El pasado viernes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley orgánica que en un alarde de lenguaje orwelliano denominan “para la mejora de la calidad educativa”. El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) se niega a usar dicho nombre porque no se ajusta al contenido. En su lugar la denominamos  Ley Wert para que quede memoria del responsable de tamaño desatino.

No haremos aquí un análisis pormenorizado de un texto que ha recabado críticas desde todas las perspectivas imaginables, pero sí queremos manifestar nuestra más rotunda oposición a dos principios generales. El primero es la progresión en la mercantilización de la educación y su privatización en beneficio de la Iglesia Católica y el segundo es la consolidación del régimen imperante de nacional-catolicismo que, dicho sea de paso, ninguna administración educativa anterior ha osado cuestionar.

No está en nuestro ánimo el ataque a la religión ni hacemos profesión del anticlericalismo. De hecho, manifestamos nuestro completo acuerdo con el texto que hizo público el pasado 24 de marzo las “Comunidades de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid” en relación con este proyecto de Ley. Por eso, también afirmamos que la Conferencia Episcopal Española se está ganando a pulso el calificativo de sectarios y el rechazo de una parte significativa de la población española por su posición intransigente y dogmática.  El justo reproche a los Estados en donde reina la intolerancia islámica no debe impedir la necesaria crítica del fundamentalismo católico que en nuestro país impera.

Nos manifestamos contrarios a la impartición de religión en la escuela. Sea la religión que sea.. Sea evaluable o no. Sea voluntaria o no. La escuela es el lugar de la ciencia y del conocimiento, no de la fe y la creencia. La escuela ha de ser lugar de integración y no de segregación según las creencias de los padres. La escuela ha de formar en valores universales y no particulares.  Por eso llamamos a todas las fuerzas políticas y especialmente al PSOE a ser consecuentes con el principio de aconfesionalidad del Estado y a que denuncien los acuerdos de 1979 del Estado Español con la “Santa Sede”.

El tratamiento que hace el proyecto de Ley de la asignatura de religión y de “Valores éticos” no deja más opción que la llamada a la objeción de conciencia de los padres a dichas asignaturas puesto quelas creencias no pueden ser objeto de evaluación y los criterios morales deben estar ausentes de una escuela pública al servicio de todos.

Nos manifestamos contrarios a la privatización de la enseñanza a través de los llamados conciertos educativos que, en la práctica, conducen al cuasi monopolio de la educación que la Iglesia Católica obtuvo de la dictadura franquista. Con más motivo estamos en contra de la ampliación de los periodos de concierto, de la supeditación de la programación educativa pública a la oferta privada, de la ampliación de los criterios de selección del alumnado por parte de los centros y de la concertación con centros segregadores, cuestiones que contempla el actual proyecto de Ley.

Valoramos este proyecto como una mezcla de neoliberalismo en lo económico y rancio nacional-catolicismo en lo ideológico, que nos pretende llevar al fondo de la historia. Llamamos a la comunidad educativa y a las fuerzas democráticas a aprovechar el viaje al que nos obligan para unir fuerzas y tomar impulso, para la consecución, por fin, de una escuela pública, laica, democrática y gratuita.