La ciudadanía aragonesa se ha tenido que movilizar ante el recorte de derechos y libertades. Los más jóvenes ni se lo imaginaban, los de mi generación muy vagamente y los más mayores han tenido que comprobar y sufrir recordando las últimas andanadas y estertores de los ya desaparecidos y ahora renacidos Gobernadores Civiles y sus métodos represivos como única opción para mantener la calle en orden conforme al pensamiento único de “palo y mano dura”.
La denominada Crisis/Estafa ha dejado a amplios sectores de la población a la intemperie, ha vuelto a aparecer el hambre, la miseria y un sinfín de problemas derivados de los inmisericordes recortes en materias tan sensibles como la educación, la sanidad, la vivienda, el paro, pensiones, jubilaciones, tasas de todo tipo etc.
Ante esta explosión y eclosión de durísimas realidades y ante la sordera y ceguera de las Instituciones en la búsqueda de soluciones razonables y solidarias; la ciudadanía, ejerciendo sus legítimos derechos se ha visto obligada a movilizarse en las calles para reclamar y defender sus derechos y justos intereses.
Parece ser, cómo así se ha demostrado que la miopía del poder y el afán de destacar del actual Delegado del Gobierno en Aragón, Sr. Don Gustavo Alcalde ante la movilización de la calle, ha sido la de reprimir de manera ejemplar esas situaciones incómodas para él usando casi en exclusiva la vía policial a base de identificaciones, grabaciones, multas, detenciones, prohibiciones y modificaciones de recorridos de manifestaciones, vulnerando de una manera clara los artículos 30 y 31 de la vigente Constitución y cercenando los derechos fundamentales de libre expresión, opinión, concentración o manifestación.
Son innumerables los casos acaecidos en Aragón: Espantosas cargas de la Guardia Civil a los vecinos de Artieda en la defensa de su futuro, identificaciones y multas masivas a miembros de Marea Verde, Stop Desahucios, Plataforma Solidaria Actur/Parque Goya, juicios a maestros y un larguísimo historial de desafueros colectivos o individuales.
Ante este clima represivo y caprichoso, diversos colectivos, partidos, sindicatos, asociaciones y la ciudadanía en general, fueron pidiendo el cese o la dimisión del actual Delegado y de todo su equipo. En su “autismo” característico de los que piensan que tienen la única y verdadera razón, la Delegación siguió aplicando su ejemplar medicina sin inmutarse ante la opinión pública. El cariz de los acontecimientos, requería de una respuesta contundente y ejemplar que se materializó con la unidad de más de 60 organizaciones reunidas en torno a la solidaridad que agrupa a Marea Ciudadana como la expresión única y unida de una sociedad harta de conductas asemejadas a las de los “Virreyes con mando en la plaza”.
Esta ejemplar unidad y la decencia y dignidad de estar luchando por una causa justa para toda la ciudadanía, llevó a interponer a Marea Ciudadana recursos ante el TSJA en contra de las decisiones de la Delegación del Gobierno. Dichos recursos han sido ganados con sentencias en firme que dejan en evidencia las formas y maneras de actuación de una Delegación que ya se sentía con poderes omnímodos, añadiendo que en la última sentencia se condenó expresamente a la Delegación al pago de costas por su proceder “temerario” y recordando que en menos de un año, dicha Delegación ha sido condenada en firme por el TSJA en cuatro ocasiones por vulnerar derechos fundamentales constitucionales.
El Delegado, a pesar de ello todavía no ha dimitido y ha optado por la callada por respuesta o por justificar sus actuaciones a través de foros o encuentros digitales a las que un medio de comunicación aragonés ha dado cobertura para que don Gustavo responda a siete u ocho preguntas formuladas con anterioridad, suponemos que las respuestas también ¿Les suena? Como positivo, hay que destacar que la suma de muchas sensibilidades diferentes en lucha por distintas causas, han logrado aportar un principio de solidaridad para los movimientos sociales que luchan a diario por el conjunto de los intereses de la ciudadanía. Entre todos hemos conseguido “Liberar la calle Alfonso” coto cerrado para el pueblo por el mero hecho de tener su domicilio un cargo institucional del PP.
Lejos del optimismo, hay que seguir atentos y alerta, los derechos y libertades no se regalan hay que luchar cada día por ellos para dejar un mejor legado a las generaciones venideras. Desde el 1J la política de la Delegación se ha suavizado, suponemos que a tenor de las sentencias judiciales antes mencionadas, pero en los últimos días con las recientes informaciones sobre el caso Bárcenas, se han vuelto a reproducir identificaciones policiales en las expresiones populares ante tan denigrantes hechos. Estaremos vigilantes.
Jorge A. García (Presidente del Movimiento hacia un Estado Laico -MHUEL-)