La asociación MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) ha conocido con indignación el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el que se suspende cautelarmente el horario establecido para la asignatura de Religión en el curriculum aragonés de Primaria. La DGA establecía 45 minutos a la semana, y el TSJA ha decidido dejar el horario en los 90 minutos del curso anterior.
La LOMCE no establecía ningún horario mínimo para la religión. De hecho el Ministerio de Educación del Partido Popular, dirigido por el Sr. Wert, estableció para el territorio de su competencia un horario para la religión idéntico al propuesto por el Gobierno de Aragón, un horario que sigue vigente en la actualidad sin que obispos ni profesores hayan reclamado judicialmente su modificación.
Nueve comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, han establecido horarios de religión inferiores al que los obispos reclaman para Aragón y ningún tribunal ha dictado medidas cautelares.
A nuestro juicio, la enseñanza de la Religión en las escuelas es discriminatoria, ayuda a la segregación por motivos religiosos y equipara dogmas indemostrables con conocimientos científicos (los lunes creemos en dios y los martes en Darwin). En el fondo de esta cuestión subyace el Concordato franquista de 1953, modificado en 1976 y 1978, en el que se acuerdan una serie de privilegios para la Iglesia Católica entre los que se encuentra la inclusión de una asignatura de religión en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Desde MHUEL creemos que el Concordato es claramente anticonstitucional, ya que nuestra Constitución declara la aconfesionalidad del Estado, pero es apoyándose en ese Concordato que nos vemos obligados a pagar entre todos a las personas contratadas para enseñar dogmas no solamente católicos, sino islámicos y evangelistas, ya que estas últimas religiones están entrando en la escuela gracias a los diferentes acuerdos que se van firmando con las diferentes religiones y que imitan al Concordato. Pensamos que se debe plantear cuanto antes la cuestión de fondo y es que es recuperar la soberanía nacional que se encuentra constreñida por un acuerdo bilateral con un Estado extranjero para poder debatir sobre educación sin más restricción que la Constitución.
Lo único cierto es que, con la resolución adoptada, el tribunal tuerce la decisión de los representantes libremente elegidos por los aragoneses e impone de facto el criterio de los obispos. En este aspecto respaldamos completamente al Gobierno de Aragón, a la Consejera de Educación y a la mayoría parlamentaria que apoya la reducción del horario de religión establecida en el curriculum de primaria.
Por último destacar que solamente una enseñanza laica es la garante del respeto a todas las creencias, y que todas las creencias son respetables en el ámbito privado.