Zaragoza, 10 de abril de 2015.- El Grupo Contra los Conciertos Educativos, compuesto por CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA, denuncia lo que está ocurriendo con la concertación de las aulas del nuevo colegio privado de Cuarte, ya que “desde el principio este proceso está marcado por irregularidades e incertidumbres que no hacen más que incrementarse con el paso del tiempo”.
Dicho colegio está promovido por un entramado de empresas y cooperativas con diferentes nombres relacionadas con ALFEDEL, empresa salpicada por la Operación Púnica, ya que es impulsora de 19 centros educativos en la Comunidad de Madrid, donde pagó presuntamente mordidas de hasta 1,2 millones de euros a Francisco Granados y a su socio, David Marjaliza, por cada colegio concertado que ponían en marcha.
En el caso concreto del colegio de Cuarte, los servicios jurídicos de esta plataforma están estudiando las presuntas irregularidades cometidas hasta la fecha ya que el colegio privado lo autoriza el Gobierno de Aragón a Ánfora, Sociedad Cooperativa Madrileña. Mientras el concierto educativo se autoriza provisionalmente a ANFORA Sociedad Cooperativa Aragonesa, sociedad que está actualmente “en constitución”. “Y por si fuera poco la empresa que se dirige al Ayuntamiento de Cuarte para solicitar una permuta de un viario público (permuta que ha sido denegada de momento por el Ayuntamiento) es otra, Yerhec aragonesa, S.A.”, denuncian.
Por otra parte, el pasado día 8 de abril se celebró la comisión de escolarización de infantil y primaria de Cuarte y a dicha comisión nuestra estimada Directora Provincial Montserrat Martínez invita al representante de Ánfora Aragonesa a asistir a la misma, algo que entendemos es totalmente irregular. En la misma se informa de que se van a eliminarse aulas en los centros públicos de esta localidad, a la vez que se conciertan 12 unidades en el nuevo centro privado. Desde el grupo contra los conciertos denuncian este hecho que pone nuevamente de manifiesto la política neoliberal del PP cuyo único objetivo es privatizar los servicios públicos y favorecer los beneficios de empresarios afines.
El supuesto requisito legal para autorizar el concierto a este colegio, ha sido el garantizar necesidades de escolarización según el Gobierno de Aragón, por lo que no se entiende que se supriman unidades de la Escuela Pública, salvo que ese sea el objetivo pretendido por esta Administración. “Además, continúan, nos preguntamos qué pasará con el colegio público Cuarte III cuyas obras deberían comenzar el curso que viene (según la propia previsión del Departamento de Educación) y cuya puesta en funcionamiento eliminaría el requisito sobre el punto básico para dar el concierto”. “Por lo que un gobierno salido de las urnas el 24 de mayo y comprometido con la Enseñanza Pública, podría paralizar la concesión del concierto a este colegio privado”, explican.
El Grupo Contra los Conciertos quiere denunciar que esta Administración haya incluido en el proceso de escolarización a un centro privado que a día de hoy está sin construir, sin personal, con tantas irregularidades desde el inicio de su proceso de autorización, y cuyos plazos para la autorización definitiva del concierto terminan días antes del comienzo del próximo curso escolar.
“¿Qué pasará si a finales de agosto no cumple con las condiciones exigidas?, ¿por qué tanta prisa en concertar este centro, cuando previsiblemente va a haber un cambio de gobierno?”, se preguntan.