manifiesto concertada 25_03_2013

La educación es un derecho no es un servicio.

Cuando nuestros gobernantes hablan de la educación o de la sanidad se refieren a ellas como servicios y como actividades económicas que pueden ser suministradas privadamente en competencia mercantil. Para nosotros y nosotras, la ciudadanía, son DERECHOS que el Estado debe garantizar a todos por igual, sin distinción de clases, razas o sexos.

Hoy, con el pretexto de la crisis, los procesos de privatización se han acelerado y se impulsan con descaro.  Pero llevan muchos años horadando el edificio con medidas parciales y socavando sus cimientos usando un lenguaje que oculta sus propósitos.

Cuando se habla de “centros sostenidos con fondos públicos”, todos entendemos colegios privados, que se escudan  en el derecho a la elección de centro, pero lo que buscan es el beneficio de sus propietarios sin riesgo alguno y el control ideológico.

España nunca ha tenido una verdadera escuela pública. La transición no puso coto al poder educativo conseguido por las congregaciones religiosas durante el franquismo y dejó un sistema educativo basado en una doble red de centros, en el que la parte privada,  esencialmente de la Iglesia, ha acabado siendo financiada casi en su totalidad con fondos públicos.

Hoy en día, tanto el Gobierno Central como el Autonómico, han decidido romper a favor de la escuela privada el frágil equilibrio mantenido durante años entre ambas redes.

Quieren una escuela pública subsidiaria de la privada. Para ello la apoyan directa e indirectamente, mientras atacan y socavan la escuela pública.

La tijera no recorta a todos por igual. En Aragón, los presupuestos de la pública se han reducido un 14% mientras que los de la concertada sólo un 2%. Se reducen todas las plantillas, salvo la de los profesores de religión. Los repartos  también son recortes: una parte de lo que a unos se les quita, a los otros se les regala, sean becas de comedor o libros de texto. Las normativas se cambian para crear ventajas en la privada e inconvenientes en la pública, como la orden de bilingüismo.

La permisividad en el incumplimiento de los conciertos es la norma. Se sabe que se exigen cuotas a los padres que luego desgravan fiscalmente, o que se selecciona al alumnado buscando reducir la diversidad, pero nada se hace para corregirlo.

A  los mismos objetivos contribuye la Ley Wert, cuando amplía y garantiza los conciertos, cuando introduce mecanismos de competencia trucados, cuando trata de consolidar el poder de la iglesia en el adoctrinamiento de la infancia.  Los conciertos con la privada son la plataforma desde la que se destruye la escuela pública.

Todo ello se ve agravado por la connivencia entre quienes gestionan lo público y quienes defienden intereses privados.

Hay que defender y reconstruir la escuela pública, gratuita, laica, democrática y participativa, acabando aquello que la transición dejó a medias.

Queremos una escuela pública que vertebre el sistema educativo y que realice las funciones de integración social y cultural que le son propias.

Queremos una escuela gratuita, garantía de la equidad y compensadora de las desigualdades.

Queremos una escuela laica, respetuosa con la libertad de conciencia de las familias, estudiantes, profesorado y trabajadores.

Queremos una escuela democrática y participativa.

No queremos competencia entre los centros. Queremos centros competentes con una adecuada planificación educativa y que el Estado cumpla con su función, dedicando los recursos necesarios para dicho fin. Si se quiere, se puede.

 

POR UNA ESCUELA PÚBLICA: GRATUITA, LAICA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD.

 

NO A LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

NO A LA LOMCE

 

MINISTRO DIMISIÓN

CONSEJERA DIMISIÓN