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¿Si no es de nadie lo pongo a mi nombre?

 

04/11/2013 El periodico de Aragon

 

La Iglesia registró en 2006 a su nombre como catedral la mezquita de Córdoba, por 30 euros. Una propiedad que no paga IBI y en la que se cobra entrada. Ha sido la más sonada de las inmatriculaciones –atribuirse propiedades sin dueño conocido–, pero no la única. En Navarra se han detectado más de 1.200 y está por conocer cuántas en otros lugares. No es fácil, ya que ese trámite no es necesario comunicarlo. Pero las instituciones civiles están obligadas a velar por el patrimonio común, aunque no estén mostrando demasiado interés en la campaña lanzada por organizaciones laicas.

Los laicistas investigan los bienes registrados por la Iglesia en Aragón

El PP negó la información hasta tres veces en el Congreso a preguntas de La Izquierda Plural. La ley permite a la institución católica atribuirse propiedades sin dueño conocido, sin comunicarlo

 

F. MANTECÓN 03/11/2013 El periodico de Aragon

Como Pedro negó a Jesús, tres veces, así el Gobierno de Rajoy declinó el año pasado, hasta en tres ocasiones, ofrecer información a preguntas del diputado de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, sobre los bienes que posee las diócesis de la Iglesia Católica en Aragón, particularmente los que ha registrado desde 1998. La comunidad perdió así la vía política para engancharse a la lucha que desde hace cinco años mantienen muchos pueblos de Navarra, a los que el Gobierno anterior sí ofreció en su día esta información: descubrieron así que la Iglesia había inscrito a su nombre hasta 1.200 propiedades de la comunidad foral, que desde entonces los ayuntamientos luchan por recuperar.

Ante el bloqueo político, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) en Aragón se ha propuesto conseguir, por vías más tortuosas, la información sobre estos bienes. No es, insisten, por atacar a la Iglesia, sino porque la legislación en la que se ampara la institución para registrar bienes a su nombre atenta, a su juicio, contra la aconfesionalidad del Estado.

EN NAVARRA

La polémica de las inmatriculaciones –término que se refiere a la primera inscripción de un bien en el registro– surgió en Navarra, aunque hay ejemplos polémicos por toda España. En Aragón hay pocos, en gran parte debido a la falta de información.

El problema deriva del cambio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, llevado a cabo en 1998 por el Gobierno de José María Aznar sin someterlo a votación. Hasta entonces, la Iglesia ya tenía potestad para inscribir a su nombre, y sin comunicarlo a la Autoridad –es decir, con el obispo o arzobispo ejerciendo de facto como notario–, los bienes que considerase suyos y no tuviesen propietario conocido. Pero había una excepción, la de bienes de culto. El PP eliminó esa salvedad.

Según explica el decano del Colegio de Notarios de Aragón, Francisco Pizarro, el régimen especial de inscripción del que goza la Iglesia, al mismo nivel que ayuntamientos u otras administraciones públicas, no es una barra libre, pero sí tiene requisitos “más laxos” que los procedimientos habituales para adjudicarse un bien. En Navarra, han utilizado argumentos como que les pertencen “desde tiempo inmemorial” o que fueron levantados “por el pueblo de Dios”.

Según explica Pizarro, tras el registro existe un periodo de dos años para presentar alegaciones. El problema es que, al no existir obligación de dar publicidad a este registro, los ayuntamientos no pudieron protestar. Simplemente, no lo sabían. Tras 20 años llega la prescripción, y el bien pasa a integrar, de forma prácticamente blindada, el patrimonio de la Iglesia. En la comunidad foral ya ha habido casos en los que se han vendido bienes inscritos con el procedimiento, comprados por 20 o 30 euros.

Al destaparse el escándalo en la comunidad vecina, MHUEL mantuvo contactos con los grupos políticos aragoneses para interesarse por la iniciativa, mientra a nivel nacional algunos grupos –el PSOE llegó “deliberadamente tarde”, según denunció Europa Laica– se movilizaban para derogar o cambiar el artículo 206. Pero el Senado tumbó la iniciativa.

El Gobierno de Rudi informó al diputado Luis Soro de que no tenía la información que le solicitó –lógico, al no tener que comunicárselo–, aunque sí conocían un ejemplo. En el Congreso, Chesús Yuste tuvo aún menos fortuna. El Gobierno le contestó primero que los registros no eran de su competencia; al recordarle que sí estaban bajo el control de Justicia, argumentó que la Ley de Protección de Da-

Los ayuntamientos reclaman bienes inmatriculados y el pago del IBI a la Iglesia

Solo en Navarra han sido inmatriculadas más de 1200 propiedades por la Iglesia

Vecinos han observado como la Iglesia inmatricula ermitas levantadas y mantenidas por el pueblo

Las comunidades tratan de contabilizar los inmuebles adquiridos tras estos privilegios fiscales

Laura Bautista

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“La Iglesia es un paraíso fiscal”. Así valora Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, los diferentes privilegios que el Estado español otorga a los eclesiásticos. Aunque algunos de estos beneficios se remontan décadas, incluso predemocráticas, es ahora, cuando la crisis ha dejado las arcas municipales tiritando, cuando numerosos pueblos españoles se han topado con la congregación religiosa y el derecho que la ampara. Varias regiones han descubierto que algunas propiedades que creían de su patrimonio, en ocasiones construidas o conservadas por los propios vecinos, son ahora dominio de la Iglesia.

Pocos conocían el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 hasta ahora, que ha pasado a ser la causa de un auténtico revuelo. Esta ley, que amplió sus atribuciones con el gobierno de José María Aznar en 1998, legitima el poder de la Iglesia de inscribir como dominio suyo cualquier inmueble o terreno que no tenga propietario registrado. Cualquier ciudadano se vería obligado a acudir a un notario, pero en este caso la Iglesia se vale por sí misma, ya que un obispo puede ejercer como fedatario público, es decir, puede dar fe de este certificado de propiedad y hacerlo efectivo. Gracias a esta particularidad la Iglesia ha procedido a la inmatriculación de cerca de 1.200 bienes que se encontraban sin registrar desde 1998 hasta 2007.

Según ha descubierto la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, las inmatriculaciones son una práctica muy habitual para la curia. Precisamente esta organización fue la que destapó la polémica costumbre de la Iglesia de vincular a su nombre propiedades sin registrar. Tras un proceso parlamentario, en Navarra han logrado que se realice un inventario de los bienes pertenecientes al arzobispado de Pamplona y obispado de Tudela y el resultado ha sido tan sorprendente como controvertido. Entre 1998 y 2007, además de lugares de culto, han pasado a sus manos fincas, terrenos de pasto, viñas, almacenes, viviendas, trasteros, etc. La lista de propiedades de las que se ha adueñado la Iglesia supera el millar de terrenos, muchos sin ningún fin religioso. “Extienden a lugar de culto todo tipo de propiedades”, asevera Picó, “de esta manera legitiman el registro de cualquier terreno”.

Lo mismo ocurrió en Aragón, donde buscaron hasta con tres preguntas parlamentarias en el Congreso el listado de bienes adjudicados a la Iglesia. No se obtuvo resultado. La respuesta del Ministerio de Justicia a la consulta del diputado Chesús Yuste, miembro del partido nacionalista aragonés Chunta Aragonesista, fue tajante: “En el Ministerio de Justicia no se dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”. Esta es la primera traba con la que se ha encontrado la comunidad, que ha paralizado todo el proceso por considerar que hacer dichas averiguaciones es como “buscar una aguja en un pajar, tendríamos que consultar finca por finca”, asegura Jorge García, portavoz de Movimiento Hacia Un Estado Laico de Aragón. “El hecho de que una religión tenga atribuciones estatales es contradictorio e ilegítimo”, añade. García cree que este ocultismo de los datos supone una barrera importante. “Es una trampa”, asegura García, “existen intereses enfrentados y una gran falta de transparencia”.

“La mayor propietaria de España”

En este asunto, la Conferencia Episcopal Española remiten al monográfico sobre su financiación, aunque los datos más recientes que ofrecen son de 2010. “No tenemos constancia de los conflictos sobre IBI o inmatriculaciones”, se limitan a asegurar, y añaden que no es un tema de su competencia “sino de la diócesis correspondiente”. Así mismo, Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la CEE, sostiene que los privilegios son “una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas instituciones”, y considera que “es lógico que el Estado promueva e incentive, también fiscalmente, a quienes trabajan a favor del bien común.”

“La Iglesia Católica es la mayor propietaria en España, incluso por encima del Estado”, asegura Picó. Entre sus inmuebles se encuentra la Mezquita de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad, que ha sido inmatriculada, con el coste mínimo de tasas notariales. Sin embargo, para visitar este edificio hay que pagar entrada,  “con lo que recaudan hasta ocho millones de euros anuales”, cuenta el responsable de comunicación de Europa Laica.

En Guipúzcoa, el obispo ha registrado el solar de la catedral del Buen Pastor a su nombre, a pesar de haber sido un terreno cedido para la construcción del edificio en un acuerdo en 1887, donde quedaba claro que la propiedad del suelo era municipal y que, en el supuesto de que la Iglesia abandonase el uso, volvería a manos del ayuntamiento.

En una batalla legal se vieron envueltos también los vecinos de Ribadulla, una aldea gallega donde el Obispado de Lugo ha puesto en venta el terreno en el que se erige la pequeña capilla, que ellos mismo han conservado y financiado. Ante la negativa de los vecinos, el obispo les ha denunciado, además de dejarles durante cuatro meses sin misa. Algo parecido sufrieron los residentes de Lerga, Navarra, cuando en septiembre de 2011 el Obispado trató de inmatricular la iglesia de Albaiz. Tras las reiteradas quejas de los vecinos, se rectificó y el edificio pasó a ser propiedad municipal.

Otro de los inmuebles registrados según este procedimiento, fue el Hogar del Peregrino en Pamplona, que el ayuntamiento de la localidad tuvo que comprarle a la Iglesia para recuperar su uso público. El coste de este inmueble sostenía cifras cercanas al medio millón de euros, además de 2.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de una parroquia

 

Laura Bautista

 

 

Inmatriculaciones en Twitter(Contestacion del Ministerio)

El pueblo aragonés tiene derecho a saber cuantos bienes han podido inmatricular las diócesis aragonesas , así como también tenemos derecho a una información transparente por parte del gobierno de la nación.
Cualquier traba que entorpezca estos derechos , solo producen déficit democrático , descrédito de las instituciones y aumentan la sensación de privilegio para la Iglesia Católica por parte del Estado , cuestión que evidencia a todas luces el incumplimiento del principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de nuestra vigente constitución ,otorgando un comportamiento de facto de vivir en un Estado y en una sociedad basada en el Nacional-Catolicismo.

    Agradecemos públicamente a los grupos de Izquierda Unida en Aragón y de Chunta Aragonesista y a su diputado común Chesús Yuste el trabajo que están realizando y les animamos a que no cejen en el empeño de seguir luchando en este tema.

Contestacion Ministerio solicitud inmatriculaciones

El ayuntamiento [de Pamplona] se posiciona en contra de los beneficios fiscales a favor de la Iglesia

Os recomendamos el siguiente enlade de un amigo , simpatizante de MHUEL y concejal por el PSN en el ayuntamiento de Pamplona  Jorge Mori Igoa , sobre la iniciativa que han presentado en el Consistorio Pamplonica.

Desde MHUEL nos agrada muchísimo que los partidos políticos , en este caso el PSOE / PSN asuman las responsabilidades por y para la consecución de un Estado verdaderamente Laico acorde con nuestra vigente constitución y traten de expresar nítidamente que los privilegios de la Iglesia Católica en este País ( Concordato , inmatriculaciones , execciones de IBI etc ) son anomalías dignas de ser corregidas de una vez por todas.
Nos gustaría agradecer en nombre de Mhuel a Jorge Mori y a sus compañeros de partido por esta iniciativa tan justa y resfrescante.

El ayuntamiento [de Pamplona] se posiciona en contra de los beneficios fiscales a favor de la Iglesia y cualquier otra confesión, y contrario a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia.

Inmatriculaciones, programa de “Salvados”

Enlace al  excelente programa de “Salvados”, sobre las inmatriculaciones, que emitió la Sexta el domingo 22 de abril.
Ha sido récord de audiencia del programa, con 4,8 millones de espectadores.

Como veréis, es demoledor. Vale la pena verlo y divulgarlo.

http://www.lasexta.com/sextatv/salvados/completos/salvados__que_dios_te_lo_pague/603853/1

Aquí teneis el programa completo:

 

Si quieres más información sobre el tema no dudes en visitar el post ¿Qué son las inmatriculaciones? y la web de la  Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro

 

La apropiación del patrimonio navarro por el Arzobispado

El Arzobispado navarro ha inmatriculado desde 1998 y 2007 más de 1200 bienes del patrimonio de la comunidad apoyándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria -procedimiento abreviado- que permite al diocesano registrar lo que consideren de su propiedad sin necesidad de presentar títulos de propiedad que lo acrediten. Esta fiebre registradora -que le ha convertido en la primera inmobiliaria navarra- se dio especialmente con el Arzobispo Sebastián, aunque desde entonces no ha cesado. Cuando se registra es para poder vender, alquilar, hipotecar o cobrar por ver.

 

Tres son las explicaciones del Arzobispado con las que justifica tal proceder antievangélico: Que esos bienes pertenecen a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Que fueron levantados por el pueblo de Dios. Y que las inmatriculaciones se han hecho legalmente. Aunque no son totalmente inciertas dichas afirmaciones, trataré de explicar lo que no dicen y ocultan.

 

Si a la Iglesia pertenecen todos los creyentes, no se entiende que la administración de los bienes y en este caso las inmatriculaciones, se hayan realizado por parte de la Jerarquía navarra con nocturnidad y alevosía a espaldas de la comunidad católica, de los propios párrocos y de los Ayuntamientos.

 

La Jerarquía Eclesiástica local responde ante la Conferencia Episcopal Española y esta a su vez ante el Vaticano, un estado extranjero. Por tanto, los bienes registrados en Navarra en última instancia pertenecen a Roma. Nadie puede asegurarnos que la venta de parte de ese patrimonio no se haya gastado en procesos judiciales e indemnizaciones por pederastia que a la Iglesia le han costado 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

 

Recordemos que la mayoría de los bienes registrados fueron levantados por el vecindario o sus instituciones dentro Antiguo Régimen, siguiendo con esa práctica posteriormente. Ese se caracterizaba por ser feudal, confesional y carente de libertades democráticas que garantizasen la libertad de credo o laicidad. Ser católico no era una elección voluntaria, sino una obligación impuesta. Por tanto, ese patrimonio que levantó “el pueblo de Dios” no se puede asegurar que lo hiciesen solamente los católicos y tampoco que fuera voluntariamente.

 

Algunos templos y cementerios los construyeron dentro de sus propiedades los ricos hombres y la nobleza para conseguir beneficios económicos. Estos contrataban y pagaban a los clérigos para que oficiasen misas, bautizos, bodas… Ese patrimonio fue pasando a sus descendientes y en algunos casos vendido a los pueblos. Los Monasterios y Catedrales fueron construidos y mantenidos por las monarquías locales y en la actualdad por el Gobierno de Navarra en nuestra comunidad, naturalmente con los impuestos recaudados al vecindario. Los templos parroquiales fueron levantados y mantenidos por el vecindario de las parroquias, que eran agrupaciones vecinales encargadas del gobierno local, incluido también el religioso (todavía se conserva esa denominación en Galicia). Así construían y mantenían fuentes, lavaderos, frontones… como levantaban y administraban los templos con el diezmo y la primicia que cobraban en especie a los parroquianos. Posteriormente fueron los Ayuntamientos que sucedieron a las parroquias en la administración, los que siguieron haciendo dicha labor de gobierno hasta nuestros días. El pago del diezmo y la primicia no siempre se hacía de buena gana y al que se negaba se les presionaba con no entregarle el lote vecinal de leña o la parte del comunal correspondiente.

 

Los templos parroquiales desde su construcción fueron infraestructuras vecinales que además del culto albergaban batzarres vecinales y municipales, almacenaban documentos del Registro, hacían de cementerio, sus campanas tocaban en caso de incendio y también servían de defensa en momentos de ataques externos, por tanto las iglesias además de impartir el culto, hacían de infraestructuras.

 

Las inmatriculaciones por parte del Arzobispado han sido “legales”, pero ¿de donde le viene esa cacareada legalidad a la Iglesia española? Tirando de la historia vemos que fue la República francesa la primera que hizo una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado. En España la primera República limitó los privilegios feudales de la Iglesia. Posteriormente hubo periodos de avances y retrocesos por los diferentes gobiernos y no fue hasta la segunda República a partir de 1933 cuando se llevó adelante las reformas que la sociedad demandaba: la libertad de conciencia y culto en ruptura con el anterior Antiguo Régimen. Esta eliminó el presupuesto para el clero y culto, disolvió las órdenes religiosas convirtiendo sus bienes en propiedades públicas, les prohibió la enseñanza, expulsó y expropió a los Jesuitas, profundizando en un estado laico al margen de cualquier creencia religiosa.

 

El golpe de estado franquista del 36 contra la República legalmente constituida, fue apoyado por la Iglesia a nivel económico, legitimándolo ética y moralmente, arengando desde los púlpitos a participar en la guerra y en algunos casos con participación directa. El dictador Franco recompensó a la Iglesia por su apoyo y servicios con la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1946. Con esa legalidad surgida de una evidente ilegalidad, les permitió inmatricular todo tipo de bienes -no de culto- que no estuviesen registrados. No se conoce la cuantía de estos pero debieron ser numerosos con un valor incalculable. Posteriormente en 1998, el ínclito Aznaz reformó el Reglamento Hipotecario ampliando las inmatriculaciones a los edificios de culto, con lo que se cierra el ciclo “legal”, o más bien ilegal de usurpación del patrimonio por parte de la Iglesia Católica. A esto habría que añadir el sostenimiento de la Dictadura franquista durante cuarenta años por parte de la Iglesia. Las hemerotecas testimonian el Nacional Catolicismo y guardan documentos de los obispos españoles saludando brazo en alto y también paseando al dictador bajo palio. Todo esto contradiciendo la doctrina de su fundador, Jesús de Nazaret.

 

No se puede considerar constitucional el que en un estado aconfesional como es el español, una ley ponga al diocesano al mismo nivel que a los representantes de las instituciones democráticamente elegidas y les permita inmatricular bienes sin demostrar su pertenencia. Todo ese patrimonio usurpado “legalmente” debería revertir a sus verdaderos propietarios, el pueblo llano que los levantó y conservó y a sus representantes legales, los Ayuntamientos y el Gobierno de Navarra.

La iglesia católica española es inmensamente rica, contrastando con la pobreza y humildad del Jesús de Nazaret. Posee innumerables inmuebles rústicos y urbanos (algunos de los cuales fruto de expolios), bienes mobiliarios, artísticos y suntuarios de todo tipo. El Estado le permite injustificadamente la opacidad de sus cuentas, así como de las operaciones y transacciones económicas y, además, vive en un paraíso fiscal presuntamente ilegal. Todo esto debería cambiar con la eliminación del vigente Concordato.

 

Juan del Barrio

DNI 15735675

Miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro

 

En nombre de Dios, vergonzoso…

Artículo escrito por Juan del Barrio, de la Plataforma de Defensa del patrimonio Navarro.

La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de culto de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro fue que, disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura ni existen baños y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.

Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado. Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral.

Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año: una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy.

 Juan del Barrio

¿Qué son las inmatriculaciones?

La “inmatriculación” es una figura legal (aunque algunos opinamos que se puede hacer de ella un uso inmoral) que permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad  bienes que no estén inscritos con anterioridad, al amparo del art. 206 dela Ley Hipotecariadel 8 de febrero de 1946 y al Decreto Ley de José María Aznar de 1998, en el que se equiparaba a la I.C. con las Corporaciones de Derecho Publico, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a inmatricular son de su propiedad.

Amparados en esta figura legal, están amasando un inmenso patrimonio inmobiliario, exento de impuestos, que tiene como dueño las Diócesis, dependientes de la Conferencia Episcopal Española, y esta a la vez del Vaticano, un estado extranjero.

Y, legalmente, pueden hacerlo, y lo está haciendo, no solo con iglesias y ermitas (pagadas y mantenidas con los dineros de los habitantes del entorno mediante impuestos -los diezmos- o donaciones) sino también los terrenos, casas, fincas, prados o predios que consideran como suyos por cualquier circunstancia. Y también pueden una vez escriturados, si lo desean, venderlos.

La plataforma por la Defensa del Patrimonio de Navarra, tiene constancia de ello, tras constatar la inmatriculación de mas de 1000 bienes en su provincia.

MHUEL (Movimiento Hacia un restado Laico), ha logrado que CHA e IU pregunten al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Justicia que está pasando en Aragón. Estamos a la espera de la comunicación de dicho ministerio, pero las Cortes de Aragón dicen solo saber de un caso en Calatayud, una finca rústica lindante con la carretera. Para ejemplo, un botón. Pero Mhuel teme que lo ocurrido en Navarra ocurra en Aragón, y nos encontremos miles de propiedades puestas a nombre de la I.C., sin saberlo ni curas ni feligreses, y que a poco que se descuiden, saldrán a la venta pública. Ejemplos ha habido.

El reportaje de tve “Con la iglesia hemos topado” describe la situación que están sufriendo en algunos pueblos.