«La deidad guía al poder y el poder se ha de atener al mandato divino». Durante siglos la finalidad de la celebración del Corpus ha sido dejar sentado ‘todo’ está bajo el amparo de la deidad católica, única y verdadera (cuyo símbolo es el cuerpo y la sangre de Jesucristo) y se debe a ella.
Dicen que en el siglo XIII una religiosa belga visionaria mística promovió la idea de celebrar una festividad en honor al «cuerpo y la sangre de Cristo» presente en la Eucaristía. En el Concilio de Viena de 1311, el Papa Clemente V indicó las normas para regular los cortejos procesionales en el interior de los templos y el lugar que deberían ocupar las autoridades que «quisieran añadirse» al desfile que, mucho más tarde se llevan a la calles… mezclándose con diversos «fervores», incluso políticos.
Han pasado siglos. La Inquisición (como institución) está abolida, pero no su ideario (que se ha actualizado) y la fiesta del Corpus (esencialmente). Aunque se haya popularizado con boatos de mil formas religiosas, artísticas y paganas, la promueven líderes religiosos católicos. Ésos que condenan que se practique la interrupción del embarazo, incluso aunque peligre la vida de la mujer, los que califican a las mujeres como de rango inferior al hombre, los que combaten los matrimonios igualitarios, los que esconden la pedofilia de sus clérigos, los que se lucran económicamente del dinero público, los que acumulan riquezas, los que abrazan en Europa y EEUU a los neocapitalistas que están arruinando los derechos civiles y laborales conquistado durante siglos, los que repudian la razón y el ideario de equidad y fraternidad promovido en ‘siglo de las luces’ y promueven a cambio la ‘caridad’ a través de sus instituciones católicas…
Eso no hay que olvidarlo cuando ciertos políticos de todo pelaje y color se mezclan con ese clero y esos líderes religiosos seglares. Los políticos del franquismo desfilaban marciales y ataviados con mantilla (las señoras) y uniformados militar y civilmente para la ocasión, bandas e insignias, incluidas.
El pasado 30 de junio dos insignes barones del PSOE, entre otros políticos de diversas formaciones por todo el Estado: Emiliano García-Page, líder del PSCM-PSOE, alcalde de Toledo y Senador (tres en uno, como la Santa Trinidad) y Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia e Interior y actual alcalde de Zaragoza, han desfilado, un año más, con sus atuendos representativos civiles. Se cita a estos dos políticos, por lo simbólico de sus cargos.
El alcalde de Toledo, además, viene demandando que la fiesta católica del Corpus sea nacional todos los años e «internacional» si le dejaran… en su afán por demostrar su fidelidad al catolicismo o al menos eso aparenta.
Y el alcalde de Zaragoza siente una atracción especial hacia todo que huele a sotanas. Entre sus debilidades resaltan el enorme crucifijo de su despacho, que manda trasladar a los plenos para que presida las sesiones y la procesión del Corpus, a la que no falta nunca, aunque año tras año le acompañen menos concejales y a pesar de que muchos ciudadanos le recuerden, públicamente, que este país es aconfesional.
Alcaldes de todos los colores y otros cargos y servidores públicos deberían explicar a la ciudadanía por qué participan activamente en procesiones y misas. No vale que se escuden en la fe de muchos creyentes, fe que es muy respetable. Deberían saber que otros muchos ciudadanos no son creyentes o pertenecen a otras confesiones y, por lo tanto, deben mostrar neutralidad. Por lo que observamos, para estos líderes del PSOE y para muchos de otros partidos, «la deidad guía al poder y el poder se ha de atener al mandato divino». Quizá desconocen que hay otras formas ilustradas de estar con toda la ciudadanía y de hacer política.
La política educativa del Gobierno del PP en el Estado español y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está provocando un desmantelamiento de la Educación Pública, en beneficio de la educación privada concertada.
Bajo la consigna de “libertad de elección de centro” y de que todos son centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada, y por ello tienen los mismos derechos, están concediendo toda clase de prebendas a los centros privados concertados:
Les conceden programas que hasta ahora eran casi exclusivos de los centros públicos y que les daba a éstos un prestigio ganado por el trabajo de los docentes y de la comunidad educativa: bilingüismo, auxiliares de conversación, escuela 2.0, Formación Profesional a distancia…
Se les mantienen conciertos con un número de alumnos inferior a la ratio establecida en BOA para su concesión, incluso se les mantienen conciertos con aulas vacías.
Se conciertan ciclos formativos con fundaciones que ni siquiera son centros educativos: como la Fundación laboral, Centro de Formación Profesional Arsenio Jimeno o la Academia Artemis.
Se mantienen y renuevan ciclos formativos de grado superior (enseñanza no obligatoria) en academias privadas: Academia izquierdo o Academia Marco, entre otras)
Se equipara el precio de los comedores escolares (para que no haya discriminación), suprimiendo la subvención a los comedores de los centros públicos, en los que aumenta considerablemente el precio del menú.
En contraposición, se suprime el Primer Ciclo de la ESO en todos los centros públicos de primaria en los que se imparte, condenando al alumnado a recorrer rutas (en algunos casos de montaña) de más de una hora de duración y condenando a las zonas rurales a desaparecer.
Suprimen trece ciclos formativos de grado superior, la mayoría en la zona rural, obligando al alumnado a desplazarse para acceder a los estudios o a abandonar su formación.
Cuando hay demanda de plazas en los centros privados crean las unidades que hagan falta, como es el caso de colegio Teresianas, en el que se creó una unidad el curso pasado y que en este curso, que hay más oferta que demanda, no la suprimen de allí, sino que la suprimen del colegio público Octavus de Utebo.
Este curso han dejado fuera en Zaragoza capital a 20 alumnos y alumnas del colegio Tenerías y a 37 del colegio Rosales del Canal, enviando a éstas últimas a cuatro kilómetros de su casa sin transporte ni comedor.
¿Dónde está en todos estos casos la libertad de elección de centros?
¿Qué libertad de elección tienen las familias y el alumnado de los pueblos en los que se suprime diferentes enseñanzas y opciones educativas?
¿Qué derecho a la libertad de elección de centro tienen las familias de los centros rurales a los que se les cierra la escuela o suprimen unidades y profesorado?
Las personas de las zonas rurales pagan los mismos impuestos, les descuentan el mismo IRPF y pagan el mismo IVA que los demás y solo piden que se les deje el poco servicio educativo que tienen: su escuela, el primer ciclo de la ESO o los ciclos de FP.
No tienen derecho a elegir centro educativo, porque no hay. Sólo exigen que les respeten el derecho a la educación en su localidad.
Las medidas de recorte aplicadas en Educación no son “reajustes”, son recortes ideológicos, favoreciendo a los centros privados y confesionales. Las familias que optan por estos centros sí ejercen el derecho a elegirlos.
No se pueden justificar bajo el lema de la libertad de elección las actuaciones de privatización y de privilegios.
Las concertaciones de la enseñanza privada deben ir desapareciendo progresivamente y no se deben renovar, ni ampliar un solo concierto en las enseñanzas no obligatorias.
Las familias podrán seguir eligiendo entre un “Centro Público, Laico, Gratuito y Universal” o un Centro Privado bilingüe y/o confesional si quieren, pero en este caso, que se lo paguen.
Teresa Olalla (Secretaria de organización de CGT Enseñanza)
Pedro García Castrillo. Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)
En muchos órdenes de la vida cotidiana se extiende el apriorismo de que lo privado es superior a lo público. También en la enseñanza hay quien busca la calidad en los centros privados concertados apoyándose en algunas estadísticas sacadas de los informes PISA o ciertos rankings de centros como los publicados por la comunidad madrileña. Sin embargo, dejarse guiar por las apariencias y lugares comunes puede conducir a errores de bulto y una mirada más detenida permite llegar a conclusiones diferentes.
Pedagogos, sociólogos y economistas de la educación llevan años teorizando y haciendo estudios empíricos sobre las razones o causas explicativas del rendimiento académico tanto de estudiantes como de centros educativos. Recientemente los informes PISA o las evaluaciones de diagnóstico han suministrado la información necesaria para acometer esa tarea que nada tiene que ver con las pruebas que la consejería se ha sacado de la manga para Teruel y que pretende extender al resto de Aragón con la oposición justificada de la comunidad educativa.
En este campo, la comunidad académica ha sido prolífica (un resumen de la literatura en España: aquí). La mayoría de los trabajos coinciden en que los principales determinantes del rendimiento académico están asociados a variables de tipo socioeconómico, como el nivel económico, cultural y educativo de los padres o la disponibilidad de recursos educativos en el hogar y otorgan un papel marginal a cuestiones como la titularidad del centro, su forma organizativa, los recursos educativos o el ratio de alumnos-aula. Los complicados procedimientos estadísticos que se encuentran detrás de estos estudios no deben enmarañar algo sencillo de comprender. Cuando una criatura llega a la escuela lleva la impronta que le deja su familia y que ha mamado desde sus primeros días, en forma de actitudes y conocimientos. El entorno familiar y social en el que vive le predispone a la cultura o le aleja de ella. Si además, se relaciona con compañeros de aula y de ocio que gozan de un contexto favorable, su probabilidad de éxito aumenta. Si el entorno familiar y social es el contrario, el rendimiento tiende a caer.
De modo que si un centro desea alcanzar los más altos puestos en los rankings de resultados no tiene que centrar sus esfuerzos en contratar a los mejores profesores o en usar los recursos educativos más innovadores, sino que debe tratar de captar a los mejores estudiantes, aquéllos que debido a sus características familiares y personales van a obtener mejores resultados. En eso, la mayoría de la escuela concertada sí que se ha especializado y la segregación social inducida por los conciertos educativos está bien estudiada tanto en España (aquí), como en Aragón (aquí). Uno de los objetivos de la ley Wert es la profundización en esta segregación social y diferenciación de centros.
Una vez descontados los factores socioeconómicos, la mayor parte de los estudios empíricos muestran que los resultados educativos de las escuelas públicas y las privadas concertadas apenas difieren. Es más, aparece evidencia de una mayor eficiencia de la escuela pública tanto a nivel de España con datos de PISA-2006 para estudiantes de secundaria (aquí), como en Aragón con estudiantes de primaria y datos de la evaluación de diagnóstico de 2010 (aquí).
En resumen, la escuela pública tiene estándares de calidad iguales o superiores que la privada. La diferencia estriba en la selección de estudiantes que efectúan una y otra.
Llegados a este punto, es obligado referirse a uno de los aspectos que infunden temor a las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela pública: algunos centros tienen una elevada concentración de estudiantes de origen inmigrante y de minorías étnicas, y las familias piensan que eso puede repercutir negativamente en la educación de sus hijos. No andan del todo desencaminados. Los estudios empíricos (por ejemplo: aquí y aquí) concluyen que la presencia de inmigrantes de primera generación en las aulas no afecta al rendimiento de los nativos si la concentración es inferior a un umbral estimado en el 20%, pero sí que tiene efectos negativos en concentraciones superiores. La respuesta de los padres de trasladar a sus hijos a un entorno más favorable es lógica desde la perspectiva individual, pero socialmente contribuye a la formación de guetos que deberían evitarse. Esto constituye un argumento a favor de una distribución más equitativa del alumnado problemático entre los diferentes centros educativos, incluyendo, claro está, a los concertados. Una tarea en la que la administración educativa debería implicarse activamente, pero que está en las antípodas de sus objetivos inmediatos ya que va en contra de los intereses que defienden y a los que representan. Una tarea que la comunidad debe poner encima de la mesa, para que la atiendan.
Buenos días, Sr. Alcalde, señores concejales, corporación municipal, señoras y señores:
Tengo la oportunidad de dirigirme a este pleno municipal gracias a la generosidad de los grupos de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que han cedido 5 minutos de su valioso tiempo a la asociación Movimiento Hacia un estado Laico, (MHUEL).
Los objetivos de esta Asociación son alcanzar la efectiva y real aconfesionalidad del Estado, separando la religión y cuanto la rodea de los poderes y actos públicos
La asociación MHUEL, de carácter laico, pretende ser garante de la libertad de conciencia y por ello realiza una defensa a ultranza de todos los derechos, individuales y colectivos, sin discriminación por razones de sexo, razas, creencia, opinión y condición, tal y como recoge nuestra Constitución..
MHUEL comparece en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos para solicitar a esta corporación Municipal que se adhiera a la petición de reprobación del Sr. Delegado del Gobierno en Aragón, instando al Sr. Delegado a presentar su dimisión, y si esta no se produce, solicitar al Gobierno de España que proceda al cese del Sr. Gustavo Alcalde y de todo su equipo.
“La libertad que concede el Articulo 21 de la Constitución española de 1978, no es solo el de manifestarse, sino de manifestarse donde cada uno quiere, con el único límite del orden público.
Se trata de un derecho de libertad que si se comienza a regular demasiado se acabará con el.
Por eso la Constitución no lo hace depender de una autorización previa de la administración, porque si lo hiciese seria un derecho prestado, concedido, pero no un derecho fundamental”.
Tal y como nos ilustra el catedrático de derecho constitucional Sr. Solozábal.
La Delegación del Gobierno está dando un lamentable espectáculo de prohibiciones y recortes de derechos y libertades, que sistemáticamente desembocan en una desproporcionada actuación policial, auspiciada por la incompetencia y la desfachatez de quien les dirige, El Sr. Delegado del Gobierno en Aragón.
Hace días que su gestión y sus métodos están siendo cuestionados por una gran mayoría social.
Prohibiciones, multas, detenciones, identificaciones,… se vienen dando de forma sistemática., debido a que el Delegado del Gobierno, olvida con excesiva frecuencia, que la figura que ostenta, debe ser garante de los derechos y libertades ciudadanas.
Por este motivo el ciudadano se ve abocado a la defensa de sus derechos ante los tribunales, dado que quien debería garantizar el libre ejercicio de los mismos se dedica a pisotearlos, como así recogen múltiples sentencias al respecto.
Ayer mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fallo nuevamente en contra de una resolución del Sr. Delegado, por la que coartaba el derecho de manifestación, utilizando para ello, como único argumento sus personales criterios de aprovechamiento de oportunidad política.
No es la primera vez, esta Asociación ha tenido que recurrir a los tribunales de Justicia en varias ocasiones por haber sido atropellados sus derechos fundamentales.
Son ya numerosas las veces en las que disposiciones del Delegado son enmendadas por los tribunales.
Antes que algún perspicaz acolito nos diga que también hay sentencias a favor de las actuaciones del Delegado, les diré que NO ES un merito que un representante público cumpla con la ley. NO ES NADA MERITORIO CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN.
En cambio, es un demerito no hacerlo, y no hacerlo de forma ocasional podríamos considerarlo un error, incumplir con sus deberes de forma habitual y tener que ser corregido en los tribunales es:
Incompetencia o maldad.
Queremos recordar que la autoridad Gubernativa tiene el deber de proteger el ejercicio del derecho de reunión, manifestación y asociación, frente a quienes traten de impedirlo, perturbarlo, o menoscabarlo.
¿Cuántas veces tiene un Juez que revocar una instrucción del Delegado del gobierno para que quien le nombra y apoya se de cuenta de que no está capacitado para el cargo?
¿Cuánto capital público debe de ser derrochado en el pago a letrados del estado, en la defensa de causas torticeras e injustas para que el Delegado del Gobierno dimita?
¿Cuánto dinero y recursos nos tenemos que gastar los ciudadanos en la defensa de nuestros derechos para que sea cesado, o dimita?
Desde MHUEL hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos que componen la Corporación Municipal para que los cargos públicos de nuestra ciudad y comunidad autónoma sean ocupados por personas que como mínimo estén dispuestas a respetar las leyes que entre todos nos hemos dado.
Los ciudadanos de Zaragoza y Aragón no merecemos políticos que actúen con responsabilidad y por ello exigimos la dimisión del Delegado del Gobierno y de todo su equipo.
Muchas gracias
Zaragoza 30/5/2013 . La asociación aragonesa MHUEL Movimiento hacia un Estado Laico , ha tenido esta tarde conocimiento del fallo emitido por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se estima su recurso contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón de modificación de itinerario de manifestación prevista para el 1 de Junio que no permitía transcurrir por la calle Alfonso I de Zaragoza por encontrarse en esa vía pública la vivienda de la Consejera de educación del Gobierno de Aragón Dña Maria Dolores Serrat.
La asociación MHUEL expresa lo siguiente :
1 ) Estar satisfecha con dicha sentencia pero sin ninguna euforia , es triste tener que recurrir a la justicia para que impere el sentido común y la normalidad democrática y constitucional que tiene que regir en la vida pública de una sociedad moderna , plural y avanzada.
2) Reiterar el término » sin ninguna euforia » dado que la seriedad de esta asociación nos hace actuar de la misma manera cuando ganamos o perdemos sentencias ; comunicando a los medios inmediatamente las resoluciones de las mismas nos sean favorables o no.
3) MHUEL no necesita, ni son de su estilo , los excesos de euforia como demostró el actual Delegado del Gobierno el Sr. Don Gustavo Alcalde hace pocos días en un medio escrito local de Zaragoza al manifestarse con una impronta poco habitual en un cargo público de su relevancia a defender el Estado de Derecho y a autocomplacerse por una reciente sentencia del 20 de mayo que fue favorable a las tesis de su Delegación dictada también por el TSJA. Pedimos ahora al Sr.Gustavo Alcalde que haga lo mismo y que defienda con el mismo ahínco el Estado de Derecho ante esta sentencia adversa a los intereses de su Delegación.
4) Esta asociación recuerda a la actual Delegación que ésta ya es la segunda vez que tenemos que recurrir al TSJA por sentir vulnerados nuestros derechos fundamentales en menos de un año y en ambas ocasiones la sentencia nos ha sido favorable . Por todo ello , volvemos a pedir la inmediata dimisión o cese administrativo del actual Delegado del Gobierno y de todo su equipo ; hace días que su gestión y sus métodos están muy cuestionados por una gran mayoría social y que en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades están dando todo un «espectáculo lamentable » de prohibiciones , modificaciones , multas , sanciones , detenciones , identificaciones etc , cuestión que no hace más que reconocer el fracaso en su gestión al aplicar la vía policial con fuerza inusitada contra las personas como único medio para controlar una situación que hace tiempo que se les fue de las manos , actuando de una manera que bien recuerda a los Gobernadores Civiles de los últimos años de la década de los setenta.
5) La asociación MHUEL de carácter Laico es garante de la Libertad de conciencia y por ende de la defensa a ultranza de todos los derechos y libertades individuales y colectivas de todas las personas sin discriminación por razones de sexo , raza , creencias , opinión y condición como postula nuestra vigente Constitución. En este acto en concreto , MHUEL se vio en la obligación asociativa de defender esos derechos , comunicando en su nombre y representando a todos los colectivos y asociaciones que componen MAREA CIUDADANA para celebrar la jornada del 1J con los lemas PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA TROIKA y CONTRA LA REPRESIÓN , DELEGADO DIMISION.
6) Denunciamos públicamente las formas y maneras de actuación de todo el equipo de la actual Delegación del Gobierno en Aragón y en este caso más aún si cabe . Es inaudito contemplar resoluciones modificativas que posteriormente se remodifican anulando anteriores resoluciones en firme y todo ello en espera de un fallo judicial que por fin hoy se ha resuelto favorablemete cortando de raíz tanto despropósito. MHUEL se pregunta : ¿ Sabe bien la Delegación lo que está haciendo ? puesto que visto lo visto , da la sensación que en la Delegación se funciona con criterios arbitrarios y de oportunidad política dejando al margen la objetividad y los razonamientos fundados.
7) MHUEL junto a los colectivos que componen MAREA CIUDADANA , estudiarán en los próximos días las acciones que consideren oportunas dentro de la legalidad vigente en contra de esta Delegación .
8) MHUEL interpondrá mañana 31 de mayo nuevo recurso ante el TSJA contra la Delegación , para que la justicia dictamine nuevamente ciertos aspectos de este contencioso aún sin aclarar.
9) MHUEL da las gracias a todas la personas y colectivos que han trabajado , colaborado y arrimado el hombro cuando las cosas se ponen feas y recuerda que esta asociación siempre estará presente dando el paso adelante cuando vea que para otros o para ella misma se cercenan sus derechos y libertades fundamentales.
Saludos cordiales
Jorge A. García
Presidente de MHUEL
SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA COPIA DE LA SENTENCIA EMITIDA HOY 30 DE MAYO POR EL TSJA