9 de diciembre «Dia de la Laicidad»
Nota de Prensa de MHUEL en relación con el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo
El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.
Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.
Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.
1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.
No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.
2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”
Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.
Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.
Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.
El Laicismo en tres minutos
Concentración por la presencia del Concejo Zaragozano en actos confesionales
El pasado domingo medio centenar de militantes laicistas salimos al paso de la Corporación municipal que desfilaba en procesión hacia la misa pontifical del “Corpus Christhi”, para recordar a los ediles que el concejo, como tal, no pinta nada en un acto religioso como ese. Con carteles y en silencio hasta el final, en donde se coreó: «El palio, el palio, os ha faltado el palio».
Os dejamos algunas fotos de la protesta. Algunas están sacadas del blog de Primo (https://primo.com.es/) y otras son de militantes de Mhuel. También os dejamos, al final, el enlace a la crónica que realizó ARAINFO
Convocatoria concentración MHUEL corpus 2023
La Corporación Municipal no debe participar en actos confesionales
El próximo domingo, 11 de junio, el Alcalde y los ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, provistos de Banda e Insignia municipal, acudirán en Corporación a la “Misa Pontifical” que se celebrará en la Basílica del Pilar con motivo de la festividad católica de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) y a continuación participarán en la denominada “Procesión Eucarística”.
Es obvio que dicho comportamiento contraviene el artículo 16.3 de la Constitución por el que las Instituciones Públicas y los cargos públicos que hacen posible su funcionamiento son (o deberían ser) aconfesionales.
Las misas son actos de carácter religioso y a ellas acuden los fieles. Cualquier persona, sea concejal o no, puede ser un fiel, pero ni la Corporación como tal, ni la Institución del Estado a la que representa un edil pueden ser fieles. Y si aparecen como tales están vulnerando el mandato constitucional.
Como no cabe aducir ignorancia ya que la norma es clara, resulta obligado concluir que se incumple conscientemente la Carta Magna, a sabiendas de que carece de sanción. Y la vulneran, precisamente, quienes se reclaman sus más fervorosos adalides.
Algunos de los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero de la CE se encuentran protegidos minuciosamente mientras que otros, como el mandato de aconfesionalidad del Estado, se han quedado en palabrería huera. En los más de cuarenta años de vigencia no se ha emitido ni un Decreto, ni una Orden, ni una simple circular para su desarrollo y los litigios derivados de su incumplimiento tienen una alta probabilidad de acabar en una sala presidida por un crucifijo.
El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) propugna y defiende la separación entre el Estado y las Iglesias y la neutralidad del Estado en materia confesional. Lo haría si la Ley no recogiese dichos principios y con más razones lo hace cuando estos resultan ser un imperativo legal, aunque sea conculcado reiterada e impunemente.
Nos queda el derecho a manifestar públicamente nuestra disconformidad, para lo que convocamos una concentración en la que, por medio de carteles, mostraremos nuestro desacuerdo al paso de la comitiva municipal.
Día: Domingo, 11 de Junio
Hora: 10.30
Lugar: Plaza del Pilar – Puerta del Ayuntamiento de Zaragoza.
Laicismo: PSOE hablar con lengua de serpiente
El Ministerio de la Presidencia sacó ayer una nota de prensa informando del acuerdo alcanzado con representantes de confesiones minoritarias para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas.
La iniciativa que recoge la nota de prensa es puro marketing y muestra la cobardía del PSOE. Marketing porque, en lo sustancial, no altera el régimen fiscal existente. Tan sólo añade cuatro confesiones a las cuatro que tenían acuerdos previos. El sentido común nos dice que lo dejado de recaudar por esa nueva homologación será mínimo. Quizá una millonésima parte de lo que la Iglesia Católica se ahorra cada año por las exenciones fiscales que disfruta. Así pues, el único objetivo de este acuerdo es lavar la cara de una Conferencia Episcopal que, ahora sí, puede decir sin sonrojo que sus obligaciones fiscales son idénticas a cualquier otra confesión religiosa. Pura propaganda que olvida, por supuesto, que las cuantías implicadas son muy dispares, ya que si a una le eximen diez, a otra, mil millones.
Cobardía del PSOE porque ante los reclamos de la ciudadanía y de las corporaciones locales para que todos aporten al sostenimiento del Estado, de acuerdo a su capacidad como dicta la Constitución y se elimine la discriminación que hace que uno de los mayores (si no el mayor) propietarios de bienes inmuebles del país no tribute por su patrimonio, opta por evitar el enfrentamiento con el episcopado y, tras negociaciones opacas, extiende el privilegio al resto de las confesiones. Un comportamiento similar al seguido con las inmatriculaciones, en donde a pesar del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que emplazaba a recuperar el patrimonio usurpado, reuniones secretas con los obispos desembocaron en una suerte de amnistía registral, que deja en propiedad de la iglesia una gran parte del patrimonio histórico artístico, así como innumerables fincas e inmuebles, exentos de IBI y cuyos alquileres y rentas también escapan al impuesto de sociedades.
El Concordato con el Vaticano constituye la base en la que asientan las exenciones de la Iglesia. Pero es la Ley de Mecenazgo la que las ordena y canaliza, al equiparar a la Iglesia con entidades sin ánimo de lucro. Lo cierto es que, a pesar de que la existencia de voluntariosos cristianos de base que dedican tiempo y esfuerzo a la labor social, la Conferencia Episcopal Española es más una entidad sinónimo de lucro, siempre apegada al poder, que una ONG. Los obispos frecuentan más los registros de la propiedad y los despachos de los asesores fiscales y financieros que los comedores sociales.
El laicismo se basa en la autonomía e independencia entre el Estado y cualquier religión; también exige ausencia de discriminación, pero no sólo entre confesiones, también con los no creyentes. Si todas las personas físicas y jurídicas deben contribuir a la Hacienda Pública, de acuerdo a su capacidad, este acuerdo va en la dirección contraria al eximir a unas entidades privadas de contribuir al erario, sin más base que su naturaleza religiosa.
Además, hay opacidad y absoluta falta de transparencia. No existe una relación de inmuebles afectados ni parece haber voluntad política de elaborarla. El compromiso de confeccionar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica fue cumplido por el Gobierno parcialmente y a destiempo. Tan sólo alguna comunidad autónoma, como la Navarra, ha hecho público un listado de los inmuebles apropiados por sus obispados desde 1978. En Aragón, del cuatripartito tan sólo oímos el crí crí de los grillos en medio de su silencio. Sin eso, no hay conocimiento público de lo que las haciendas locales dejan de ingresar y, en consecuencia, cuánto debemos aportar los demás para suplir esa carencia.
En la nota de prensa se hace referencia al IBI que recae sobre inmuebles dedicados al culto; ocultando que, en la práctica, la mayoría de los bienes exentos son objeto de actividad económica o comercial abarcando hoteles, parkings, comercios, alquileres, etc. Así pues, las exenciones no solo erosionan el erario sino que también constituyen una competencia desleal frente a negocios que cumplen “religiosamente” con sus obligaciones fiscales.
En fin, la nota de prensa incorpora en la esquina superior derecha de cada página el mensaje publicitario “Gobernamos Contigo”. Pues no. Gobiernan sin nosotr@s. A nuestra espalda y sobre nuestra espalda. Contra nosotr@s. Las banderas laicistas que levantan en los Congresos las esconden cuando están en el Gobierno.
Cuánta razón tenía Javier Krahe: hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Concentración 02-03-2023 inmatriculaciones
Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.
Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.
El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.
La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.
Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.
Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.
El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.
Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…
Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.
La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.
Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.
San Valero 2023
Convocatoria MHUEL – San Valero 2023
Estimados soci@s y simpatizantes:
Un año más os convocamos para el domingo 29 de enero, festividad de san Valero, a las 10:30h en la Plaza de La Seo para reclamar un reglamento de protocolo municipal que respete la laicidad de las instituciones y para recordar a los concejales que desfilan en ese «paseillo» de sumisión del poder civil al religioso la necesidad de cumplir con el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de la vigente Constitución.
Como bien sabéis, nada tenemos en contra del ejercicio de la libertad de culto de aquellos concejales que deseen participar privadamente y a título personal en dichos actos religiosos, pero nos oponemos rotundamente a su presencia, con banda e insignia, en nombre de una institución que debe representar a toda la ciudadanía, independientemente de sus convicciones religiosas.
Como siempre, contamos con vuestra presencia hasta la consecución de nuestro objetivo: un Estado Laico.
Un cordial saludo
MHUEL Movimiento Hacia Un Estado Laico
NIF G- 99237299
Registro Asociaciones D.G.A. 01-Z-2458-2009
Presidente Pedro García Castrillo
Vicepresidente Jose Antonio Rovira Tolosana
Tfno de contacto 623 27 41 26
mhuelaicismo@gmail.com
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