Ha llegado la primera luna llena tras el equinoccio de primavera y la legislación laboral indica fiesta.

En el movimiento hacia un estado laico (MHUEL) estamos encantados con que haya unos días de asueto. Pero estamos en desacuerdo con que la decisión sobre qué días hayan de ser festivos no pueda ser tomada libremente por los legítimos representantes del pueblo sin la consulta previa y obligada a la conferencia episcopal en claro menoscabo de la soberanía nacional.

Respetamos el derecho de los católicos a manifestar públicamente su fe y el de todos a disfrutar -si quieren- de los aspectos antropológicos, culturales y lúdicos que la celebración trae consigo, pero manifestamos nuestro desacuerdo con que las autoridades públicas, representantes de todos, tomen parte activa en ritos de carácter confesional transgrediendo el artículo 16.3 de la constitución española.

Cierto que las celebraciones tienen su vertiente económica a la par que religiosa, pero en aplicación de los principios que inspiran el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, nos gustaría conocer cuanto nos cuesta a los ciudadanos la llamada semana santa. Tanto en términos de los recursos a ella destinados -desde guardia urbana a servicios de limpieza- como el coste de oportunidad que supone para la comunidad el uso masivo y exclusivo de calles y plazas en detrimento de la actividad cotidiana.