Gracias
a la tenacidad del movimiento ciudadano patrimonialista, hoy sabemos
que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde
1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado
cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los
pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede
triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes
inmatriculados
desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que
otorgaba a la
Iglesia católica
un privilegio claramente inconstitucional.
La
publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado
febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es
un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de
la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado
carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación
eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas,
cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común.
Conviene
recordar hoy las palabras del presidente Sánchez en su solemne
discurso de investidura ante nada menos que la sede de la voluntad
popular: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas
oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan
sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Ha transcurrido
año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un
dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas
sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con
la
jerarquía católica
amnistiar el inmenso expolio patrimonial.
En
todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de
recibir a Recuperando
u otras
organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo
que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la
eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es
una cuestión de Estado.
Es
preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de
carácter religioso sino estrictamente patrimonial.
Hoy,
a
iniciativa de la Coordinadora Recuperando,
nos convocamos aquí y
en otras 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para
recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los
Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos
a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al
dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos.
Albacete. Frente a la Catedral. Plaza Virgen de los Llanos. 20.00h Cáceres. Plaza de Santa María. 12.00h Córdoba. Puerta del Puente. 20.00h Granada. Plaza Nueva. 20.00h Jerez. Torre del Reloj (Plaza Plateros) 20.00h León. Plaza de la Catedral. 19.00h Murcia. Plaza del Cardenal Belluga. 19.00 Oviedo. Explanada frente a San Julián de los Prados. 19.00h Palencia. Plaza de San Francisco. 20.00h Pamplona. Palacio Episcopal. 19.00h. Santander. Plaza de la Catedral. 19.00h Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes. 20.00h Sant Boi de Llobregat. Plaza del Ayuntamiento. 19.30h Valencia. Plaza del Micalet. 12.00h Valladolid. Plaza de la Universidad. 19.00h Zaragoza. Plaza de la Seo. 19.00h
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica : Por providencia fechada el 15 de abril de 2021 ; el titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Zaragoza cita a declarar en calidad de investigados al Registrador nº2 de la Propiedad de Zaragoza y a la Subdirectora general de la Dirección General de Registros y Notariados . ( Se adjunta Providencia )
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica : Que ha tenido conocimiento mediante Auto judicial fechado el 18 de marzo por el Juzgado de Instrucción nº9 de Zaragoza ; la admisión a trámite de la querella presentada por esta asociación contra el Registrador de la Propiedad nº2 de Zaragoza ; D. Joaquín José Oria Almudí y la Subdirectora de la Dirección General de Registros y Notariados ; Dña. Rebeca Laliga Miso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
El Juzgado ordena la incoación de diligencias previas y admite toda la documental presentada por MHUEL. ( Adjuntamos Auto en archivo )
En
contestación al artículo de opinión publicado en HERALDO el 3 de
marzo de 2021 firmado por la registradora de la Propiedad Dña.
Isabel de Salas y titulado ‘La Iglesia lo hizo bien’:
1-
Mostrar cierta sorpresa con el artículo que llamativamente fue
publicado al día siguiente 4 de marzo por el medio ‘Iglesia de
Aragón’ -órgano oficial de comunicación de las diócesis
aragonesas-, por lo tanto deducimos que la opinión de la Sra. de
Salas es coincidente, por no decir que es la misma en pensamiento,
tesis y argumentario que la postura oficial de la jerarquía católica
en Aragón.
2.-
La registradora de Salas nos hace un recorrido histórico desde el
periodo desamortizador del siglo XIX que justifica las
inmatriculaciones vía certificación. Hay que recordar que no
conviene agitar los fantasmas del pasado mentando las
desamortizaciones como elemento demonizador. El proceso
desamortizador decimonónico, con todos sus errores e imperfecciones,
buscó la erradicación de las llamadas ‘manos muertas’ de
latifundios eclesiales, señoríos y mayorazgos improductivos;
proceso irreversible para la transformación definitiva del sistema
feudal de propiedad y de servidumbre en forma de pago de diezmos al
nuevo pensamiento del estado moderno liberal y el incipiente
municipalismo.
3.-
Sostiene doña Isabel la constitucionalidad de la Ley Hipotecaria de
1946 (art. 206 LH y art. 304 del Reglamento Hipotecario), la reforma
de la misma en el año 1998 con el Gobierno Aznar que amplía la
potestad inmatriculadora a los bienes inmuebles dedicados a culto.
Queremos
recordar con el debido respeto que, desde que entra en vigor la
Constitución de 1978, el principio de aconfesionalidad del Estado
recogido en el art. 16.3 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter
estatal», por lo tanto es inadmisible y no tiene pase alguno que a
partir del año 1978 una corporación de derecho privado como es la
Iglesia católica pudiera estar equiparada o asimilada a una
administración general del Estado o corporación pública a la hora
de poner bienes inmuebles a su nombre mediante un autocertificado,
ejerciendo los diocesanos como fedatarios públicos o notarios del
Reino de España.
4.-
Aduce la señora De Salas la validez de la interpretación que hace
en 2001 la Dirección General de Registros y Notariados (DGRN) a la
hora de dar carta de naturaleza positiva a las inmatriculaciones
realizadas antes de 1998 a bienes inmuebles dedicados a culto. Nos
preguntamos ¿quién es una dirección general para interpretar una
ley, normativa o reglamento en el ordenamiento constitucional? Para
eso está el Tribunal Constitucional y no la DGR, aunque coincidimos
con la registradora en que nunca esta problemática se ha llevado
ante el órgano competente jurisdiccional.
5.- Obvia por completo doña Isabel los miles de bienes inmatriculados de raíz privada (garajes, pisos, solares, pastos, montes, viñedos, regadíos y un muy largo etc.) que accedieron al Registro por autocertificación y sin aportar ningún título de dominio o de propiedad, de manera opaca y sin publicidad para poder ejercer el ‘iuris tantum’ (derecho a prueba en contra), provocando una vez transcurrido los plazos preceptivos el derecho a la propiedad por usucapión (30 años de dominio ininterrumpido y pacífico). Una vez más, y dicho con el debido respeto, se trata de un privilegio inadmisible que atenta de manera frontal contra el artículo 14 (Igualdad jurídica) de la vigente Constitución española y de una falta de catadura moral notoria y evidente.
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL) comunica :
La interposición de una querella ante el juzgado de instrucción de Zaragoza contra el Registrador de la Propiedad nº 2 de Zaragoza ; D. Joaquín José Oria Almudí y la Subdirectora General de la Dirección General de los Registros y Notariados ( DGRN ) Dña Rebeca Laliga Misó por los presuntos ilícitos penales de prevaricación y falsedad documental. ( Adjuntamos querella y su presentación telemática )
MHUEL recibió en su día una certificación registral negativa sobre la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo en Zaragoza y posteriormente esa negativa se tornó en positiva a petición del Ayuntamiento de Zaragoza con los mismos criterios de búsqueda ( Catastro , Descripción gráfica , documental histórica oficial DGA ) . Esta asociación emprendió la pertinentes acciones para esclarecer los hechos vía administrativa y disciplinaria a través de la Oficina del Defensor del Pueblo ; después de un largo periplo de contestaciones contradictorias y nada satisfactorias para llegar al fondo de la cuestión , el Defensor del Pueblo cerró el expediente por causas meramente formales en los tiempos establecidos.
MHUEL ya adelantó en su momento que sí la vía administrativa no resultaba eficaz , se reservaba el derecho a ejercer las acciones civiles o penales que estuvieran a su alcance en los Tribunales ordinarios de Justicia.
La asociación MHUEL dentro de la lógica más elemental se pregunta si es posible la negativa por parte de un fedatario público cuando se le pregunta ; ¿ Dónde y a qué nombre está la Iglesia de San Pablo en la calle y plaza de San Pablo de Zaragoza ? Es evidente , significativo y notorio por el bien inmueble por el que le estamos preguntando a un Registrador de la Propiedad para que emita un certificado registral en este caso negativo y a posteriori emitir una nota simple positiva sobre el mismo inmueble a petición de una corporación pública.
No querríamos llegar al absurdo más absoluto dado que los Registros de la Propiedad deberían garantizar la seguridad jurídica e informativa y no lo contrario creando inseguridades pintorescas ante una más que posible respuesta negativa ante preguntas cómo ¿ Dónde está y quién es el propietario de la Basílica del Pilar en la Plaza del Pilar de Zaragoza ? . Dicho con el debido respeto , MHUEL tan sólo quiere poner un poco de cordura , sensatez y ejercer sus legítimos derechos y que no nos digan que era de color negro cuando preguntamos ¿ De qué color era el caballo blanco de Santiago ? .
La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 asociaciones patrimonialistas de todas las comunidades autónomas, desea difundir el siguiente comunicado en relación a la entrega del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica por el Gobierno central al Congreso de los Diputados, en cumplimiento de una petición parlamentaria de marzo de 2017.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio eclesiástico. Es de justicia reconocer la labor tenaz y decidida de las asociaciones. No obstante, el listado es parcial e insuficiente. No incluye los bienes inmatriculados desde 1946, cuando se promulgó el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ni se han facilitado las notas simples del registro, lo que complica enormemente la identificación de las fincas inscritas. El número global de inmatriculaciones podría ascender a casi 100.000.
El informe gubernamental que acompaña al inventario recoge un prolijo argumentario jurídico que viene a certificar la presunta inconstitucionalidad del mecanismo inmatriculador al equiparar a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con notarios. Esa prerrogativa vulnera flagrantemente el precepto constitucional de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado, y habría otorgado a los obispos el privilegio de autocertificar la titularidad de decenas de miles de bienes sin garantía jurídica alguna.
Las inmatriculaciones son, por tanto, nulas de pleno derecho. Si los obispos quieren inscribir bienes que presuponen de su propiedad deben hacerlo por los cauces ordinarios y con los mismos dispositivos registrales que cualquier ciudadano para evitar abusos como la apropiación de miles de inmuebles sin aportar título material, muchos de los cuales integran el valiosísimo legado cultural.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló en su discurso de investidura el compromiso expreso de efectuar las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica en virtud de un privilegio predemocrático. Es evidente que el presidente Sánchez ha incumplido su palabra. Aún reconociendo el informe gubernamental que las inmatriculaciones eclesiásticas se ejecutaron previsiblemente en base a una normativa inconstitucional, el Ejecutivo no parece dispuesto a anularlas y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados.
La misma Proposición No de Ley (PNL), firmada por el PSOE y UP en la primavera de 2017 y que propició la publicación del presente listado de inmatriculaciones, ya consideraba la naturaleza demanial de los templos de culto y exigía al Gobierno la reclamación de la “titularidad del dominio” para aquellos inmuebles que carecieran de “título material” o “no susceptibles de propiedad privada”. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, suscribió otro documento jurídico en 2018 defendiendo la titularidad pública de la Mezquita y promoviendo un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra las inmatriculaciones eclesiásticas.
El Gobierno de coalición quiere dar carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. Y, por razones que no ha sido capaz de explicar, ha indultado la apropiación masiva de fincas y bienes de indudable valor histórico por parte de la jerarquía católica después de negociaciones secretas que se han desarrollado en la más absoluta opacidad. Recuperando aún espera después de casi tres años que algún representante del Gobierno se digne a escuchar los argumentos de las organizaciones ciudadanas.
Recuperando quiere expresar su profunda decepción por una renuncia gubernamental que solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica. Ni el presunto Gobierno más progresista de los últimos 80 años ha sido capaz de defender la legalidad constitucional frente al poder de los obispos. Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando sí lo estará. Contactos Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439) Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101
En términos de derecho, la
inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la
propiedad de una finca, casa, frontón, catedral, etc., etc. Esta
acción de inmatricular lo lleva a cabo el notario. Lo que sucede es
que, según el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 y el
reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia,
concretamente a los obispos, como fedatarios públicos para
inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la
Iglesia incontestable, quizá como premio a su inestimable
colaboración en la guerra civil, por ser su fiel aliada. El caso es
que esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó
derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo
el único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia
fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces la ley no
contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias,
catedrales, basílicas, conventos…), pero desde entonces la Iglesia
tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar.
El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso y todo ello
con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como
del PP. A todo esto los gobiernos de Aragón no han tenido los
arrestos suficientes como para defender lo que es del pueblo
aragonés, sumisos con la Iglesia, inclinando vergonzosamente la
cabeza a la todopoderosa Iglesia Católica.
Lo
primero que llama la atención es como una ley inconstitucional,
franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta el 2015.
¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para
denunciarla? Es razonable pensar que todas las actuaciones efectuadas
al amparo de esta ley inconstitucional, son nulas y por lo tanto
todos los registros efectuados deberían ser revertidos a su anterior
estado. ¿Por qué el aparato jurídico del Estado no ha hecho nada?
Que
un diocesano fuera al registro civil y sin necesidad de presentar
ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ridiculísimo
pago, pasara a ser el dueño del bien registrado, es algo impensable
en un país democrático y desarrollado. Desde el registro hasta que
el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según las comunidades
autónomas. Se da la circunstancia de que los diocesanos no daban
cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes que la
Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas,
catedrales, iglesias, etc., monumentos espectaculares, con una
riqueza arquitectónica e histórica impresionantes, como puede ser
La Seo de Zaragoza (por nombrar una…). Claro, este modo de
proceder, alevosamente, a traición, calladamente, como un bandido
que roba los bienes que pertenecen al común, al pueblo, es
indigerible, ¡penoso!
Todas
esas propiedades pertenecen al pueblo, él ha sido su constructor y
su mantenedor a base de impuestos a lo largo de la historia. Que la
Iglesia lo haya empleado para oficiar actos litúrgicos de su
confesión o para exponer toda clase de ornamentos, frescos,
esculturas, cuadros, etc., no le dan el derecho de propiedad, al
menos no desde un punto de vista racional.
Uno
piensa en la gran contradicción que existe entre la prédica del
evangelio de Jesús, el de los pobres y desheredados de la tierra,
del cual hacen gala los ministros eclesiásticos con falsa humildad y
artificialidad manifiesta, y la práctica cotidiana económica de la
Iglesia, hasta el punto de haberse convertido en la mayor
inmobiliaria del reino.
También
llama la atención que es el Papa de Roma, el presidente de ese
hipotético estado vaticano (aunque formalmente no lo sea), el que
dirige todo este tinglado, al que deben obediencia y que se erige en
el dueño de este emporio urbanístico y de todo lo que hay dentro de
los edificios…
Estos
días, el Gobierno del PSOE y IU-Podemos, manda al congreso una lista
de bienes inmatriculados, pero no esta completa pues solo contempla
aquellos bienes inmatriculados desde la ley Aznar de 1998, cerca de
40.000 bienes, casi nada… De entrada reconocen a la Iglesia como
propietaria, aceptando que no haya presentado en su día ningún
documento acreditativo de propiedad, tendrán que ser las personas
individuales o ayuntamientos quienes tengan que presentar esos
documentos para demostrarlo… ¡Vergonzoso! O sea, un procedimiento
que funciona al revés y que va a provocar un follón en los juzgados
de grandes dimensiones. Y a propósito de documentos, en muchísimos
casos no hay documentación, no ha sido necesaria porque esos
edificios eran del pueblo, del Ayuntamiento, del Estado…
El
tema esta en que en ese listado no aparece ningún bien en nuestra
ciudad, en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 se
inmatriculó todo lo que fue menester pasando de la ley entonces
vigente y sin esperar a la modificación de Aznar. Esto es tremendo,
ya que la mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a
1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las
registradas desde 1998? Pues no lo entendemos. Sospechamos que en
estos últimos tiempos ha habido negociaciones con la Iglesia a
espaldas nuestras, de la sociedad civil y se han llegado a este
acuerdo tan balsámico para la Iglesia. Esta tendrá que devolver
aquellas propiedades en se presente documentación que contradiga la
inmatriculación… Serán los mínimos. ¿Qué pasa con los decenas
de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la
vista gorda? ¿Así se solventa el problema con esta institución
privada y expoliadora del patrimonio del pueblo aragonés?
El
Gobierno de nuestra Comunidad se debe erigir en el principal valedor
del común, del pueblo y actuar para que no se consume semejante
escándalo.
