E. BAYONA 13/06/2012 (El periodico de Aragon)
La Fiscalía solicitó ayer a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que desestime el recurso en el que MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) pide revocar la resolución por la que la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza denegó el permiso para que, como habían hecho los cuatro años anteriores, se manifestaran en la plaza del Pilar al paso del alcalde y los concejales en la procesión del Corpus del pasado domingo.
La vista del recurso, celebrada ayer en el TSJA, tuvo dos ejes: uno sobre formalismos y otro sobre el fondo del veto. Es decir, sobre si la presencia de unas decenas de laicistas que iban a mostrar unas pancartas al paso de los ediles podía, o no, alterar el orden público.
La letrada de MHUEL, Amparo Serrano, sostuvo que no era previsible que la protesta pudiera originar altercados y aseguró que el veto causó «inseguridad jurídica» a los solicitantes. «Se trata de una protesta relacionada con la vida de la corporación municipal, que lógicamente coincide con la procesión y que siempre (cuatro años seguidos) se había autorizado sin ningún tipo de inconveniente», alegó.
INFORME La Subdelegación del Gobierno basó su rechazo en un informe de la Policía Local que señalaba que a la hora para la que pedía permiso MHUEL iba a desarrollarse un acto en la plaza del Pilar: la procesión.
El Abogado del Estado defendió la postura contraria: los derechos de reunión y de manifestación están limitados por otros derechos, y en este caso –dijo– «objetivamente era previsible» que la manifestación «pudiera crear problemas de orden público». «La limitación que se hizo del derecho de reunión ha sido muy superficial», añadió, para pedir al tribunal que desestime la demanda.
El ministerio público, representado por el teniente fiscal del TSJA, Enrique Pera, sostuvo que tanto la solicitud de autorización como el recurso a su veto por parte de MHUEL cumplieron los requisitos legales. Sin embargo, apoyó desestimar el recurso al considerar que la resolución que prohibió la concentración sí disponía de la necesaria motivación, aunque anotó que en ella «faltaría esa explicación» amplia sobre las causas por las que su celebración podría generar problemas de orden público.
La letrada de MHUEL esgrimió una reciente resolución por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó, al concluir que los riesgos para el orden público no eran más que conjeturas, la prohibición de manifestarse a una serie de grupos ultras el 25 de mayo, coincidiendo con la final de la Copa del Rey.