laica que ha existido en España. Otro hito. Es por eso que Europa Laica fijó la fecha del 9 de diciembre para conmemorar el día del laicismo y la libertad de conciencia.
Todo cambio social genera resistencias. El video muestra la resistencia al cambio de la iglesia francesa y el movimiento social de oposición que generó.
Nada de lo que narra el video nos resulta extraño en España. Ni en Zaragoza. La resistencia que muestra el video es una mierdecilla comparada con la reacción producida en España a partir de 1931. No hizo falta la aprobación de la Constitución republicana para que la iglesia se posicionase radicalmente en contra del porvenir. El mismo día 15 de abril, Isidro Gomá, obispo de Tarazona, decía que “hemos entrado en el vórtice de la tormenta”; el 21 de abril, el arzobispo Domenech ya pedía que “Dios salve a España, que la virgen del Pilar proteja a España”.
Cándido Marquesán, en un artículo en Andalán, relata las resistencias que generó la retirada de la imagen de la virgen del pilar del salón de sesiones del Ayuntamiento, el 12 de abril de 1932. También cuenta que en Zaragoza, el 11 de mayo de 1931, una mujer entraba de rodillas al pilar, vela en mano, pidiendo la salvación de España. Un acto que fue seguido diariamente por cada vez más mujeres, que por cientos se agolpaban arrodilladas en la plaza rezando el rosario. Las mujeres de Acción Católica y las Damas del Pilar se configuraban ya como la punta de lanza de la reacción del catolicismo social. Estimuladas, como no, por el Heraldo. Y por el noticiero.
Si las elecciones a cortes constituyentes dejaron a las fuerzas conservadoras con una escasa representación, la aprobación de la Constitución hizo que, en palabras de Julián Casanova, “El catolicismo político irrumpiera como un vendaval en el escenario republicano. En dos años, el catolicismo arraigó como un movimiento de masas, capaz de convertirse en árbitro del futuro de la república. Primero, a través de elecciones libres; después, con la fuerza de las armas.
El golpe del 36 y la victoria militar, declarada cruzada, significaron un enorme paso atrás para la consecución de un Estado Laico. La escuela republicana, tras la depuración e incluso asesinato de muchos de sus maestros, dejó paso a una educación inspirada en los principios nacional-católicos y en manos de las congregaciones religiosas. Una educación que queda muy bien retratada en un fragmento de la película del milagro de p-tinto que en Mhuel utilizamos para ilustrar la necesidad de luchar por una escuela pública y laica.
Aunque parezca una situación arcaica, que a algunos nos trae recuerdos de la infancia, el visionado de la película “las niñas” muestra que la práctica de los concertados modernos se ha actualizado a los tiempos que corren, pero el adoctrinamiento permanece.
Todas las reformas educativas han mantenido la religión en la escuela (debido al Concordato). Pero es que, además, la vía de los conciertos educativos, abierta por el psoe en los 80, asegura la presencia de las órdenes religiosas en la educación permitiéndoles mantener tanto su influencia ideológica y social, como una fuente enorme de recursos públicos y privados.
Los tímidos intentos del primer gobierno de Lambán para limitar las aulas concertadas fueron rápidamente cortocircuitados por la judicatura, que para eso está. Y enfrentaron, además, un serio movimiento social articulado por la iglesia. Un hecho que reviste importancia porque supone un serio anticipo de lo que podría ocurrir si algún gobierno osara cuestionar algún pilar fundamental para la iglesia.
Porque tras la muerte de Franco, la iglesia Católica no ha tenido necesidad de intervenir decisivamente en el ámbito político. Sus pilares fundamentales nunca han sido cuestionados y sus intereses han sido adecuadamente representados por el bipartidismo.
La financiación pública se ha mantenido por la vía de la casilla del IRPF.
El patrimonio inmobiliario se les ha regalado por la vía de las inmatriculaciones y su mantenimiento es asegurado por las subvenciones debido a su carácter de patrimonio histórico artístico….
En el ámbito de lo simbólico su presencia no se ha reducido. Al revés: ha aumentado. Las procesiones del Corpus, de SS, las fiestas mayores, cuentan con participación de autoridades políticas de las más variadas procedencias. Las Vírgenes se han hecho alcaldesas y han recibido medallas y distinciones. Asumiendo y normalizando bajo el régimen democrático lo que bajo la dictadura se entendía como folklore nacional católico. La presencia de VOX en las instituciones y la asunción del discurso por parte del PP (véase el discurso de Ayuso en la inauguración del belén de la puerta del sol) empeoran las cosas puesto que asumen claramente una identidad católica de España que va más allá del mero folklorismo.
La denuncia de esa normalización del nacional-catolicismo franquista ha formado parte de la esencia de Mhuel desde el principio. Para una de nuestras primeras convocatorias elaboramos un pequeño video en el que denunciábamos que en materia de laicidad psoe-pp, la misma mierda es, con música de Moncho Alpuente.
Dicen que los tiempos van cambiando, pero no sabemos si a mejor.
En 1977, Javier Krahe, rodó un corto satírico titulado “sobre la cristofagia”. 27 años después, Un 15 de diciembre de 2004, fue proyectado en canal plus y una asociación católica lo denunció. Tuvieron que pasar 8 años para que Krahe resultara absuelto y uno más para que la audiencia provincial.
Dice el refrán que “bien está lo que bien acaba”. No. El calvario de Krahe también lo ha pasado Willy Toledo por un mecaguen dios, Abel azcona por escribir “pederastia” con hostias consagradas, lo va a pasar la Revista Mongolia que acaba de recibir una denuncia por una portada.
Pero estas son figuras públicas que cuentan con recursos para enfrentar las denuncias. No es siempre así. Las mujeres del Coño insumiso de Sevilla fueron absueltas. Pero una militante del Chumino rebelde ha sido condenada en Málaga. O un chaval de Jaen que publicó en Instagram un fotomontaje del cristo de la amargura fue condenado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos a una multa de 480 euros.
La mayoría de los casos acaban en nada. Pero el objetivo de amedrentar está logrado. Con la complicidad de unos jueces, que saben que esas condenas no pueden prosperar si llegan a instancias superiores. No es sólo cuestión de leyes. Los aparatos del estado están repletos de franquistas.
Krahe respondió a la querella como sabe: compuso una canción titulada “Fuera de la Grey”. En ella decía:
Tras pasar por un mal trago / Yo enseguida me rehago / Con rico zumo de la vid / Y aunque de aquí no iré al cielo / Piso alegremente el suelo / Callejeando por Madrid.
Si tú, inquisidor moderno, / Crees en un Padre eterno / Ante el que humillas la testuz, / Yo, insistiendo en mi rechazo, / Con mis amores del brazo / Voy por mi calle de la Cruz.
Ya me voy, basta por hoy / Guardo mi tirachinas. / Me alejé de toda fe / ¿Sabéis por qué? /Porque ese Dios es un pamplinas.
Respondió con la sátira, con el humor.
He dicho al principio, que en un 9 de diciembre se dieron dos hitos fundamentales del laicismo. El del decreto de separación francés y la constitución republicana española. En su celebración, hoy tenemos un tercer hito. Angel hito, que ha preparado un monólogo para la ocasión.
El candidato a la Presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa de la laicidad y del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.
Pero, a la vez, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados y los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que, como Apudepa y Mhuel, se agrupan en Recuperando. Pero publicaron un listado parcial, que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 y que no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo registrado.
Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.
El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.
A nuestro juicio, las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Apudepa y Mhuel, junto con todas las organizaciones coordinadas en Recuperando sí lo estarán. Por ello, seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para remplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.
El próximo 15 de septiembre juzgarán al concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero. ¿De qué delito se le acusa? ¿de prevaricar? ¿de sustraer dinero público? ¿de favorecer a amigos y familiares? ¿de promover algún pelotazo inmobiliario?
No ¡qué va! Se le acusa de un delito de odio por expresar en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zaragoza lo que pensamos y sentimos los demócratas de este país: que el fascismo ha de ser enfrentado y proscrito en todos los rincones de la tierra. Se trata del uso del aparato judicial -que no de la justicia- para acallar y someter a quien habla claro, usando de modo torticero la figura del delito de odio, diseñada para la protección de las minorías y colectivos vulnerables, esos a los que el fascismo discrimina y agrede.
En Mhuel defendemos el laicismo como una de las señas de identidad de una sociedad democrática, en la que han de coexistir, tener idénticos derechos y recibir igual trato todas las creencias y formas de pensar basadas en la tolerancia y en el respeto. Paradójicamente, no se puede tolerar a los intolerantes, a los fanáticos que tratan de imponer a toda la población su visión del mundo y su propia moralidad, a los fundamentalistas, sean islámicos o nacional católicos, como los que sometieron la libertad en nuestro país durante los oscuros años de la dictadura. Por eso, defendemos la libertad de expresión y odiamos el fascismo. Por eso, apoyamos y nos solidarizamos con Alberto Cubero con quien tantas veces hemos coincidido en la búsqueda de un mundo más justo y más libre. Por eso, el día 15 seremos Alberto Cubero
En 1975 la ONU declaraba el 8 de marzo día Internacional de la Mujer.
No está de más recordar que en ese año en España, cuando el nacional-catolicismo aún no había iniciado su proceso de reconversión, las mujeres debían contar con el permiso del marido para abrir una cuenta corriente o viajar solas y el adulterio era un delito especialmente penado para ellas.
El 8 de marzo conmemora los distintos actos reivindicativos que en torno a esa fecha, desde finales del siglo XIX, estaban llevando a cabo las mujeres en su lucha por conseguir unas condiciones de trabajo dignas, al mismo tiempo que las sufragistas se enfrentaban a la policía defendiendo el derecho al voto.
De aquellos tiempos hasta ahora, en las sociedades llamadas avanzadas donde se ha conseguido una igualdad formal, persisten todo tipo de violencias contra las mujeres, llámese brecha salarial, explotación sexual y reproductiva o socialización en los estereotipos de género. Y en muchos lugares del mundo las mujeres permanecen sometidas a la tutela de los varones, privadas de dignidad, autonomía, y libertad para ser y desarrollarse como personas.
En todo momento y lugar, desde las sociedades arcaicas hasta el capitalismo neoliberal de nuestra actualidad, las religiones han sustentado y dado apoyo moral a la opresión que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
Los avances de las mujeres en la conquista de sus derechos siempre se han topado con la resistencia de las jerarquías religiosas. Todas las religiones, especialmente los monoteísmos y sus clérigos, han mostrado una irrefrenable obsesión por reglamentar lo que las mujeres deben hacer y dejar de hacer. En nuestra secularizada sociedad constatamos como grupos ultracatólicos, siguiendo los dictados de la Conferencia Episcopal, acosan a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La Iglesia Católica en España continúa ejerciendo su adoctrinamiento en la enseñanza pública y privada, así como en las más altas instancias internacionales, intentando influir en las legislaciones de países soberanos.
De ahí que sólo sea posible avanzar en la igualdad y dignidad de todas las personas sin distinción de sexos con políticas decididas que garanticen la separación entre las iglesias y el Estado y aseguren que las mujeres no se vean sujetas a políticas y leyes influídas por la religión.
No podrán cumplirse las reivindicaciones del feminismo sin un estado laico, de la misma manera que un laicismo que no luche por la igualdad de derechos real y efectiva de las mujeres, no tendría sentido y nos retrotraería a aquellos ilustrados que, mientras declaraban los Derechos del Hombre y el Ciudadano, guillotinaban a Olympe de Gous por hacer lo propio con los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
En estos tiempos oscuros de avance de la ultraderecha por una parte y de la infestación del neoliberalismo y las distopías identitarias en los movimientos izquierdistas, por otra, cuando la libertad de expresión y de conciencia reciben ataques desde todos los flancos, los derechos de las mujeres se ven especialmente amenazados.
Recordemos las palabras de Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”
Este 8 de marzo desde el Movimiento Hacia un Estado Laico hacemos un llamamiento a salir a las calles en defensa y vigilancia de los derechos de las mujeres.
Tras más de dos años sin tener presencia en la calle, las gentes de MHUEL junto con las de APUDEPA (ambos integrantes de Recuperando) nos movilizamos ayer en demanda de la reversión de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica. No estuvimos todos los que desearíamos y necesitamos para oponer la fuerza de la ciudadanía al cabildeo del Gobierno con la Conferencia Episcopal pero la participación fue significativa, considerando el horario de la convocatoria.
El día de ayer constituye un hito en la movilización y el trabajo conjunto de las organizaciones que integramos la coordinadora Recuperando ya que se realizaron concentraciones en más de veinte ciudades.
Sabemos que la organización y el trabajo es el único camino y esa senda la hemos de recorrer colectivamente.
