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Zaragoza concentracion recuperando

MANIFIESTO 22 DE JUNIO

Recuperando nuestro patrimonio público

Gracias a la tenacidad del movimiento ciudadano patrimonialista, hoy sabemos que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde 1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes inmatriculados desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional.

La publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común.

Conviene recordar hoy las palabras del presidente Sánchez en su solemne discurso de investidura ante nada menos que la sede de la voluntad popular: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial.

En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial.

Hoy, a iniciativa de la Coordinadora Recuperando, nos convocamos aquí y en otras 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos.

Recuperando nuestro patrimonio publico

CONVOCATORIA


Asunto: Actos simbólicos de denuncia del incumplimiento del Gobierno en recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.


Lema: Recuperando nuestro patrimonio público.


Convoca: Coordinadora Recuperando (30 colectivos ciudadanos)


Día: Martes 22 de junio de 2021.


Albacete. Frente a la Catedral. Plaza Virgen de los Llanos. 20.00h
Cáceres. Plaza de Santa María. 12.00h
Córdoba. Puerta del Puente. 20.00h
Granada. Plaza Nueva. 20.00h
Jerez. Torre del Reloj (Plaza Plateros) 20.00h
León. Plaza de la Catedral. 19.00h
Murcia. Plaza del Cardenal Belluga. 19.00
Oviedo. Explanada frente a San Julián de los Prados. 19.00h
Palencia. Plaza de San Francisco. 20.00h
Pamplona. Palacio Episcopal. 19.00h.
Santander. Plaza de la Catedral. 19.00h
Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes. 20.00h
Sant Boi de Llobregat. Plaza del Ayuntamiento. 19.30h
Valencia. Plaza del Micalet. 12.00h
Valladolid. Plaza de la Universidad. 19.00h
Zaragoza. Plaza de la Seo. 19.00h


Contacto: Andrés Valentín (630 08 01 01)

COMUNICADO MHUEL / QUERELLA REGISTRADOR Y SUBDIRECTORA GRAL DGRN

Providencia

Zaragoza a 20 de abril de 2021


     La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica :
     Por providencia fechada el 15 de abril de 2021 ; el titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Zaragoza cita a declarar en calidad de investigados al Registrador nº2 de la Propiedad de Zaragoza y a la Subdirectora general de la Dirección General de Registros y Notariados . ( Se adjunta Providencia )


Atentamente
MHUEL

COMUNICADO MHUEL / ADMISION A TRAMITE QUERELLA CONTRA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Auto de admision querella

Zaragoza a 22 de marzo de 2021       

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL )  comunica :            Que ha tenido conocimiento mediante Auto judicial fechado el 18 de marzo por el  Juzgado de Instrucción nº9 de Zaragoza ; la admisión a trámite de la querella presentada por esta asociación contra el Registrador de la Propiedad nº2 de Zaragoza ; D. Joaquín José Oria Almudí y la Subdirectora de la Dirección General de Registros y Notariados ;  Dña. Rebeca Laliga Miso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.         

El Juzgado ordena la incoación de diligencias previas y admite toda la documental presentada por MHUEL. ( Adjuntamos Auto en archivo ) 

Atentamente  

MHUEL

La iglesia no lo hizo tan bien

En contestación al artículo de opinión publicado en HERALDO el 3 de marzo de 2021 firmado por la registradora de la Propiedad Dña. Isabel de Salas y titulado ‘La Iglesia lo hizo bien’:

1- Mostrar cierta sorpresa con el artículo que llamativamente fue publicado al día siguiente 4 de marzo por el medio ‘Iglesia de Aragón’ -órgano oficial de comunicación de las diócesis aragonesas-, por lo tanto deducimos que la opinión de la Sra. de Salas es coincidente, por no decir que es la misma en pensamiento, tesis y argumentario que la postura oficial de la jerarquía católica en Aragón.

2.- La registradora de Salas nos hace un recorrido histórico desde el periodo desamortizador del siglo XIX que justifica las inmatriculaciones vía certificación. Hay que recordar que no conviene agitar los fantasmas del pasado mentando las desamortizaciones como elemento demonizador. El proceso desamortizador decimonónico, con todos sus errores e imperfecciones, buscó la erradicación de las llamadas ‘manos muertas’ de latifundios eclesiales, señoríos y mayorazgos improductivos; proceso irreversible para la transformación definitiva del sistema feudal de propiedad y de servidumbre en forma de pago de diezmos al nuevo pensamiento del estado moderno liberal y el incipiente municipalismo.

3.- Sostiene doña Isabel la constitucionalidad de la Ley Hipotecaria de 1946 (art. 206 LH y art. 304 del Reglamento Hipotecario), la reforma de la misma en el año 1998 con el Gobierno Aznar que amplía la potestad inmatriculadora a los bienes inmuebles dedicados a culto.

Queremos recordar con el debido respeto que, desde que entra en vigor la Constitución de 1978, el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el art. 16.3 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», por lo tanto es inadmisible y no tiene pase alguno que a partir del año 1978 una corporación de derecho privado como es la Iglesia católica pudiera estar equiparada o asimilada a una administración general del Estado o corporación pública a la hora de poner bienes inmuebles a su nombre mediante un autocertificado, ejerciendo los diocesanos como fedatarios públicos o notarios del Reino de España.

4.- Aduce la señora De Salas la validez de la interpretación que hace en 2001 la Dirección General de Registros y Notariados (DGRN) a la hora de dar carta de naturaleza positiva a las inmatriculaciones realizadas antes de 1998 a bienes inmuebles dedicados a culto. Nos preguntamos ¿quién es una dirección general para interpretar una ley, normativa o reglamento en el ordenamiento constitucional? Para eso está el Tribunal Constitucional y no la DGR, aunque coincidimos con la registradora en que nunca esta problemática se ha llevado ante el órgano competente jurisdiccional.

5.- Obvia por completo doña Isabel los miles de bienes inmatriculados de raíz privada (garajes, pisos, solares, pastos, montes, viñedos, regadíos y un muy largo etc.) que accedieron al Registro por autocertificación y sin aportar ningún título de dominio o de propiedad, de manera opaca y sin publicidad para poder ejercer el ‘iuris tantum’ (derecho a prueba en contra), provocando una vez transcurrido los plazos preceptivos el derecho a la propiedad por usucapión (30 años de dominio ininterrumpido y pacífico). Una vez más, y dicho con el debido respeto, se trata de un privilegio inadmisible que atenta de manera frontal contra el artículo 14 (Igualdad jurídica) de la vigente Constitución española y de una falta de catadura moral notoria y evidente.

 Atentamente 

MHUEL

COMUNICADO MHUEL / INTERPUESTA QUERELLA / VIA PENAL / REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD / SUBDIRECTORA DGRN

Querella

Presentacion telematica

Zaragoza a 12 de Marzo de 2021         

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL)  comunica :           

La interposición de una querella ante el juzgado de instrucción de Zaragoza contra el Registrador de la Propiedad nº 2 de Zaragoza ; D. Joaquín José Oria Almudí y la Subdirectora General  de la Dirección General de los Registros y Notariados ( DGRN ) Dña Rebeca Laliga Misó por los presuntos ilícitos penales de prevaricación y falsedad documental.  ( Adjuntamos querella y su presentación telemática )        

 MHUEL recibió en su día una certificación registral  negativa sobre la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo en  Zaragoza  y posteriormente esa negativa se tornó en positiva a petición del Ayuntamiento de Zaragoza con los mismos criterios de búsqueda ( Catastro , Descripción gráfica , documental histórica oficial DGA ) . Esta asociación emprendió la pertinentes acciones para esclarecer los hechos vía administrativa y disciplinaria a través de la Oficina del Defensor del Pueblo ; después de un largo periplo de contestaciones contradictorias y nada satisfactorias para llegar al fondo de la cuestión , el Defensor del Pueblo cerró el expediente por causas meramente formales en los tiempos establecidos.       

MHUEL ya adelantó en su momento que sí la vía administrativa no resultaba eficaz , se reservaba el derecho a ejercer las acciones civiles o penales que estuvieran a su alcance en los Tribunales ordinarios de Justicia.       

La asociación MHUEL dentro de la lógica más elemental se pregunta si es posible la negativa  por parte de un fedatario público cuando se le pregunta  ; ¿ Dónde y a qué nombre  está la Iglesia de San Pablo en la calle y plaza de San Pablo de Zaragoza ? Es evidente , significativo y notorio por el bien inmueble por el que le estamos preguntando a un Registrador de la Propiedad para que emita un certificado registral en este caso negativo y a posteriori emitir una nota simple positiva sobre el mismo inmueble a petición de una corporación pública.     

No querríamos llegar al absurdo más absoluto dado que los Registros de la Propiedad deberían  garantizar la seguridad jurídica e informativa y no lo contrario creando inseguridades pintorescas ante una más que posible respuesta negativa ante preguntas cómo ¿ Dónde está y quién es el propietario de la Basílica del Pilar en la Plaza del Pilar de Zaragoza ? . Dicho con el debido respeto , MHUEL tan sólo quiere poner un poco de cordura , sensatez y ejercer sus legítimos derechos y que no nos digan que era de color negro cuando preguntamos ¿ De qué color era el caballo blanco de Santiago ? .

Atentamente MHUEL

inmatriculaciones Comunicado Recuperando

Entrevista a Jorge Garcia Presidente de MHUEL en Aragon TV


La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 asociaciones patrimonialistas de todas las comunidades autónomas, desea difundir el siguiente comunicado en relación a la entrega del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica por el Gobierno central al Congreso de los Diputados, en cumplimiento de una petición parlamentaria de marzo de 2017.

  1. La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio eclesiástico. Es de justicia reconocer la labor tenaz y decidida de las asociaciones. No obstante, el listado es parcial e insuficiente. No incluye los bienes inmatriculados desde 1946, cuando se promulgó el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ni se han facilitado las notas simples del registro, lo que complica enormemente la identificación de las fincas inscritas. El número global de inmatriculaciones podría ascender a casi
    100.000.
  2. El informe gubernamental que acompaña al inventario recoge un prolijo argumentario jurídico que viene a certificar la presunta inconstitucionalidad del mecanismo inmatriculador al equiparar a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con notarios. Esa prerrogativa vulnera flagrantemente el precepto constitucional de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado, y habría otorgado a los obispos el privilegio de autocertificar la titularidad de decenas de
    miles de bienes sin garantía jurídica alguna.
  3. Las inmatriculaciones son, por tanto, nulas de pleno derecho. Si los obispos quieren inscribir bienes que presuponen de su propiedad deben hacerlo por los cauces ordinarios y con los mismos dispositivos registrales que cualquier ciudadano para evitar abusos como la apropiación de miles de inmuebles sin
    aportar título material, muchos de los cuales integran el valiosísimo legado cultural.
  4. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló en su discurso de investidura el compromiso expreso de efectuar las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica en virtud de un privilegio predemocrático. Es evidente que el presidente Sánchez ha incumplido su palabra. Aún reconociendo el informe gubernamental que las inmatriculaciones eclesiásticas se ejecutaron previsiblemente en base a una
    normativa inconstitucional, el Ejecutivo no parece dispuesto a anularlas y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados.
  5. La misma Proposición No de Ley (PNL), firmada por el PSOE y UP en la primavera de 2017 y que propició la publicación del presente listado de inmatriculaciones, ya consideraba la naturaleza demanial de los templos de culto y exigía al Gobierno la reclamación de la “titularidad del dominio” para aquellos inmuebles que carecieran de “título material” o “no susceptibles de propiedad privada”. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, suscribió otro documento jurídico en 2018 defendiendo la titularidad pública de la Mezquita y promoviendo un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra las inmatriculaciones eclesiásticas.
  6. El Gobierno de coalición quiere dar carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. Y, por razones que no ha sido capaz de explicar, ha indultado la
    apropiación masiva de fincas y bienes de indudable valor histórico por parte de la jerarquía católica después de negociaciones secretas que se han desarrollado en la más absoluta opacidad. Recuperando aún espera después de casi tres años que algún representante del Gobierno se digne a escuchar los argumentos de las organizaciones ciudadanas.
  7. Recuperando quiere expresar su profunda decepción por una renuncia gubernamental que solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica. Ni el presunto Gobierno más progresista de los últimos 80 años ha sido capaz de defender la legalidad
    constitucional frente al poder de los obispos. Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando sí lo estará.
    Contactos
    Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439)
    Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101

Inmatriculaciones, un saqueo consentido a la Iglesia Católica

En términos de derecho, la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de una finca, casa, frontón, catedral, etc., etc. Esta acción de inmatricular lo lleva a cabo el notario. Lo que sucede es que, según el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 y el reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, como fedatarios públicos para inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la Iglesia incontestable, quizá como premio a su inestimable colaboración en la guerra civil, por ser su fiel aliada. El caso es que esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo el único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces la ley no contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias, catedrales, basílicas, conventos…), pero desde entonces la Iglesia tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar. El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso y todo ello con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como del PP. A todo esto los gobiernos de Aragón no han tenido los arrestos suficientes como para defender lo que es del pueblo aragonés, sumisos con la Iglesia, inclinando vergonzosamente la cabeza a la todopoderosa Iglesia Católica.

Lo primero que llama la atención es como una ley inconstitucional, franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta el 2015. ¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para denunciarla? Es razonable pensar que todas las actuaciones efectuadas al amparo de esta ley inconstitucional, son nulas y por lo tanto todos los registros efectuados deberían ser revertidos a su anterior estado. ¿Por qué el aparato jurídico del Estado no ha hecho nada?

Que un diocesano fuera al registro civil y sin necesidad de presentar ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ridiculísimo pago, pasara a ser el dueño del bien registrado, es algo impensable en un país democrático y desarrollado. Desde el registro hasta que el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según las comunidades autónomas. Se da la circunstancia de que los diocesanos no daban cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes que la Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas, catedrales, iglesias, etc., monumentos espectaculares, con una riqueza arquitectónica e histórica impresionantes, como puede ser La Seo de Zaragoza (por nombrar una…). Claro, este modo de proceder, alevosamente, a traición, calladamente, como un bandido que roba los bienes que pertenecen al común, al pueblo, es indigerible, ¡penoso!

Todas esas propiedades pertenecen al pueblo, él ha sido su constructor y su mantenedor a base de impuestos a lo largo de la historia. Que la Iglesia lo haya empleado para oficiar actos litúrgicos de su confesión o para exponer toda clase de ornamentos, frescos, esculturas, cuadros, etc., no le dan el derecho de propiedad, al menos no desde un punto de vista racional.

Uno piensa en la gran contradicción que existe entre la prédica del evangelio de Jesús, el de los pobres y desheredados de la tierra, del cual hacen gala los ministros eclesiásticos con falsa humildad y artificialidad manifiesta, y la práctica cotidiana económica de la Iglesia, hasta el punto de haberse convertido en la mayor inmobiliaria del reino.

También llama la atención que es el Papa de Roma, el presidente de ese hipotético estado vaticano (aunque formalmente no lo sea), el que dirige todo este tinglado, al que deben obediencia y que se erige en el dueño de este emporio urbanístico y de todo lo que hay dentro de los edificios…

Estos días, el Gobierno del PSOE y IU-Podemos, manda al congreso una lista de bienes inmatriculados, pero no esta completa pues solo contempla aquellos bienes inmatriculados desde la ley Aznar de 1998, cerca de 40.000 bienes, casi nada… De entrada reconocen a la Iglesia como propietaria, aceptando que no haya presentado en su día ningún documento acreditativo de propiedad, tendrán que ser las personas individuales o ayuntamientos quienes tengan que presentar esos documentos para demostrarlo… ¡Vergonzoso! O sea, un procedimiento que funciona al revés y que va a provocar un follón en los juzgados de grandes dimensiones. Y a propósito de documentos, en muchísimos casos no hay documentación, no ha sido necesaria porque esos edificios eran del pueblo, del Ayuntamiento, del Estado…

El tema esta en que en ese listado no aparece ningún bien en nuestra ciudad, en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 se inmatriculó todo lo que fue menester pasando de la ley entonces vigente y sin esperar a la modificación de Aznar. Esto es tremendo, ya que la mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a 1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las registradas desde 1998? Pues no lo entendemos. Sospechamos que en estos últimos tiempos ha habido negociaciones con la Iglesia a espaldas nuestras, de la sociedad civil y se han llegado a este acuerdo tan balsámico para la Iglesia. Esta tendrá que devolver aquellas propiedades en se presente documentación que contradiga la inmatriculación… Serán los mínimos. ¿Qué pasa con los decenas de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Así se solventa el problema con esta institución privada y expoliadora del patrimonio del pueblo aragonés?

El Gobierno de nuestra Comunidad se debe erigir en el principal valedor del común, del pueblo y actuar para que no se consume semejante escándalo.