Artículo publicado en el número 111 de la revista «Padres y Madres de alumnos y alumnas» de la Confederación Españolade Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos-CEAPA

¿Por qué una escuela laica?

Nuestra sociedad está inmersa en un proceso de secularización, racionalización y modernización. Aunque nos pueda parecer un movimiento reciente, no lo es en absoluto, si tenemos en cuenta que ya en 1931la II Repúblicaquiso aplicar en España las leyes laicistas que estaban en vigor en Francia desde 1905, proponiendo que los creyentes sufragasen los gastos de la Iglesia, y que el Estado no otorgase privilegios ni tratos de favor a ninguna confesión religiosa. El resultado es conocido por todos.

El laicismo responde al derecho que tiene toda persona a ejercer la libertad de pensamiento y de conciencia. Sin embargo, este término se utiliza con frecuencia para definir de modo peyorativo a ciudadanos a quienes se tacha de anticlericales y faltos de valores, cuando lo que hacen es exigir a sus gobernantes que actúen de forma consecuente con nuestra Constitución, separando las cuestiones de Estado de las religiosas. Estos ciudadanos no son necesariamente de izquierdas ni de derechas, no son anticatólicos, ni anticristianos, ni antimusulmanes, ni antijudíos, y no están en contra de religión alguna, prueba de ello es que muchos ciudadanos que se autodefinen laicos son practicantes de alguna confesión religiosa.

En ocasiones se hace un uso manipulado del término “laicismo”, y se le añade un adjetivo según la conveniencia, denominando “laicismo agresivo” al pensamiento de todo aquél que manifiesta abierta y públicamente su rechazo a la financiación de confesiones religiosas con dinero público, y llamando en cambio “laicismo positivo” a la práctica por parte del Estado de financiación de todas las confesiones religiosas. Se hace con ello un uso engañoso y contradictorio del lenguaje, ya que la laicidad no es positiva, ni negativa o agresiva, la laicidad siempre pretende la separación del Estado de las confesiones religiosas y supone el respeto absoluto entre creyentes y no creyentes.

“Sin laicidad no hay libertad”

Esta frase contundente permanece en mi memoria y me impactó cuando la pronunció una doctora en derecho constitucional en una mesa redonda sobre legislación, laicidad y educación. Allí se habló del papel de los padres respecto a la libertad de conciencia a la que tienen derecho nuestros hijos e hijas según nuestra Constitución.

Cuando escolarizamos a nuestros hijos e hijas, su personalidad se encuentra en pleno proceso de formación, y ésta sólo puede forjarse libremente si tanto su educación familiar como escolar se fundamentan en los principios de objetividad, pluralidad y carácter crítico. Se trata también de formar personas en valores humanistas y universales, para conseguir una sociedad plural y respetuosa conla diversidad. Pero¿respeta el sistema educativo la libertad de conciencia de los menores? Considero que no se respeta. ¿Qué habría que hacer?

Para empezar, el alumnado que no asiste a clase de religión, no puede seguir siendo marginado y postergado a perder el tiempo sin nada que aprender, recibiendo una atención simplemente asistencial. La presencia de la religión en la escuela además de afectar al funcionamiento del propio sistema educativo, afecta al sistema de relaciones humanas de la comunidad educativa, creando en ocasiones situaciones de conflictividad entre el profesorado al no quedar bien prefijados los límites de las competencias de hasta dónde deben llegar los contenidos y las actividades religiosas.

Tal y como está configurado nuestro sistema educativo, en lugar de respetar el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia del alumnado y del profesorado, se sigue manteniendo dentro del horario lectivo la impartición de creencias, dogmas y doctrinas que infunden valores contrarios a nuestra Constitución, utilizando el procedimiento de separar al alumnado dentro de la misma aula por grupos ideológicos.

Si esta práctica no debería tener cabida en un centro educativo, público o privado, más difícil de comprender resulta el hecho de que se financie con dinero público a colegios con ideario religioso que seleccionan al alumnado que acude a escolarizarse en ellos y ponen trabas a quienes pretenden no matricularse en religión, argumentando que las familias cuando solicitan la escolarización “ya saben que es un centro católico”. Estos centros “sostenidos con fondos públicos” se saltan el principio de igualdad que exige el concierto, ya que éste obedece a la falta de plazas escolares públicas en su zona y debe ofrecer las mismas opciones que un colegio público.

Algunos sectores justifican la permanencia de la asignatura de religión en el horario lectivo, así como la selección de alumnos por parte de los centros concertados, en una interpretación interesada del artículo  27.3 de la Constitución que dice que el Estado debe garantizar el derecho de los padres a dar a sus hijos una educación acorde con sus creencias. Nosotros debemos aclarar que, en ningún momento la Constitución dice que esa educación deba impartirse en los centros educativos y ni mucho menos en horario lectivo. Además, la carga horaria de la asignatura de religión es desproporcionada, y se imparte a costa de reducir otras materias como las enseñanzas artísticas, musicales, tecnología e informática a niveles ridículos.

Además, tenemos que preguntarnos dónde queda el derecho constitucional recogido en el art. 16.2 a no declarar en documento público sobre la ideología, religión o creencias, si el centro educativo me pide que marque una cruz en la casilla correspondiente a la religión que quiero o no quiero que curse mi hija.

Actualmente la insignia educativa de varios gobiernos autonómicos consiste en financiar con más de cuatro mil millones de euros a colegios con ideario propio, muy mayoritariamente católicos, bajo pretextos económicos insostenibles, en detrimento de los centros públicos, lo que supone un ataque constante a la escuela pública y su desmantelamiento progresivo. Lo que denominamos “recortes” muchas veces no se limitan al ámbito económico, pues a veces se también recortan derechos cuando se ponen trabas legales para ejercerlos: recortando la libertad de expresión; recortando libertad de conciencia, al fijar obligatoriamente contenidos curriculares adoctrinadores desde la más tierna infancia; recortando el principio de igualdad, al segregar al alumnado por creencias, sexo, etnia… y todo esto sucede en “centros sostenidos con fondos públicos”.

Es un modelo educativo que se está implantando con fuerza con discursos fáciles que aprovechan que “la crisis pasaba por aquí” para cuestionar si los servicios públicos deben ser gratuitos para quien los pueda pagar,  pretendiendo convertir la educación pública y gratuita en un sistema benéfico, con la consiguiente pérdida de calidad, recursos y prestigio. Pero este ya es un tema para otro artículo.

Jesús Salido Navarro, vocal por Aragón de la Junta Directiva de la CEAPA