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Primeras declaraciones de RECUPERANDO ante la publicación del Listado de Inmatriculaciones de bienes por la iglesia católica.

Distintos portavoces de la Coordinadora Recuperando, han realizado declaraciones sobre el listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica que el Gobierno ha enviado al Congreso.

Entrevista al Presidente de MHUEL en El Pais

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia CatólicaRecuperando, que agrupa a una veintena de colectivos, considera un “absoluto insulto” y una “gran trampa” que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Así lo ha explicado el portavoz de la Coordinadora Recuperando, Andrés Valentín, después de que el Gobierno haya hecho público este martes que la Iglesia católica de España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015. “Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa”, ha explicado Andrés Valentín, quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman “se da por hecho que son de la Iglesia”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por “vía administrativa”, para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por “la vía de los tribunales”.

“Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa”, ha explicado Andrés Valentín, quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman “se da por hecho que son de la Iglesia”. Además, ha cuestionado que miles de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar procesos que se prologan “durante 20 años”.

De este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es “orientarlo a un callejón sin salida” y que es necesaria es una solución normativa, ya sea vía ley o decreto, que “retorne los bienes a la situación anterior a la inmatriculación” para que sea la Iglesia la que presente la documentación necesaria. “No se puede dar por bueno algo que se ha dado al amparo de la normativa franquista”, ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que, tras conocer la publicación del listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno, “la primera reacción” ha sido decir: “Ya era hora”. No obstante, ha criticado que es un documento “parcial”, que no incluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 ni “las notas simples que debían haber acompañado al listado”, para conocer fechas, superficies, etc. “Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir”

Desde la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó ha mostrado su “satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el listado”, pero ha añadido que “el resto son grandes peros”. En primer lugar, Picó ha lamentado que “solo cubre” los 34.961 bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en más 100.000 desde 1946.

Asimismo, el portavoz de la entidad ha censurado que este listado no incluye todos los datos registrales de los bienes inmuebles, por lo que los considera claramente “incompletos”.

Lo que más preocupa a Juanjo Picó es que el Ejecutivo traslade la iniciativa de reclamar a la ciudadanía. “Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que es “un problema de Estado” y en que “el Gobierno tiene que dar una solución global”.

Finalmente, Juanjo Picó defiende un proceso que arranca con la publicación completa del listado de bienes; la anulación de las inmatriculaciones realizadas; y la reclamación para el dominio público del patrimonio que corresponda, y el resto aportando la documentación acreditativa de la titularidad.

nOta de prensa murallas de ArtÁ (recuperando)

El revés judicial del Supremo en Artá cuestiona la inmatriculación por la Iglesia del patrimonio histórico

El Obispado de Mallorca registró a su nombre las murallas históricas del pueblo y ahora el Alto Tribunal reconoce la propiedad del Ayuntamiento

Auto TS Murallas Artá enero 2021

Sentencia Audiencia Provincial Murallas de Artá

24 de enero de 2021. Las murallas históricas de la localidad mallorquina de Artá (Baleares) son de dominio público y no pueden ser privatizadas como pretendía la Iglesia católica, que las inmatriculó a su nombre de forma unilateral en diciembre de 2014. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo en un auto que rechaza el recurso de casación formulado por el Obispado de Mallorca contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que otorgó la titularidad del conjunto histórico al Ayuntamiento.

La decisión del Supremo representa una victoria sin paliativos del pueblo de Artá, que recupera un bien fundamental de su legado histórico, y proyecta una enorme trascendencia desde el punto vista jurídico por cuanto reconoce la naturaleza pública de bienes de uso general. Cientos, si no miles, de monumentos inmatriculados por la Iglesia católica en las últimas décadas se encuentran en una situación análoga a las de las murallas de Artá.

El pronunciamiento del Alto Tribunal evidencia que el listado de inmatriculaciones que tiene el Gobierno en su poder, y aún no ha entregado al Congreso, incluye innumerables bienes de dominio público y patente valor histórico que no están inventariados, lo que ha permitido su inscripción irregular por parte de la jerarquía eclesiástica. “El caso de las murallas de Artá es paradigmático”, asegura el jurista Antonio Manuel Rodríguez y portavoz de la coordinadora Recuperando. “El Obispado actuó por codicia y no por un simple error”, agrega. “De una forma premeditada, intentó apropiarse de un bien que, a todos los efectos, es de dominio público”.

La batalla judicial arrancó en 2013 cuando la parroquia de Sant Salvador, que se encuentra en el interior del recinto amurallado, ordenó la retirada de carteles de carácter reivindicativo colocados en el contexto de una protesta educativa. La polémica llegó al pleno municipal, que emprendió actuaciones indagatorias para verificar la propiedad del conjunto arquitectónico. Las investigaciones concluyeron que la muralla, de carácter defensivo, fue construida en la Edad Media por el pueblo y que el Ayuntamiento había hecho frente a los costes de su mantenimiento, limpieza y restauración durante siglos. De hecho, la Iglesia había sido construida posteriormente, aunque en la demanda presentada ante el juzgado sostuvo que se trataba del “cerramiento” del templo.

En marzo de 2017, el Ayuntamiento presentó una acción declarativa de dominio. El juzgado de primera instancia dio la razón al Obispado, pero en 2018 la Audiencia de Mallorca revocó la sentencia y declaró de titularidad municipal el monumento reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC). La concejala Aina Comas, junto con el antiguo alcalde Tolo Gili, ha sido una de las más activas defensoras de la propiedad pública de las murallas. “Para Artá fue una sorpresa conocer que la Iglesia había puesto a su nombre un monumento tan característico del pueblo. La inmatriculación representó la descapitalización del patrimonio cultural y económico de Artá”, asegura Aina Comas.

El caso de Artá vuelve a poner en cuestión el mecanismo arbitrario de que han dispuesto los obispos para registrar a su nombre bienes de gran valor cultural sin aportar ningún título escrito de propiedad, tal como ha denunciado reiteradamente la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de asociaciones patrimonialistas. Ya son decenas las sentencias revocatorias de inscripciones eclesiásticas. Baste recordar los ejemplos de las ermitas de Aranda de Duero y Ochagavía, la Iglesia mudéjar de San Juan de los Panetes o la finca de Ucieza, cuya inmatriculación fue impugnada hasta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Recuperando ha solicitado al Gobierno que articule un dispositivo legal para anular todas las inmatriculaciones, claramente inconstitucionales, y evitar que los ayuntamientos u otras instancias tengan que acudir a los tribunales para defender los bienes de dominio público en procedimientos largos y costosos. Entre 1998 y 2015, la jerarquía eclesiástica ha registrado a su nombre más de 35.000 inmuebles, gran parte de los cuales pertenecen al legado inmemorial de carácter religioso que compone el valioso patrimonio histórico. La lista podría superar los 100.000 si se incluyen los inscritos desde 1946, fecha de promulgación de la Ley Hipotecaria.

El auto del TS sobre las murallas de Artá marca un hito histórico al tratarse de un pronunciamiento judicial del Alto Tribunal, que puede sentar jurisprudencia en el devenir del litigio sobre las inmatriculaciones eclesiásticas.

Contactos

Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439)

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101)

Nota de prensa de Recuperando sobre inmatriculaciones

Recuperando teme que el Gobierno haya pactado en secreto con la Iglesia la impunidad de las inmatriculaciones

Diversas fuentes anuncian la inminente entrega al Parlamento del listado con casi 35.000 bienes inscritos a su nombre por los obispos

10 diciembre 2020. El Gobierno podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones de los obispos como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano. A eso apuntan todos los indicios, según estima la coordinadora estatal Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, que luchan desde hace años por la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas y la devolución del patrimonio público cultural apropiado por los prelados.

Con dos años de retraso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez entregará previsiblemente el listado de inmatriculaciones al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, según apuntan diversas fuentes periodísticas. Lo hará después de haber negociado con la alta jerarquía eclesiástica en medio de una evidente opacidad y sin haber articulado soluciones globales para deshacer lo que a todas luces ha sido un expolio monumental, que ha permitido a la Iglesia registrar a su nombre miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro prerrománico de Asturias o la arquitectura mudéjar de Aragón.

En ese caso, el presidente del Gobierno habría incumplido uno de sus compromisos electorales, reafirmado expresamente en el discurso de investidura, cuando anunció en el Parlamento que “realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. En aquel solemne escenario también argumentó que “en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y de igualdad”.

Los pasos que ha dado en estos meses, sin embargo, no caminan en la dirección de desanudar el escándalo de las inscripciones episcopales. Aparte de guardar en un cajón el inventario con 35.000 inmatriculaciones entregadas por los registradores de la propiedad, el Gobierno de Sánchez recurrió la resolución dictada por el Consejo de Transparencia, que le obligaba a hacerlas públicas.

El listado fue elaborado a instancias de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y tras una solicitud cursada por Recuperando en febrero de 2017. El inventario incluye únicamente los bienes inscritos por la Iglesia católica entre el decreto de Aznar de 1998 y su derogación en 2015, mientras que los colectivos patrimonialistas exigen el número total de inscripciones efectuadas desde 1946, la fecha en que se reformó la Ley Hipotecaria. Si se toma ese periodo como referencia, las inmatriculaciones podrían alcanzar los 100.000 bienes.

Recuperando sostiene que todas las inscripciones son nulas de pleno derecho, toda vez que fueron efectuadas por un obispo sin aportar pruebas en virtud de un privilegio anticonstitucional, que los equiparaba con fedatarios públicos. Cualquier solución, en opinión de la coordinadora, debe partir de ese principio. La segunda condición es que los bienes de dominio público, integrantes del legado cultural inmemorial, no pueden ser privatizados por la Iglesia.

Los colectivos patrimonialistas están trabajando en una propuesta concreta de solución que entregarán al Congreso de los Diputados y al Gobierno en las próximas semanas.

Contactos

Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439)

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101)

Inmatriculaciones y desidia política

Hace escasos días recibíamos la noticia de que el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país, entre los años 1998 y 2015, había sido remitido a la mesa del Congreso. Tras dos años de obrar en poder del Gobierno de España, finalmente se iba a poner a disposición de los representantes de la soberanía nacional e iba a ser posible su público conocimiento.

La noticia ha resultado ser falsa. El Gobierno de Rajoy, en 2018, cumplía con el mandato aprobado por el Congreso a instancias del PSOE y obtenía una lista parcial (faltan todos los bienes inmatriculados entre 1978 y 1998) de dichos bienes. Dos años después, el propio PSOE, junto con los demás partidos de la coalición de Gobierno, parecen considerar que la ciudadanía española aún no es merecedora de conocer el alcance del expolio monumental perpetrado por los Obispos españoles. Expolio efectuado al amparo de una ley franquista, adecuadamente amañada por el, en su día, Presidente Aznar y con la colaboración inestimable de los Registradores de la Propiedad y que ha supuesto la usurpación al dominio público y privado de unos 40000 bienes, cifra reconocida en su día por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Fernando Giménez Barriocanal. De esta manera llegamos a lo que es una anomalía en toda Europa y es que una organización privada y en última instancia un Estado extranjero se conviertan en los mayores poseedores de patrimonio por delante del propio Estado español.

El Gobierno de Aragón, tampoco considera que la ciudadanía aragonesa tenga derecho a conocer cuales son los bienes de sus pueblos, parroquias, diócesis, barrios y pedanías, que los Obispos han inscrito a nombre de la Iglesia.

Desde abril de 2018, el Gobierno de Aragón cuenta con el listado del número de bienes inmatriculados por los obispos en cada diócesis aragonesa entre 1998 y 2015, y que asciende a 2.023. Este listado se pudo obtener tras la aprobación de una Proposición no de Ley efectuada en su día por Podemos. Falta por requerir a los Registradores el listado con el contingente de los bienes inmatriculados entre 1978 y 1998 y que pueda ser un número incluso superior. Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, el fervor inmatriculador sufrido por el Arzobispo Elías Yañez en su archidiócesis de Zaragoza durante los años 80, que no dejó prácticamente ningún bien sin inmatricular, e incluso inmatriculó alguno que ya lo estaba. Además de parcial, dicho listado es meramente numérico, queda por conocer la información registral de dichos bienes, para poder saber exactamente de qué bienes se trata y ejercer las acciones necesarias para su reversión al dominio público.

Pues bien, en la primavera de 2019, la asociación MHUEL recibió alentadoras palabras del Sr. Gimeno, el entonces Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón en el sentido de que se iba a recabar a los Registros esta información.

Palabras alentadoras que las inmediatas elecciones diluyeron en el olvido y que su sucesor en el cargo el Sr. Pérez Anadón, se muestra extraordinariamente remiso a recordar. Por cuatro veces se le ha solicitado que se reúna con la asociación para tratar de este asunto y otras tantas ha dado la callada por respuesta.

¿Cuál puede ser el interés del Gobierno de España y el de Aragón para escamotear a la ciudadanía una información de tal importancia y envergadura?

¿Puede ser que en las negociaciones con el Vaticano que está manteniendo el Gobierno, estos bienes, o al menos algunos de ellos, se estén utilizando como moneda de cambio?¿A este cambalache se refería el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su discurso de investidura cuando decía que establecería un nuevo marco de relación con la Iglesia Católica que garantizara la laicidad del Estado.?

Un Gobierno que tiene el Laicismo como un principio esencial de su programa no puede por más tiempo mantener este escándalo monumental oculto. Es hora ya de que la izquierda de este país cuando llega al Gobierno deje de tratar a la Jerarquía católica con un temor reverencial absolutamente impropio de los representantes democraticamente elegidos de un Estado de Derecho.

Alicia Alcalde Villares

Paseo por la Zaragoza inmatriculada

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Hoy 4 de mayo de 2019 las asociaciones APUDEPA y MHUEL acompañadas por las vecinales del Casco Histórico han paseado con curiosidad la ruta de la Zaragoza inmatriculada «Del Gancho al Gallo» como otra forma de hacer turismo cultural por nuestra ciudad.

El punto de encuentro ha sido la plaza de San Pablo, donde Pilar y Claudia historiadoras del arte y Jorge especialista en patrimonio inmatriculado y laicismo, han enganchado nuestra curiosidad por aprender con el conocimiento, ciencia y juventud que han aportado.

Siglos y expresiones artísticas de forma horizontal al padre Ebro han fluido por adoquines de paso con las miradas puestas entre San Juan de los Panetes, La seo y La Magdalena con la transversalidad del mercadillo ecológico en la plaza del Pilar y los tropezones de las inmatriculaciones. (Inmatricular una iglesia es registrarla por primera vez como propiedad privada de la Iglesia,… cuando ha sido por los siglos de los siglos un bien común de todos y de ningún)

Los documentos registrales aclaran con sus fechas que los cuatro templos fueron inmatriculados en fraude de ley, antes de la reforma de Aznar de 1998, solo San Juan de los Panetes se ha podido recuperar tras denuncia judicial. Olores de cercanía al vermú han puesto en «El Millán» un punto y seguido a las luces y sombras de las ramas engalanadas del paisaje.


El Gancho y el Gallo se han enredado, una vez más, de cultura primaveral.

 

Atentamente 

 APUDEPA                     MHUEL

 

UN PASEO POR LA ZARAGOZA INMATRICULADA » DEL GANCHO AL GALLO «

 

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   Zaragoza a 25 de Abril del 2019
 
       Las asociaciones APUDEPA y MHUEL  os invitan a participar de un paseo primaveral el próximo sábado 4 de mayo . Recorreremos parte de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad ( Zaragoza )  que han sido inmatriculados por el Arzobispado de Zaragoza.
 
      Hablaremos de arte , cultura , patrimonio  y también de su proceso de inmatriculación . Terminaremos en la Iglesia de la Magdalena ; posteriormente tomaremos un vermú para las personas que así lo deseen .
 
     Adjuntamos Cartel Informativo
 
 Atentamente 
 
 Belen Boloqui                                     Jorge A. García
 Presidenta de APUDEPA                    Presidente de MHUEL
 

Nota de prensa MHUEL / San Juan de los Panetes ( Zaragoza)

sanjuandelospanetes

Nota Simple San Juan de los panetes

Zaragoza a 7 de Febrero de 2019

La asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico ( MHUEL ) ; constata y certifica que ha tenido acceso al Registro de la Propiedad nº2 de Zaragoza para comprobar la nueva titularidad de la Iglesia de San Juan de los Panetes ( Zaragoza ) a favor de la Administración General del Estado. ( Adjuntamos Nota Simple Registral ).

Un largo periplo tortuoso de investigación , denuncia y acciones políticas de diversos actores implicados en esclarecer las más que polémicas , alegales e inconstitucionales inmatriculaciones de bienes inmuebles por parte de la Jerarquía de la Iglesia Católica a tenor de una normativa hipotecaria franquista ya derogada ; han dado los frutos esperados .

San Juan de los Panetes vuelve a ser oficialmente propiedad del Estado Español a pesar del intento indecoroso de la Jerarquía de la Iglesia Católica – nunca de la creencia – de anotársela a su nombre en 1989 antes que la Ley Hipotecaria les permitiera inmatricular bienes inmuebles dedicados al culto sin aportar título de propiedad alguno y mediante un autocertificado diocesano.

Un proceder temerario en lo administrativo y lo civil no exento de mala fe expresa para conseguir una propiedad ajena por usucapión a sabiendas que los bienes públicos o considerados de dominio público no se pueden usucapir .

Así mismo hacemos constar que esta escandalosa inmatriculación , tuvo el amparo legal o ilegal del Registro de la Propiedad nº2 de Zaragoza y su titular de entonces ; cuestión que dirimirá la oficina del Defensor del Pueblo en su actuación administrativa ante la denuncia de MHUEL y la apertura del correspondiente expediente ante la Dirección General de Registros y Notariado.

Atentamente

MHUEL

50 cargos públicos de 11 comunidades crean una red para recuperar las inmatriculaciones de la Iglesia

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La Coordinadora Recuperando celebra su III Asamblea anual en Zaragoza con la incorporación de nuevos colectivos ciudadanos

Zaragoza, 11 noviembre 2018. Cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el Estado español han participado este fin de semana en Zaragoza en un encuentro institucional para unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos para recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica. La reunión ha congregado a casi 50 representantes públicos de cerca de treinta municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que han acordado organizarse en red, en lo que constituye la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública.

La reunión ha sido inaugurada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien dio la bienvenida a los cargos públicos en el Centro de Historias de la capital aragonesa. El regidor recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento que preside en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como han sido el caso de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado español.

Santisteve ha querido subrayar el trabajo de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte colectivos ciudadanos, como entidad impulsora del movimiento contra las inmatriculaciones a nivel estatal. “Apelamos a los gobiernos autómicos y al ejecutivo central para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía”, aseguró en su intervención de apertura del encuentro.

Los cargos públicos se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento crucial en que el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la jerarquía católica al amparo del insconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado. La propia Conferencia Episcopal reconoce la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma de Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda, así como miles de monumentos históricos, plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones.

Paralelamente, la Coordinadora Recuperando ha celebrado su III Asamblea General para hacer un balance de actuación de 2018 y trazar sus objetivos estratégicos para 2019. Nuevos colectivos se han agregado a la organización estatal, como por ejemplo la Unión de Pagesos catalana, SOS Monuments y Apudepa, lo que evidencia la creciente adhesión ciudadana a esta causa de defensa del patrimonio cultural.

Recuperando  exige al Gobierno como primera medida la publicación del listado completo de inmatriculaciones y anuncia que no aceptará un “pacto en la sombra” con la Iglesia para escamotear toda la información disponible o negociar una “solución en falso” del problema. Por lo tanto, propone la cancelación de todas las inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son nulas de pleno derecho. También sugiere la necesidad de afrontar una reforma de las disposiciones legales de protección del patrimonio histórico para reforzar la naturaleza de dominio público para aquellos monumentos de especial relevancia artística.

Contacto de Prensa

Jorge A. García  629 46 94 37

NUEVAS INMATRICULACIONES EN LA POBLACION DE MANCHONES ( ZARAGOZA )

 

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Zaragoza a 24 de Septiembre de 2018
 
     La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) ha tenido conocimiento de tres nuevas inmatriculaciones  en el municipio zaragozano de Manchones realizadas por el Arzobispo Elías Yanes en los años 80  ( Adjuntamos Notas Simples ) .
 
     Tal y como nos temíamos , los datos que aportó el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los bienes inmatriculados por el Arzobispado en la ciudad de Zaragoza son extensibles y se  van a ampliar con los que comprometen a toda la Archidiócesis  en su afán inmatriculador de bienes dedicados al culto durante los años 80 cuando la ley prohibía taxativamente que estos accedieran al Registro de la Propiedad hasta la reforma hipotecaria del Gobierno Aznar de 1998 .
 
    Esta vez la Iglesia Parroquial de Manchones y dos de sus Ermitas pasaron del dominio público a la dudosa propiedad del Arzobispado de Zaragoza mediante un autocertificado de Monseñor Elías Yanes amparándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria hoy ya derogado.
 
    Se avecina una cascada de casos que van a ser conocidos gracias a la lucha ciudadana y a la decisión de ciertas fuerzas políticas . Ante esta realidad inminente MHUEL requiere a las Instituciones del Estado competentes en esta materia así como a las propias en la Comunidad Aragonesa para que de una vez por todas tomen cartas en el asunto y se impliquen de manera nítida en recuperar todo ese rico patrimonio » expoliado » en virtud de unas normativas  hipotecarias de origen franquista que socavan de manera grave el ordenamiento constitucional.
 
Atentamente 
 
MHUEL