Franco reforma (Decreto 8/2/1946) la Ley Hipotecaria que equipara la iglesia católica con el propio Estado para inmatricular bienes. Al año siguiente, el Reglamento Hipotecario, (Decreto 14/2/1947) establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.

Estas normativas van a abrir un período de casi 70 años en el que la jerarquía católica va a promover decenas de miles de procedimientos inmatriculadores. Un obispo certifica que un bien le pertenece desde tiempo inmemorial y con ese documente se persona en el Registro de la Propiedad y lo inmatricula.

El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, promovida por el Gobierno de Rajoy, excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Terminan las inmatriculaciones, pero lo inmatriculado queda bendecido pese a la inconstitucionalidad del procedimiento desde 1978 y a la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora.

Durante estos setenta años (1946-2015) se ha producido en el estado español un expolio monumental: miles de bienes inmuebles (plazas públicas, monumentos, cementerios, iglesias, casas curales, fincas, etc.) han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad alguno, a lo que han de añadirse los bienes muebles que contienen.

Durante seis décadas la opacidad de estos procedimientos es total; pero a comienzos de este siglo las denuncias de estos robos, las sentencias de tribunales europeos, las primeras movilizaciones populares, la atención de los medios de comunicación,… sacan este tema del oscurantismo y la negligencia institucional.

El 9 de febrero de 2017, la coordinadora RECUPERANDO, recientemente constituida, registra en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias, una para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y otra para promover las iniciativas legislativas necesarias para revertir esta situación.

Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno presenta al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero solo desde 1998. Sabemos que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Por ello, podemos inferir que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000. La jerarquía se ha apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés,…

Hay que reconocer la positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones.

La presentación por Carmen Calvo del listado de las inmatriculaciones en febrero de 2021 fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevaban años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Jerarquía católica. Pero paralelamente, la misma Vicepresidenta abría negociaciones secretas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal para tratar de dar cerrojazo a este tema en sentido contrario a los compromisos adquiridos.

Todo apunta a que el Gobierno y la jerarquía católica tienen en ciernes un pacto en este sentido dando carta de naturaleza a un expolio monumental del patrimonio público histórico-artístico, donde tampoco los tribunales proporcionan un medio eficaz para resarcirlo. Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado. La Coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos.