La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica :
MHUEL decidió no convocar este año su tradicional protesta por la presencia de cargos públicos en el paseillo indecoroso de sumisión de la corporación municipal zaragozana el día de San Valero desde el Ayuntamiento a la Catedral de San Salvador en un claro ejercicio de RESPONSABILIDAD CÍVICA Y CIUDADANA ante la grave situación de pandemia por el Covid 19 en la que estamos inmersos y ateniéndonos a las normativas actuales que desaconsejan concentraciones excesivas de personas.
Con la certeza que la corporación municipal sería consecuente con dichas normas auspiciadas por las propias autoridades competentes en el ramo, dimos por hecho que la procesión no se iba a producir por responsabilidad pública y mero sentido común.
MHUEL ha tenido conocimiento y
ha sido notificado que ayer día 29 de enero día de San Valero ,
una mini comitiva corporativa desfiló por la plaza con más pena
que gloria encabezada por el Alcalde Azcón , la Vicealcaldesa Sara
Fernández acompañados por los concejales Julio Calvo de VOX ,
Mendoza del PP , Javier Rodrigo de CS y la portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento Lola Ranera. Un reducido grupo que a pesar de la
pandemia y de todo tipo de restricciones a las que está sometido el
personal no perdió la ocasión de marcar el paso confesional en un
Estado aconfesional declarado constitucionalmente.
A esta asociación tampoco le
extraña demasiado estos movimientos improvisados de última hora y
de “tapadillo “ . Hay fuerzas políticas presentes en el
paseillo que dicen una cosa en los despachos para hacer luego todo
lo contrario y otras que ya han perdido su palabra ante la presión
de la cogobernanza sintiendo el aliento de VOX.
24 de enero de 2021. Las murallas históricas de la localidad mallorquina de Artá (Baleares) son de dominio público y no pueden ser privatizadas como pretendía la Iglesia católica, que las inmatriculó a su nombre de forma unilateral en diciembre de 2014. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo en un auto que rechaza el recurso de casación formulado por el Obispado de Mallorca contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que otorgó la titularidad del conjunto histórico al Ayuntamiento.
La decisión del Supremo representa una victoria sin paliativos del pueblo de Artá, que recupera un bien fundamental de su legado histórico, y proyecta una enorme trascendencia desde el punto vista jurídico por cuanto reconoce la naturaleza pública de bienes de uso general. Cientos, si no miles, de monumentos inmatriculados por la Iglesia católica en las últimas décadas se encuentran en una situación análoga a las de las murallas de Artá.
El pronunciamiento del Alto Tribunal evidencia que el listado de inmatriculaciones que tiene el Gobierno en su poder, y aún no ha entregado al Congreso, incluye innumerables bienes de dominio público y patente valor histórico que no están inventariados, lo que ha permitido su inscripción irregular por parte de la jerarquía eclesiástica. “El caso de las murallas de Artá es paradigmático”, asegura el jurista Antonio Manuel Rodríguez y portavoz de la coordinadora Recuperando. “El Obispado actuó por codicia y no por un simple error”, agrega. “De una forma premeditada, intentó apropiarse de un bien que, a todos los efectos, es de dominio público”.
La batalla judicial arrancó en 2013 cuando la parroquia de Sant Salvador, que se encuentra en el interior del recinto amurallado, ordenó la retirada de carteles de carácter reivindicativo colocados en el contexto de una protesta educativa. La polémica llegó al pleno municipal, que emprendió actuaciones indagatorias para verificar la propiedad del conjunto arquitectónico. Las investigaciones concluyeron que la muralla, de carácter defensivo, fue construida en la Edad Media por el pueblo y que el Ayuntamiento había hecho frente a los costes de su mantenimiento, limpieza y restauración durante siglos. De hecho, la Iglesia había sido construida posteriormente, aunque en la demanda presentada ante el juzgado sostuvo que se trataba del “cerramiento” del templo.
En marzo de 2017, el Ayuntamiento presentó una acción declarativa de dominio. El juzgado de primera instancia dio la razón al Obispado, pero en 2018 la Audiencia de Mallorca revocó la sentencia y declaró de titularidad municipal el monumento reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC). La concejala Aina Comas, junto con el antiguo alcalde Tolo Gili, ha sido una de las más activas defensoras de la propiedad pública de las murallas. “Para Artá fue una sorpresa conocer que la Iglesia había puesto a su nombre un monumento tan característico del pueblo. La inmatriculación representó la descapitalización del patrimonio cultural y económico de Artá”, asegura Aina Comas.
El caso de Artá vuelve a poner en cuestión el mecanismo arbitrario de que han dispuesto los obispos para registrar a su nombre bienes de gran valor cultural sin aportar ningún título escrito de propiedad, tal como ha denunciado reiteradamente la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de asociaciones patrimonialistas. Ya son decenas las sentencias revocatorias de inscripciones eclesiásticas. Baste recordar los ejemplos de las ermitas de Aranda de Duero y Ochagavía, la Iglesia mudéjar de San Juan de los Panetes o la finca de Ucieza, cuya inmatriculación fue impugnada hasta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Recuperando ha solicitado al Gobierno que articule un dispositivo legal para anular todas las inmatriculaciones, claramente inconstitucionales, y evitar que los ayuntamientos u otras instancias tengan que acudir a los tribunales para defender los bienes de dominio público en procedimientos largos y costosos. Entre 1998 y 2015, la jerarquía eclesiástica ha registrado a su nombre más de 35.000 inmuebles, gran parte de los cuales pertenecen al legado inmemorial de carácter religioso que compone el valioso patrimonio histórico. La lista podría superar los 100.000 si se incluyen los inscritos desde 1946, fecha de promulgación de la Ley Hipotecaria.
El auto del TS sobre las murallas de Artá marca un hito histórico al tratarse de un pronunciamiento judicial del Alto Tribunal, que puede sentar jurisprudencia en el devenir del litigio sobre las inmatriculaciones eclesiásticas.
Contactos
Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439)
Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101)
Recuperando teme que el
Gobierno haya pactado en secreto con la Iglesia la impunidad de las
inmatriculaciones
Diversas
fuentes anuncian la inminente entrega al Parlamento del listado con casi 35.000
bienes inscritos a su nombre por los obispos
10 diciembre 2020. El Gobierno podría haber pactado
en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones de los
obispos como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano. A eso
apuntan todos los indicios, según estima la coordinadora estatal Recuperando,
que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, que luchan desde hace
años por la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas y la devolución
del patrimonio público cultural apropiado por los prelados.
Con dos años de retraso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez
entregará previsiblemente el listado de inmatriculaciones al Congreso de los
Diputados en las próximas semanas, según apuntan diversas fuentes
periodísticas. Lo hará después de haber negociado con la alta jerarquía
eclesiástica en medio de una evidente opacidad y sin haber articulado
soluciones globales para deshacer lo que a todas luces ha sido un expolio
monumental, que ha permitido a la Iglesia registrar a su nombre miles de
bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro
prerrománico de Asturias o la arquitectura mudéjar de Aragón.
En ese caso, el presidente del Gobierno habría incumplido
uno de sus compromisos electorales, reafirmado expresamente en el discurso
de investidura, cuando anunció en el Parlamento que “realizaría las
modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los
bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. En aquel
solemne escenario también argumentó que “en un Estado aconfesional no tiene
sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de
privilegios que hieren el principio de legalidad y de igualdad”.
Los pasos que ha dado en estos meses, sin embargo, no
caminan en la dirección de desanudar el escándalo de las inscripciones
episcopales. Aparte de guardar en un cajón el inventario con 35.000
inmatriculaciones entregadas por los registradores de la propiedad, el Gobierno
de Sánchez recurrió la resolución dictada por el Consejo de Transparencia, que
le obligaba a hacerlas públicas.
El listado fue elaborado a instancias de la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados y tras una solicitud cursada por
Recuperando en febrero de 2017. El inventario incluye únicamente los bienes inscritos
por la Iglesia católica entre el decreto de Aznar de 1998 y su derogación en
2015, mientras que los colectivos patrimonialistas exigen el número total de
inscripciones efectuadas desde 1946, la fecha en que se reformó la Ley
Hipotecaria. Si se toma ese periodo como referencia, las inmatriculaciones
podrían alcanzar los 100.000 bienes.
Recuperando sostiene que todas las inscripciones son nulas
de pleno derecho, toda vez que fueron efectuadas por un obispo sin aportar
pruebas en virtud de un privilegio anticonstitucional, que los equiparaba con
fedatarios públicos. Cualquier solución, en opinión de la coordinadora, debe
partir de ese principio. La segunda condición es que los bienes de dominio
público, integrantes del legado cultural inmemorial, no pueden ser privatizados
por la Iglesia.
Los colectivos patrimonialistas están trabajando en una
propuesta concreta de solución que entregarán al Congreso de los Diputados y al
Gobierno en las próximas semanas.
Contactos
Antonio Manuel Rodríguez, portavoz
de Recuperando (696744439)
Andrés Valentín,
coordinador de Recuperando (630080101)
Hace escasos días recibíamos la noticia de que el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país, entre los años 1998 y 2015, había sido remitido a la mesa del Congreso. Tras dos años de obrar en poder del Gobierno de España, finalmente se iba a poner a disposición de los representantes de la soberanía nacional e iba a ser posible su público conocimiento.
La
noticia ha resultado ser falsa. El Gobierno de Rajoy, en 2018,
cumplía con el mandato aprobado por el Congreso a instancias del
PSOE y obtenía una lista parcial (faltan todos los bienes
inmatriculados entre 1978 y 1998) de dichos bienes. Dos años
después, el propio PSOE, junto con los demás partidos de la
coalición de Gobierno, parecen considerar que la ciudadanía
española aún no es merecedora de conocer el alcance del expolio
monumental perpetrado por los Obispos españoles. Expolio efectuado
al amparo de una ley franquista, adecuadamente amañada por el, en su
día, Presidente Aznar y con la colaboración inestimable de los
Registradores de la Propiedad y que ha supuesto la usurpación al
dominio público y privado de unos 40000 bienes, cifra reconocida en
su día por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Fernando
Giménez Barriocanal. De esta manera llegamos a lo que es una
anomalía en toda Europa y es que una organización privada y en
última instancia un Estado extranjero se conviertan en los mayores
poseedores de patrimonio por delante del propio Estado español.
El
Gobierno de Aragón, tampoco considera que la ciudadanía aragonesa
tenga derecho a conocer cuales son los bienes de sus pueblos,
parroquias, diócesis, barrios y pedanías, que los Obispos han
inscrito a nombre de la Iglesia.
Desde abril de 2018, el Gobierno de Aragón cuenta con el listado del número de bienes inmatriculados por los obispos en cada diócesis aragonesa entre 1998 y 2015, y que asciende a 2.023. Este listado se pudo obtener tras la aprobación de una Proposición no de Ley efectuada en su día por Podemos. Falta por requerir a los Registradores el listado con el contingente de los bienes inmatriculados entre 1978 y 1998 y que pueda ser un número incluso superior. Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, el fervor inmatriculador sufrido por el Arzobispo Elías Yañez en su archidiócesis de Zaragoza durante los años 80, que no dejó prácticamente ningún bien sin inmatricular, e incluso inmatriculó alguno que ya lo estaba. Además de parcial, dicho listado es meramente numérico, queda por conocer la información registral de dichos bienes, para poder saber exactamente de qué bienes se trata y ejercer las acciones necesarias para su reversión al dominio público.
Pues bien, en la primavera de 2019, la asociación MHUEL recibió alentadoras palabras del Sr. Gimeno, el entonces Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón en el sentido de que se iba a recabar a los Registros esta información.
Palabras
alentadoras que las inmediatas elecciones diluyeron en el olvido y
que su sucesor en el cargo el Sr. Pérez Anadón, se muestra
extraordinariamente remiso a recordar. Por cuatro veces se le ha
solicitado que se reúna con la asociación para tratar de este
asunto y otras tantas ha dado la callada por respuesta.
¿Cuál
puede ser el interés del Gobierno de España y el de Aragón para
escamotear a la ciudadanía una información de tal importancia y
envergadura?
¿Puede
ser que en las negociaciones con el Vaticano que está manteniendo el
Gobierno, estos bienes, o al menos algunos de ellos, se estén
utilizando como moneda de cambio?¿A este cambalache se refería el
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su discurso de investidura
cuando decía que establecería un nuevo
marco de relación con laIglesia
Católica que
garantizara la
laicidad del Estado.?
Un Gobierno que tiene el Laicismo como un principio esencial de su programa no puede por más tiempo mantener este escándalo monumental oculto. Es hora ya de que la izquierda de este país cuando llega al Gobierno deje de tratar a la Jerarquía católica con un temor reverencial absolutamente impropio de los representantes democraticamente elegidos de un Estado de Derecho.
Las asociaciones Europa Laica
y Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunican que han sido notificadas
por la Audiencia Nacional de la imposición de costas procesales en el
procedimiento 204/2014 referente al recurso contra la concesión de la medalla
de oro al mérito policial a Nuestra Señora Santísima Virgen del Amor por parte
del anterior Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Europa Laica y MHUEL muestran
su sorpresa al recibir las citadas costas que ascienden a 2.464 euros al haber
transcurrido un tiempo excesivo desde el fallo judicial y máxime cuando ya el
Tribunal Supremo impuso las desproporcionadas costas de 4000 euros por la misma
causa . No dudamos que se haya actuado conforme a derecho y dentro de los
plazos máximos para su ejecución, pero tampoco dudamos de un criterio de
actuación caprichoso y oportunista para gravarnos económicamente con el fin de
que desistamos en futuras acciones judiciales.
En el más que surrealista
periplo judicial de la concesión de la más alta condecoración policial a una
Virgen se han sufrido retrasos incomprensibles, cambios de sala y curiosas
maniobras de la abogacía del Estado que
iban más bien encaminadas a defender la confesionalidad del Estado que el
principio constitucional de aconfesionalidad; tampoco ha causado excesiva extrañeza siendo el
titular de interior el polémico y visionario Jorge Fernández Díaz y que a
posteriori ha confirmado con sonadas actuaciones e increíbles declaraciones.
La abogacía del Estado ha actuado en contra
de los principios de aconfesionalidad del Estado y las costas disparatadas de 4.000 euros del Tribunal Supremo y los 2.464 euros de la
Audiencia Nacional parecerían más una multa no declarada para hacer desalentar
futuras impugnaciones en favor de la garantía de libertad de conciencia
Mientras a nuestras asociaciones se las
condena con el pago de injustificadas costas procesales
en procesos judiciales que buscan restaurar el principio de confesionalidad del Estado
es éste precisamente quien viola
diariamente este principio , financiado ampliamente las instituciones religiosa
y particularmente a la Iglesia católica que recibe más de 11.000 millones de
euros cada año de financiación pública y los principales ayuntamientos e
instituciones el Estado como la Policía
y las Fuerzas Armadas invocan su protección a los símbolos católicos,
imponiendo a toda la ciudanía esta simbología particular.
Europa Laica y MHUEL exigen al gobierno
que tome iniciativas en garantizar el principio de no confesionalidad
del Estado y llama a los grupos parlamentarios para que tomen iniciativas en
ese mismo sentido ya que ni en la ley de
educación, ahora en tramitación, ni en los
Presupuestos Generales del Estado vemos
que se tomen iniciativas para ni siquiera limitar los privilegios de la iglesia católica en nuestro país.
El pasado 16 de julio, nuestro
Estado celebró por primera vez un homenaje, a las víctimas del Covid-19, no
confesional, el primer gran
acto de Estado laico en un país que lleva siéndolo 42 años. Dicho acto ha
servido para demostrar que se puede homenajear a las víctimas de una gran
tragedia como la vivida sin tener que recurrir a fórmulas injustas para la
mayoría plural de este país.
Recordamos que el actual gobierno no
juró su cargo delante de biblia y crucifijo como, debiera haberse hecho desde
1978.
La sociedad española está
secularizada, incluso por encima de la media de algunos países europeos (cada
vez más, lo expresan todos los estudios de opinión).
Por contra, el próximo domingo 26 de
julio, el Arzobispado de Zaragoza ha convocado un funeral católico en el Pilar,
al cual ha invitado a los y las Concejalas de nuestro Ayuntamiento.
No es una novedad, días atrás, se han
celebrado en iglesias católicas todo tipo de funerales por las víctimas, sin
tener en cuenta las creencias o no de éstas, fueran católicas, musulmanas o
ateas, menoscabando la libertad de conciencia que debería regir un estado
democrático.
Debemos recordar a nuestro Alcalde que,
desde la promulgación de la Constitución Española, desde la publicación de su
art. 16.3 rige que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.”, se supone que
somos un estado aconfesional, pese a ellolos poderes públicos siguen asistiendo y organizando actos confesionales
católicos, olvidando que son representantes de toda la ciudadanía, sea ésta de
una religión u otra o ninguna.
La sociedad se ha secularizado, en
las últimas encuestas del CIS, un treinta y cinco por ciento por ciento de la
población se declara no creyente, frente a un veinte por ciento de católicos
practicantes, si le sumamos un tres por ciento de creyentes de otras
religiones, se obtiene que los actos confesionales de las administraciones
públicas, aconfesionales sobre el papel, discriminan a un treinta y ocho por
ciento de la ciudadanía.
El vigente Reglamento de Protocolo
del Ayuntamiento de Zaragoza tasa los actos confesionales a los que debe acudir
la Corporación Municipal, entre estos no está lógicamente el del próximo
domingo.
Varios han sido los intentos de
adecuar el referido Reglamento de Protocolo a la realidad de las libertades,
especialmente la de conciencia, en nuestra ciudad; fracasando por la negativa a
modernizarse de determinados grupos políticos vinculados a un catolicismo que
tiene su origen en el franquismo. El
último, paralizado por la supuesta creación de una comisión para abordar la
modificación de dicho reglamento de la que nada se sabe desde hace un año.
Los homenajes merecidos a nuestros
conciudadanos y conciudadanas fallecidas por el Covid-19 deberían mostrar una
unidad social de reconocimiento por parte de la población, unidad social que
este tipo de funerales hace imposible.
Existen alternativas, los homenajes
laicos de Estado existen y se pueden hacer, como ha demostrado el Gobierno de
España.
El Ayuntamiento de Zaragoza debería
organizar un homenaje laico municipal a TODAS las víctimas del Covid-19, cuando
las circunstancias lo permitan.
Ante la falta de información por parte del Ayuntamiento de Zaragoza , grupos políticos y funcionarios de la casa que nos comunican hoy viernes día 12 de junio de 2020 que no saben » absolutamente » nada sobre la participación de la Corporación Municipal el próximo domingo día 14 de junio en la celebración de la fiesta del Corpus Christi :
PROCEDEMOS A ANULAR Y DESCONVOCAR LA CONCENTRACIÓN PREVISTA PARA ESA FECHA
Sí la Corporación asiste el domingo día 14 de junio a la misa pontifical programada para las 12h en la Basílica del Pilar ; lo hará conculcando el propio reglamento de protocolo municipal , de tapadillo y sin derecho a la información de una institución pública ; cuestión que MHUEL abordará si se produce.
Atentamente MHUEL
MHUEL Movimiento Hacia Un Estado Laico NIF G- 99237299 Registro Asociaciones D.G.A. 01-Z-2458-2009Presidente Jorge García González mov 629 469 437 Vicepresidenta Nélida Otin Zamora mov 653 78 33 07 mhuelaicismo@gmail.com Web mhuel.org Twiter @MHUEL_
Un año más os volvemos a convocar con motivo del humillante » paseillo de sumisión » que realiza la Corporación Municipal de Zaragoza el día de la celebración del Corpus Christi cuando procede a salir en comitiva con todos los símbolos de representación institucional desde la casa consistorial a la Basílica del Pilar para asistir a la misa pontifical.
Nada objetamos dentro de la libertad de culto y creencias la participación de l@s concejales zaragozanos a título individual en su ámbito privado de actuación , pero revestidos de banda , insignia y estandarte de la ciudad ; no hacen más que usurpar la representación plural hacia una determinada confesión religiosa y menoscabar el artículo 16.3 de la Constitución Española que declara el principio de aconfesionalidad del Estado : » Ninguna confesión tendrá carácter estatal «.
El Corpus Christi es una celebración religiosa inherente a un dogma de fe , por lo tanto no es asumible ni comprensible la participación de una Corporación Municipal en dicho acto sin un deterioro evidente de los principios democráticos que representa el laicismo que aboga por la neutralidad absoluta de los poderes públicos en materia religiosa y actos de marcado signo confesional.
No pedimos imposibles desde posiciones maximalistas , solo recordamos la debida conducta y compostura constitucional que debería regir en nuestros representantes públicos en el siglo XXI ante la realidad de una sociedad plural y secularizada que no obedece a panfletos , alardes y representaciones más propias del nacional catolicismo.
Día : Domingo 14 de junio
Hora : 10 h 15´ Lugar : Plaza del Pilar / Puerta del Ayuntamiento de Zaragoza
Asistencia : Con mascarilla y guardando 2 mts de espacio
Atentamente
MHUEL Movimiento Hacia Un Estado Laico NIF G- 99237299 Registro Asociaciones D.G.A. 01-Z-2458-2009
Presidente Jorge García González mov 629 469 437 Vicepresidenta Nélida Otin Zamora mov 653 78 33 07
Quien desee aportar a la Iglesia Católica o a fines sociales PUEDE HACERLO de su propio bolsillo, no con los impuestos GENERALES.
LAS CASILLAS DEL IRPF PARA LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEBEN DESAPARECER MIENTRAS TANTO, NO MARCAR NINGUNA DE LAS DOS: NI A LA IGLESIA CATÓLICA, NI A FINES SOCIALES
En tu declaración de la Renta, no marques ninguna de las dos casillas: ni a la Iglesia católica, ni a fines sociales. Si al presentar la declaración por Internet te sale un aviso de que no las has marcado, no lo tengas en cuenta, es una medida más para favorecer que se marquen, pero es válido NO MARCAR NINGUNA. Si en el borrador aparece alguna marcada (guarda lo del año anterior) puedes modificarlo. Si lo hace en Hacienda o mediante un gestor, no olvide indcarle que NO marque ninguna.
Las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos Europa Laica considera inexcusable la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los de 1992 con otras confesiones religiosas y cualquier otra legislación de privilegio.
Marcar la casilla a la Iglesia católica o Fines Sociales resta de la caja común del Estado el 0,7% de la cuota de tu declaración (el 1,4% si se marcan las dos), reduciendo los ingresos para Servicios Públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.) a costa de beneficiar a organizaciones particulares como la Iglesia católica y ONGs. Así se quebranta el principio de que toda la ciudadanía debe contribuir a sostener los gastos públicos según su capacidad (Art. 31 CE). Asegúrate que el borrador de tu declaración no viene con alguna casilla marcada: tienes derecho a no marcar ninguna, así toda la cuota de tu declaración va íntegra a la caja común del Estado.
Por qué no marcar la casilla de ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA
Porque subvenciona a la Iglesia católica con el dinero de todos y todas. Se vulnera el principio aconfesional de que ninguna religión tendrá carácter estatal (Art. 16 CE) y el de no discriminación por razón de creencias (Art. 14 CE). En los últimos años, el 68 % de las/os contribuyentes no marcan esta casilla. Quienes marcan están quitando unos 285 millones de euros al año del común para engrosar las arcas de la Iglesia católica. LA IGLESIA CATÓLICA ENGAÑA EN SU PUBLICIDAD
Estos millones pagan los salarios y seguridad social del clero y obispos, una reducida parte es para gastos generales, campañas publicitarias y el financiamiento de TRECE TV, y tan solo el 2-3% (unos 6 M€) es lo que se destina a la actividad asistencial de CÁRITAS.
Por qué no marcar la casilla de ASIGNACION TRIBUTARIA A FINES DE INTERÉS SOCIAL
Porque es deber del Estado atender estos fines, sin depender de cuántas/os contribuyentes la marquen, o cuál sea la renta de quien lo haga. Subvenciona a ONGs que pueden ser contrarias a nuestra voluntad o no ser de interés general. Unos 330 M€ al año salen de esta casilla, y de ellos 115 millones de euros van a organizaciones afines a la Iglesia católica; por ese motivo ésta anima a marcar las dos casillas.
LA ATENCIÓN A FINES DE INTERÉS SOCIAL DEBE FORMAR PARTE DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
LA IGLESIA CATÓLICA NO SOLO OBTIENE INGRESOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL IRPF CADA AÑO. ENTRE TODA LA CIUDADANÍA FINANCIAMOS:
400 M€ POR LAS CASILLAS DE LA DECLARACIÓN IRPF (285 millones de € directos + 115 millones de € a través de sus ONGs. 5.400 M€ SUBVENCIÓN A LA ENSEÑANZA CONCERTADA CATÓLICA + NÓMINAS DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN 2.900 M€ SUBVENCIÓN A LA OBRA SOCIAL Y ASISTENCIAL+ SUBVENCIÓN A LA ATENCIÓN HOSPITALARIA 600 M € MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO La Iglesia católica ha inmatriculado más de 100.000 bienes que de- ben restituirse al dominio público. Además, se apropia de los ingresos de las entradas y visitas que no declara ni tributa. 300 M€ SUBVENCIONES A EVENTOS RELIGIOSOS,#SALARIOS DE CAPELLANES, ETC. 2.000 M€ EXENCIONES FISCALES La Iglesia católica está exenta de pagar impuestos como el IBI por sus miles de inmuebles. Tampoco paga el impuesto de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actividades económicas, actos jurídicos, etc., lo que se traduce en subvenciones indirectas.
MÁS DE 11.600 M€ CADA AÑO* DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA LA IGLESIA CATÓLICA Los sucesivos gobiernos del PP y PSOE son responsables de mantener esta situación de privilegio sin fiscalización ni transparencia.
*Estimación de Europa Laica a partir de distintas fuentes y datos oficiales.
EL GOBIERNO DEBE RENDIR CUENTAS DE ESTA FINANCIACIÓN#Y HA DE EXIGÍRSELA A LA IGLESIA CATÓLICA
RECORTES EN SERVICIOS SOCIALES Más de 20.000 M€ entre 2009-2015 en recortes en educación, sanidad y otros servicios sociales. Mientras, subvenciones públicas para la Iglesia católica: sin NINGÚN RECORTE… ¡COMO UN PARAÍSO FISCAL!
La laicidad del Estado es un principio necesario para la convivencia democrática en igualdad en una sociedad que es plural. Europa Laica es una organización de ámbito estatal#que defiende la libertad de conciencia y de pensamiento de las personas. Exigimos la separación entre Iglesia y Estado y la neutralidad del Estado respecto a las distintas convicciones, sean religiosas o de otra naturaleza. Europa Laica no solicita ni recibe subvenciones. Nos financiamos solamente con las cuotas de las personas asociadas y a través de la colaboración ciudadana.
Contacto: info@europalaica.org
¡ASEGÚRATE DE QUE EN TU DECLARACIÓN NO ESTÁN MARCADAS ESAS CASILLAS!
EUROPA LAICA; POR LA DENUNCIA Y DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA IGLESIA CATÓLICA
