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El Alcalde izquierdista de Zaragoza apunta a las propiedades de la Iglesia.

Los políticos requieren saber a quien pertenecen las magníficas catedrales, monasterios y santuarios.

La tradición cristiana de la ciudad española de Zaragoza se remonta hasta el año 40 DC cuando, según la creencia, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago a las orillas del río Ebro. El pilar romano en el que se apareció ha sido objeto de veneración desde entonces. A día de hoy el skyline de la ciudad está dominado por las agujas y las torres de sus renombradas catedrales hermanas.

Pero mucho de ese patrimonio religioso de Zaragoza se encuentra ahora implicado en una controversia moderna. Lo que está en juego es una cuestión que se preguntan en los pueblos y ciudades de toda España y que ha enfrentado a la Iglesia católica con una nueva generación de políticos de izquierdas y activistas del laicismo. ¿A quien pertenecen todas las catedrales, monasterios, iglesias y santuarios?

Para Jorge García González, el presidente del Movimiento hacia una Estado Laico de Zaragoza, la respuesta es simple: “Estos lugares han sido construidos y mantenidos por generaciones de personas de Zaragoza” dice, “Por lo tanto deben seguir perteneciendo a todas las personas de la ciudad. Deben ser una propiedad pública, no la propiedad privada de la Iglesia.

Significativamente este punto de vista es compartido ahora por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se ubica puerta con puerta con la impresionante Catedral de Nuestra Señora del Pilar, y justo al otro lado de la plaza de la elegante Catedral del Salvador. Pedro Santisteve se ha instalado como Alcalde el último año, después de dirigir a la vitoria en las elecciones locales a una alianza de izquierdas de nueva formación, conocida como Zaragoza en Común. Su éxito se ha reproducido en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Cadiz. Todas ellas hoy son gobernadas por alcaldes cercanos al partido de extrema izquierda Podemos.

“Queremos saber qué ha ocurrido y porqué lugares de culto que han sido construidos por el pueblo han terminado, a través de una serie de oscuras maniobras, siendo registrados por la Iglesia a su nombre.” Dice el sr. Santisteve.

Ha escrito tanto al Gobierno autonómico como al Gobierno español en Madrid pidiendo una lista completa de las propiedades de la Iglesia registradas en Zaragoza. Por otra parte, el Sr. Santisteve esta considerando llevar el caso ante el Tribunal Constitucional para “establecer la legalidad de una situación que a mi modo de ver es ilegal”

Las oscuras maniobras que preocupan al Alcalde se refieren a un aparentemente pequeño cambio en la Ley Hipotecaria de 1998 que permitió a la Iglesia Católica inscribir lugares de culto en el Registro de la Propiedad. Gracias a un privilegio legal que se remonta a los años 40, esto lo pueden hacer con un simple certificado firmado por el obispo local, sin necesidad de aportar un título ni ningún otro documento de prueba.

Sin lugar a dudas, la modificación desencadenó un torrente de registros que asegurarían la propiedad para la Iglesia Católica, tanto de viñedos y campos deportivos como hasta de la mundialmente famosa Mezquita Catedral de Codoba. En la pequeña región de Navarra, sólo en ella, la Iglesia ha registrado mas de 1000 propiedades entre 1998 y 2015 cuando el privilegio fue finalmente abolido.

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y un prominente crítico de la propiedad exclusiva de la Iglesia sobre la Mezquita Catedral, describe el proceso como “el mayor escándalo sobre propiedades en la Historia” . Al igual que el sr. García en Zaragoza, sostiene que todos estos primeros registros de la Iglesia, llamados en España inmatriculaciones, deberían ser anulados por el Estado de forma retroactiva. Cuando menos, el Estado debería obligar a la Iglesia a revelar qué propiedades ha registrado. Fuera de Navarra y del País Vasco, el número es todavía desconocido.

Es un escándalo que a la Iglesia se le haya permitido actuar como si fuera el Estado, dice el Sr. Rodríguez.

La Iglesia española rechaza la crítica y advierte contra un renovado surgimiento del sentimiento anticlerical en la izquierda española. “Estas propiedades han sido de la Iglesia desde tiempo inmemorial” alega José Antonio Calvo, el portavoz del Arzobispado de Zaragoza. La única razón por la que a la Iglesia se le ha permitido certificar sus bienes sin prueba, añade, es “porque no había títulos de propiedad en la Edad Media”

Jorge Otaduy, un profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, institución muy próxima a la Iglesia Católica, defiende que todo se ha hecho conforme a la Ley.” Cree que la campaña esta marcada por “la ignorancia y la demagogia” y por un intento de “dañar la reputación de la Iglesia”

Si la Iglesia puede finalmente ser forzada a publicar, no digamos ya a renunciar al listado de sus bienes, está aún por ver. Pero la disputa pilla a la institución en un momento difícil.

Las encuestas muestran que la asistencia a misa ha caído considerablemente desde la pasada década, con cerca de un 60 por ciento de católicos españoles que dicen no ir nunca. Apenas dos tercios de la población se identifican ahora como católicos, mientras un 18 por ciento dicen ser no creyentes y un 9 por ciento ateos.

Al mismo tiempo la Iglesia ha perdido una serie de importantes batallas políticas, muy especialmente cuando no consiguió evitar la introducción del matrimonio homosexual ni una mayor relajación de la legislación sobre el aborto.

En Zaragoza y en otras ciudades gobernadas por la nueva izquierda española, el desafío al estatus de la Iglesia parece haber entrado en una nueva fase. El sr. Santisteve dice que tiene una relación cordial con la diócesis local, pero que también esta dispuesto a ensanchar la separación entre la Iglesia y el Estado. Ha desterrado el crucifijo de los plenos locales, ha quitado pequeñas pero simbólicamente importantes subvenciones a procesiones y terminado con la tradición de exponer un belén en el Ayuntamiento. El sr. Santisteve ha rechazado participar en las procesiones de Semana Santa, a las que tradicionalmente asisten el alcalde y los concejales junto con el clero y las cofradías.

Los críticos ven en estos y otros movimientos una innecesaria ruptura con la tradición en el mejor de los casos y un intento deliberado de borrar a la Iglesia de la vida publica en el peor. Para el alcalde, sin embargo es una parte del largamente postergado esfuerzo de implementar la separación entre la Iglesia y el Estado que consagró la Constitución Española hace cuatro décadas. “Simplemente estamos intentando poner las cosas en su sitio” dice.