Enlace NDP Recuperando

Zaragoza a 25-1-2022.

A lo largo del día de ayer nos vimos sorprendidos por las noticias provenientes de la Conferencia Episcopal y por las declaraciones del Ministro Bolaños en relación con el problema de las inmatriculaciones de bienes inmuebles por parte de la Iglesia Católica.

Los titulares de los medios se centraban en el hecho de que la Conferencia Episcopal (CE) reconocía en un informe que cerca de 1000 de los 34000 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 pertenecen a un tercero o no consta su titularidad, asumiendo por exclusión que los restantes no son objetables.

El informe es realizado por la propia CE a partir de un listado de inmatriculaciones incompleto hecho público por el Gobierno. Decimos incompleto porque en él no figuran las inscripciones registrales previas a 1998 (entre las que se encuentran la mayor parte de los templos de Zaragoza capital) ni incluye la información de las notas simples que permitiría identificar con claridad los inmuebles de que se trata.

Mientras los medios interrogan por los bienes afectados, nosotros nos preguntamos cómo es posible que bienes pertenecientes a un tercero figuren inscritos en los registros de la propiedad a nombre de entidades eclesiásticas. Qué título aportó el eclesiástico que solicitaba la inscripción, qué comprobaciones realizó el registrador que la practicó y qué legislación permitió que esas apropiaciones indebidas se dieran. Las preguntas son pertinentes en términos generales y en el caso particular del conocido templo de San Juan de los Panetes de Zaragoza, en el que una prospección azarosa de Mhuel permitió detectar que fue inscrito por la diócesis zaragozana a finales de los ochenta cuando desde 1933 formaba parte del Patrimonio Nacional. El “error” (por denominarlo suavemente) fue subsanado casi treinta años después, en 2017, cuando la diócesis solicitó cancelar la inscripción.

Por ello, desde MHUEL cuestionamos todo el proceso. Todas las inmatriculaciones realizadas desde 1978 al amparo de una ley que equiparaba a obispos con notarios deben ser declaradas nulas de pleno derecho, por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida. No negamos el derecho de la iglesia a ser titular de bienes, como cualquier persona física o jurídica, pero no a inscribirlos como propios apoyándose en la mera declaración de los prelados.

El camino sugerido por el Ministro para la recuperación de esos bienes por sus legítimos dueños lleva a la apertura de miles de procesos judiciales costosos en tiempo y recursos, que obligan a demostrar la propiedad de quien impugna cuando la iglesia ha inscrito esos bienes sin aportar más título que la palabra del eclesiástico.

El Gobierno, con este proceder, está reconociendo la apropiación de hecho de la mayor parte de los inmuebles, incluyendo en ellos bienes de dominio público, que deberían ser intransferibles y que forman parte del patrimonio histórico-artístico de nuestro país, incumpliendo su propio acuerdo programático en cuyo apartado 5.11 figura que “haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

En Mhuel entendemos que el problema no puede ser resuelto con una negociación opaca como la abordada con la CE sino que requiere una respuesta global y justa debatida en el marco del Parlamento. Por nuestra parte, seguiremos impulsando dicha vía y denunciando este expolio patrimonial.

Zaragoza a 3 de Octubre de 2021            La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica mediante nota de prensa que en las próximas horas instaremos al Gobierno de Aragón a que inmatricule de manera oficial la Catedral de Tarazona ante el Registro de la Propiedad de la ciudad Turiasonense . Actualmente ésta administración pública está facultada conforme a la vigente Ley Hipotecaria para proceder a esta actuación administrativa  para preservar el dominio público de un bien inmueble declarado PAC y BIC por la administración pública en el cual después de estar casi 30 años cerrado al público y haber invertido más de 24 millones de euros procedentes del erario público para su restauración  , en estos momentos es gestionado por  la Fundación Tarazona Cultural .   Adjuntamos Nota de prensa y documentación acreditativa de los hechos a los que nos referimos  Atentamente MHUEL

• Nota de prensa

Notas simples

Negativa 1

Negativa 2

Negativa 3

Hoja 1 listado de inmatriculaciones Tarazona

Hoja 2 listado de inmatriculaciones Tarazona

Auto sobreseimiento

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica que ha tenido conocimiento del auto dictado por el juzgado nº9 de instrucción de Zaragoza . En este auto el magistrado dicta el libre sobreseimiento de los investigados por la querella presentada por MHUEL contra el Registrador de la propiedad nº1 de Zaragoza y la Subdirectora General de la Dirección de Registros y Notariados ( DGRN ) .

MHUEL acata y respeta la decisión judicial aunque no la comparte en absoluto . Cómo ya informamos en su día , no nos quedó más remedio que judicializar este asunto después de más de cinco años de “peloteo” administrativo entre diferentes Instituciones del Estado ( Defensor del Pueblo , DGRN , Gobierno de España , Patrimonio etc ) en un cruce de escritos nada clarificadores y contradictorios sin poder dilucidar algo tan sencillo como :

¿ Está la Iglesia de San Pablo en la calle San Pablo de Zaragoza y sí dicha Iglesia está inmatriculada a nombre de quién ?

¿ Por qué al Ayuntamiento de Zaragoza le contestó el Registro que sí lo estaba a nombre de la Diócesis de Zaragoza mediante nota simple y por qué a MHUEL le contestó el mismo Registro que no constaba ninguna inmatriculación sobre el citado inmueble en un certificado registral anterior a la petición municipal ?

Opinamos que era un tema tan obvio y sencillo para su rápida aclaración que nunca pensamos que se prolongaría más de un lustro por la vía administrativa para luego terminar en un procedimiento judicial penal a sabiendas que para probar ilícitos penales de falsedad documental o prevaricación eran francamente difíciles puesto que hay que demostrar una intencionalidad clara y directa .

MHUEL no va a recurrir en segunda instancia el auto del Magistrado . Somos una asociación sin ánimo de lucro y no pedimos , queremos ni solicitamos subvenciones públicas para mantenernos neutrales y libres de cualquier atadura , nos sostenemos exclusivamente con las cuotas de nuestros asociados .

Tenemos la certeza de la razón de nuestra legítima reclamación pero al mismo tiempo somos certeros en no apelar para que no nos “abrasen” a base costas judiciales como premio a nuestro trabajo y compromiso.

Atentamente

MHUEL