El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo hizo público el “informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022.
Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial, una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas. Valoramos positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política.
Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno. Sin embargo, hay dos asuntos que requieren atención.
1. La falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.
No se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento.
2. Las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario. En la recapitulación, el informe recomienda “La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado.”
Es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas -estimadas en 440.000 por el informe-, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren.
Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró (hipócritamente) que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado.
Por ello se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato con la Iglesia Católica, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado.
La Corporación Municipal no debe participar en actos confesionales
El próximo domingo, 11 de junio, el Alcalde y los ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, provistos de Banda e Insignia municipal, acudirán en Corporación a la “Misa Pontifical” que se celebrará en la Basílica del Pilar con motivo de la festividad católica de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) y a continuación participarán en la denominada “Procesión Eucarística”.
Es obvio que dicho comportamiento contraviene el artículo 16.3 de la Constitución por el que las Instituciones Públicas y los cargos públicos que hacen posible su funcionamiento son (o deberían ser) aconfesionales.
Las misas son actos de carácter religioso y a ellas acuden los fieles. Cualquier persona, sea concejal o no, puede ser un fiel, pero ni la Corporación como tal, ni la Institución del Estado a la que representa un edil pueden ser fieles. Y si aparecen como tales están vulnerando el mandato constitucional.
Como no cabe aducir ignorancia ya que la norma es clara, resulta obligado concluir que se incumple conscientemente la Carta Magna, a sabiendas de que carece de sanción. Y la vulneran, precisamente, quienes se reclaman sus más fervorosos adalides.
Algunos de los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero de la CE se encuentran protegidos minuciosamente mientras que otros, como el mandato de aconfesionalidad del Estado, se han quedado en palabrería huera. En los más de cuarenta años de vigencia no se ha emitido ni un Decreto, ni una Orden, ni una simple circular para su desarrollo y los litigios derivados de su incumplimiento tienen una alta probabilidad de acabar en una sala presidida por un crucifijo.
El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) propugna y defiende la separación entre el Estado y las Iglesias y la neutralidad del Estado en materia confesional. Lo haría si la Ley no recogiese dichos principios y con más razones lo hace cuando estos resultan ser un imperativo legal, aunque sea conculcado reiterada e impunemente.
Nos queda el derecho a manifestar públicamente nuestra disconformidad, para lo que convocamos una concentración en la que, por medio de carteles, mostraremos nuestro desacuerdo al paso de la comitiva municipal.
Día: Domingo, 11 de Junio
Hora: 10.30
Lugar: Plaza del Pilar – Puerta del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ministerio de la Presidencia sacó ayer una nota de prensa informando del acuerdo alcanzado con representantes de confesiones minoritarias para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas.
La iniciativa que recoge la nota de prensa es puro marketing y muestra la cobardía del PSOE. Marketing porque, en lo sustancial, no altera el régimen fiscal existente. Tan sólo añade cuatro confesiones a las cuatro que tenían acuerdos previos. El sentido común nos dice que lo dejado de recaudar por esa nueva homologación será mínimo. Quizá una millonésima parte de lo que la Iglesia Católica se ahorra cada año por las exenciones fiscales que disfruta. Así pues, el único objetivo de este acuerdo es lavar la cara de una Conferencia Episcopal que, ahora sí, puede decir sin sonrojo que sus obligaciones fiscales son idénticas a cualquier otra confesión religiosa. Pura propaganda que olvida, por supuesto, que las cuantías implicadas son muy dispares, ya que si a una le eximen diez, a otra, mil millones.
Cobardía del PSOE porque ante los reclamos de la ciudadanía y de las corporaciones locales para que todos aporten al sostenimiento del Estado, de acuerdo a su capacidad como dicta la Constitución y se elimine la discriminación que hace que uno de los mayores (si no el mayor) propietarios de bienes inmuebles del país no tribute por su patrimonio, opta por evitar el enfrentamiento con el episcopado y, tras negociaciones opacas, extiende el privilegio al resto de las confesiones. Un comportamiento similar al seguido con las inmatriculaciones, en donde a pesar del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que emplazaba a recuperar el patrimonio usurpado, reuniones secretas con los obispos desembocaron en una suerte de amnistía registral, que deja en propiedad de la iglesia una gran parte del patrimonio histórico artístico, así como innumerables fincas e inmuebles, exentos de IBI y cuyos alquileres y rentas también escapan al impuesto de sociedades.
El Concordato con el Vaticano constituye la base en la que asientan las exenciones de la Iglesia. Pero es la Ley de Mecenazgo la que las ordena y canaliza, al equiparar a la Iglesia con entidades sin ánimo de lucro. Lo cierto es que, a pesar de que la existencia de voluntariosos cristianos de base que dedican tiempo y esfuerzo a la labor social, la Conferencia Episcopal Española es más una entidad sinónimo de lucro, siempre apegada al poder, que una ONG. Los obispos frecuentan más los registros de la propiedad y los despachos de los asesores fiscales y financieros que los comedores sociales.
El laicismo se basa en la autonomía e independencia entre el Estado y cualquier religión; también exige ausencia de discriminación, pero no sólo entre confesiones, también con los no creyentes. Si todas las personas físicas y jurídicas deben contribuir a la Hacienda Pública, de acuerdo a su capacidad, este acuerdo va en la dirección contraria al eximir a unas entidades privadas de contribuir al erario, sin más base que su naturaleza religiosa.
Además, hay opacidad y absoluta falta de transparencia. No existe una relación de inmuebles afectados ni parece haber voluntad política de elaborarla. El compromiso de confeccionar un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica fue cumplido por el Gobierno parcialmente y a destiempo. Tan sólo alguna comunidad autónoma, como la Navarra, ha hecho público un listado de los inmuebles apropiados por sus obispados desde 1978. En Aragón, del cuatripartito tan sólo oímos el crí crí de los grillos en medio de su silencio. Sin eso, no hay conocimiento público de lo que las haciendas locales dejan de ingresar y, en consecuencia, cuánto debemos aportar los demás para suplir esa carencia.
En la nota de prensa se hace referencia al IBI que recae sobre inmuebles dedicados al culto; ocultando que, en la práctica, la mayoría de los bienes exentos son objeto de actividad económica o comercial abarcando hoteles, parkings, comercios, alquileres, etc. Así pues, las exenciones no solo erosionan el erario sino que también constituyen una competencia desleal frente a negocios que cumplen “religiosamente” con sus obligaciones fiscales.
En fin, la nota de prensa incorpora en la esquina superior derecha de cada página el mensaje publicitario “Gobernamos Contigo”. Pues no. Gobiernan sin nosotr@s. A nuestra espalda y sobre nuestra espalda. Contra nosotr@s. Las banderas laicistas que levantan en los Congresos las esconden cuando están en el Gobierno.
Cuánta razón tenía Javier Krahe: hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Para esta gente, todos somos comunistas o anarquistas y ateos. Y judeo-masones, en franco contubernio. Cualquiera que luche por la laicidad del Estado, en el fondo, socaba los privilegios de la jerarquía religiosa que, normalmente, es un aliado principal de las élites económicas. Y si hay algo que jode al privilegiado es perder sus privilegios.
Lo vamos a ver en un documental de cinco minutos que muestra la fase final de la lucha por la laicidad del Estado en Francia. Es un documental que contiene imágenes de principios del siglo XX, doblado por nuestra compañera Inma y al que la hija de Nuria ha ensamblado el sonido. Gracias a todas.
Los primeros avances laicistas en Francia se dieron con la revolución de 1789, pero no fue hasta el 9 de diciembre de 1905 en que se aprobó la separación entre la iglesia y el Estado francés. Un hito. También fue un 9 de diciembre, esta vez de 1931, en que el Presidente de las Cortes Españolas, Julián Besteiro, promulgó la Constitución de la República Española, la única norma constitucional, verdaderamente laica que ha existido en España. Otro hito. Es por eso que Europa Laica fijó la fecha del 9 de diciembre para conmemorar el día del laicismo y la libertad de conciencia.
Todo cambio social genera resistencias. El video muestra la resistencia al cambio de la iglesia francesa y el movimiento social de oposición que generó.
Nada de lo que narra el video nos resulta extraño en España. Ni en Zaragoza. La resistencia que muestra el video es una mierdecilla comparada con la reacción producida en España a partir de 1931. No hizo falta la aprobación de la Constitución republicana para que la iglesia se posicionase radicalmente en contra del porvenir. El mismo día 15 de abril, Isidro Gomá, obispo de Tarazona, decía que “hemos entrado en el vórtice de la tormenta”; el 21 de abril, el arzobispo Domenech ya pedía que “Dios salve a España, que la virgen del Pilar proteja a España”.
Cándido Marquesán, en un artículo en Andalán, relata las resistencias que generó la retirada de la imagen de la virgen del pilar del salón de sesiones del Ayuntamiento, el 12 de abril de 1932. También cuenta que en Zaragoza, el 11 de mayo de 1931, una mujer entraba de rodillas al pilar, vela en mano, pidiendo la salvación de España. Un acto que fue seguido diariamente por cada vez más mujeres, que por cientos se agolpaban arrodilladas en la plaza rezando el rosario. Las mujeres de Acción Católica y las Damas del Pilar se configuraban ya como la punta de lanza de la reacción del catolicismo social. Estimuladas, como no, por el Heraldo. Y por el noticiero.
Si las elecciones a cortes constituyentes dejaron a las fuerzas conservadoras con una escasa representación, la aprobación de la Constitución hizo que, en palabras de Julián Casanova, “El catolicismo político irrumpiera como un vendaval en el escenario republicano. En dos años, el catolicismo arraigó como un movimiento de masas, capaz de convertirse en árbitro del futuro de la república. Primero, a través de elecciones libres; después, con la fuerza de las armas.
El golpe del 36 y la victoria militar, declarada cruzada, significaron un enorme paso atrás para la consecución de un Estado Laico. La escuela republicana, tras la depuración e incluso asesinato de muchos de sus maestros, dejó paso a una educación inspirada en los principios nacional-católicos y en manos de las congregaciones religiosas. Una educación que queda muy bien retratada en un fragmento de la película del milagro de p-tinto que en Mhuel utilizamos para ilustrar la necesidad de luchar por una escuela pública y laica.
Aunque parezca una situación arcaica, que a algunos nos trae recuerdos de la infancia, el visionado de la película “las niñas” muestra que la práctica de los concertados modernos se ha actualizado a los tiempos que corren, pero el adoctrinamiento permanece.
Todas las reformas educativas han mantenido la religión en la escuela (debido al Concordato). Pero es que, además, la vía de los conciertos educativos, abierta por el psoe en los 80, asegura la presencia de las órdenes religiosas en la educación permitiéndoles mantener tanto su influencia ideológica y social, como una fuente enorme de recursos públicos y privados.
Los tímidos intentos del primer gobierno de Lambán para limitar las aulas concertadas fueron rápidamente cortocircuitados por la judicatura, que para eso está. Y enfrentaron, además, un serio movimiento social articulado por la iglesia. Un hecho que reviste importancia porque supone un serio anticipo de lo que podría ocurrir si algún gobierno osara cuestionar algún pilar fundamental para la iglesia.
Porque tras la muerte de Franco, la iglesia Católica no ha tenido necesidad de intervenir decisivamente en el ámbito político. Sus pilares fundamentales nunca han sido cuestionados y sus intereses han sido adecuadamente representados por el bipartidismo.
La financiación pública se ha mantenido por la vía de la casilla del IRPF.
El patrimonio inmobiliario se les ha regalado por la vía de las inmatriculaciones y su mantenimiento es asegurado por las subvenciones debido a su carácter de patrimonio histórico artístico….
En el ámbito de lo simbólico su presencia no se ha reducido. Al revés: ha aumentado. Las procesiones del Corpus, de SS, las fiestas mayores, cuentan con participación de autoridades políticas de las más variadas procedencias. Las Vírgenes se han hecho alcaldesas y han recibido medallas y distinciones. Asumiendo y normalizando bajo el régimen democrático lo que bajo la dictadura se entendía como folklore nacional católico. La presencia de VOX en las instituciones y la asunción del discurso por parte del PP (véase el discurso de Ayuso en la inauguración del belén de la puerta del sol) empeoran las cosas puesto que asumen claramente una identidad católica de España que va más allá del mero folklorismo.
La denuncia de esa normalización del nacional-catolicismo franquista ha formado parte de la esencia de Mhuel desde el principio. Para una de nuestras primeras convocatorias elaboramos un pequeño video en el que denunciábamos que en materia de laicidad psoe-pp, la misma mierda es, con música de Moncho Alpuente.
Dicen que los tiempos van cambiando, pero no sabemos si a mejor.
En 1977, Javier Krahe, rodó un corto satírico titulado “sobre la cristofagia”. 27 años después, Un 15 de diciembre de 2004, fue proyectado en canal plus y una asociación católica lo denunció. Tuvieron que pasar 8 años para que Krahe resultara absuelto y uno más para que la audiencia provincial.
Dice el refrán que “bien está lo que bien acaba”. No. El calvario de Krahe también lo ha pasado Willy Toledo por un mecaguen dios, Abel azcona por escribir “pederastia” con hostias consagradas, lo va a pasar la Revista Mongolia que acaba de recibir una denuncia por una portada.
Pero estas son figuras públicas que cuentan con recursos para enfrentar las denuncias. No es siempre así. Las mujeres del Coño insumiso de Sevilla fueron absueltas. Pero una militante del Chumino rebelde ha sido condenada en Málaga. O un chaval de Jaen que publicó en Instagram un fotomontaje del cristo de la amargura fue condenado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos a una multa de 480 euros.
La mayoría de los casos acaban en nada. Pero el objetivo de amedrentar está logrado. Con la complicidad de unos jueces, que saben que esas condenas no pueden prosperar si llegan a instancias superiores. No es sólo cuestión de leyes. Los aparatos del estado están repletos de franquistas.
Krahe respondió a la querella como sabe: compuso una canción titulada “Fuera de la Grey”. En ella decía:
Tras pasar por un mal trago / Yo enseguida me rehago / Con rico zumo de la vid / Y aunque de aquí no iré al cielo / Piso alegremente el suelo / Callejeando por Madrid.
Si tú, inquisidor moderno, / Crees en un Padre eterno / Ante el que humillas la testuz, / Yo, insistiendo en mi rechazo, / Con mis amores del brazo / Voy por mi calle de la Cruz.
Ya me voy, basta por hoy / Guardo mi tirachinas. / Me alejé de toda fe / ¿Sabéis por qué? /Porque ese Dios es un pamplinas.
Respondió con la sátira, con el humor.
He dicho al principio, que en un 9 de diciembre se dieron dos hitos fundamentales del laicismo. El del decreto de separación francés y la constitución republicana española. En su celebración, hoy tenemos un tercer hito. Angel hito, que ha preparado un monólogo para la ocasión.
Manifiesto de Europa Laica ante el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, 9 de diciembre
Este 9 de diciembre se cumplen 117 años de la ley que proclamó en Francia la separación entre Iglesias y Estado, y 91 desde la aprobación de la Constitución de la Segunda República Española, la única incuestionablemente laica de la historia de nuestro país. Ambos hechos son la razón por el que los 9 de diciembre de cada año conmemoramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.
Durante el tiempo transcurrido ha habido avances significativos en el derecho a la libertad de conciencia en muchos países de tradición democrática. Sin embargo… SEGUIR LEYENDO
Las asociaciones Europa Laica
y Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunican que han sido notificadas
por la Audiencia Nacional de la imposición de costas procesales en el
procedimiento 204/2014 referente al recurso contra la concesión de la medalla
de oro al mérito policial a Nuestra Señora Santísima Virgen del Amor por parte
del anterior Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Europa Laica y MHUEL muestran
su sorpresa al recibir las citadas costas que ascienden a 2.464 euros al haber
transcurrido un tiempo excesivo desde el fallo judicial y máxime cuando ya el
Tribunal Supremo impuso las desproporcionadas costas de 4000 euros por la misma
causa . No dudamos que se haya actuado conforme a derecho y dentro de los
plazos máximos para su ejecución, pero tampoco dudamos de un criterio de
actuación caprichoso y oportunista para gravarnos económicamente con el fin de
que desistamos en futuras acciones judiciales.
En el más que surrealista
periplo judicial de la concesión de la más alta condecoración policial a una
Virgen se han sufrido retrasos incomprensibles, cambios de sala y curiosas
maniobras de la abogacía del Estado que
iban más bien encaminadas a defender la confesionalidad del Estado que el
principio constitucional de aconfesionalidad; tampoco ha causado excesiva extrañeza siendo el
titular de interior el polémico y visionario Jorge Fernández Díaz y que a
posteriori ha confirmado con sonadas actuaciones e increíbles declaraciones.
La abogacía del Estado ha actuado en contra
de los principios de aconfesionalidad del Estado y las costas disparatadas de 4.000 euros del Tribunal Supremo y los 2.464 euros de la
Audiencia Nacional parecerían más una multa no declarada para hacer desalentar
futuras impugnaciones en favor de la garantía de libertad de conciencia
Mientras a nuestras asociaciones se las
condena con el pago de injustificadas costas procesales
en procesos judiciales que buscan restaurar el principio de confesionalidad del Estado
es éste precisamente quien viola
diariamente este principio , financiado ampliamente las instituciones religiosa
y particularmente a la Iglesia católica que recibe más de 11.000 millones de
euros cada año de financiación pública y los principales ayuntamientos e
instituciones el Estado como la Policía
y las Fuerzas Armadas invocan su protección a los símbolos católicos,
imponiendo a toda la ciudanía esta simbología particular.
Europa Laica y MHUEL exigen al gobierno
que tome iniciativas en garantizar el principio de no confesionalidad
del Estado y llama a los grupos parlamentarios para que tomen iniciativas en
ese mismo sentido ya que ni en la ley de
educación, ahora en tramitación, ni en los
Presupuestos Generales del Estado vemos
que se tomen iniciativas para ni siquiera limitar los privilegios de la iglesia católica en nuestro país.
