Corría el año 1996, cuando el Partido Popular resultó vencedor en las elecciones al Parlamento español, y su líder Jose María Aznar, alcanzó la Presidencia del Gobierno.

Llegaba Aznar a la presidencia tras unas últimas legislaturas del PSOE salpicadas por numerosos casos de corrupción y uso irregular del poder. Estos escándalos, convenientemente aderezados por los medios afines, fueron minando progresivamente su credibilidad, y el año 96, la perdieron definitivamente.

Los problemas se amontonaban, y las medidas para recuperar la confianza en la depauperada clase política, además de necesarias, eran de extrema urgencia.

Resulta por ello llamativo que una de las más tempranas decisiones que adopta el nuevo ejecutivo fuera recuperar una ley por la cual, los Obispos de la Iglesia Católica podrían actuar como fedatarios públicos, ampliándola para poder registrar bienes de culto, iglesias, ermitas… que no estuvieran registrados.

En esa caja de totum revolutum, han cabido toda clase de bienes inmuebles, ermitas, capillas, casas parroquiales, fincas de labor, … y la Mezquita de Córdoba.

Con extraordinaria celeridad, los Obispos han procedido a registrar miles y miles de propiedades a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por otra parte, llama la atención que los colegios notariales hayan permitido, sin levantar la voz, una intromisión tan manifiesta en sus atribuciones.

Asociaciones ciudadanas han intentado parar semejante expolio, y sistemáticamente se han encontrado con la resistencia de las autoridades, estatales y autonómicas, a proporcionar datos que facilitaran la labor de detener las inmatriculaciones.

Con el caso de la Mezquita de Córdoba los procesos de denuncia han conseguido algo de notoriedad, bastante escasa por otra parte. En todos los demás casos se ha aplicado el mismo modus operandi, silencio y secreto, y cuando nos demos cuenta habrán esquilmado el Estado.

Los mismos que desde los órganos de poder  nos repiten sin cesar la cantinela de la austeridad, hacen regalos millonarios a quien menos lo necesita.

Los dos grandes partidos políticos, eluden continuamente el debate sobre el problema. Uno por ser su causante, y el otro porque practica la estrategia de mirar hacia otro lado. Como siempre.

Mientras tanto miles de inmuebles pasan a propiedad de la Iglesia Católica, y los ciudadanos nos quedamos perplejos cuando nos enteramos que lo que antes era de todos, ahora pertenece a una institución históricamente privilegiada.

Ante esta situación caben muchas preguntas y reflexiones, pero hay algunas que no dejan de rondarme por la cabeza:

¿Por qué motivo  recuperó y actualizó el presidente Aznar una ley del más rancio franquismo? Y ¿por qué las prisas? Desde luego, no era un clamor de la sociedad la dichosa ley.

Claro que su sucesor en la Moncloa, Zapatero, ni la derogó, ni la cuestionó, ni reparó en ella, quizás fuera que no se dio cuenta de la situación, al ser abducido por el misticismo de Mª Teresa Fernández de la Vega.

Nada raro, tampoco se enteró de otras muchas cosas que estaban sucediendo.

En un estado, teóricamente aconfesional, es bastante llamativo, que las dos principales fuerzas políticas actúen al dictado de la Iglesia Católica, favoreciendo sus intereses, con menoscabo de los intereses de los ciudadanos.

 

Artículo de opinión del socio de MHUEL  José Antonio Luque