Zaragoza a 3 de Octubre de 2021 La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica mediante nota de prensa que en las próximas horas instaremos al Gobierno de Aragón a que inmatricule de manera oficial la Catedral de Tarazona ante el Registro de la Propiedad de la ciudad Turiasonense . Actualmente ésta administración pública está facultada conforme a la vigente Ley Hipotecaria para proceder a esta actuación administrativa para preservar el dominio público de un bien inmueble declarado PAC y BIC por la administración pública en el cual después de estar casi 30 años cerrado al público y haber invertido más de 24 millones de euros procedentes del erario público para su restauración , en estos momentos es gestionado por la Fundación Tarazona Cultural . Adjuntamos Nota de prensa y documentación acreditativa de los hechos a los que nos referimos Atentamente MHUEL
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (
MHUEL ) comunica que ha tenido conocimiento del auto dictado por el
juzgado nº9 de instrucción de Zaragoza . En este auto el magistrado
dicta el libre sobreseimiento de los investigados por la querella
presentada por MHUEL contra el Registrador de la propiedad nº1 de
Zaragoza y la Subdirectora General de la Dirección de Registros y
Notariados ( DGRN ) .
MHUEL acata y respeta la decisión judicial aunque no la
comparte en absoluto . Cómo ya informamos en su día , no nos quedó
más remedio que judicializar este asunto después de más de cinco
años de “peloteo” administrativo entre diferentes Instituciones
del Estado ( Defensor del Pueblo , DGRN , Gobierno de España ,
Patrimonio etc ) en un cruce de escritos nada clarificadores y
contradictorios sin poder dilucidar algo tan sencillo como :
¿ Está la Iglesia de San Pablo en la calle San Pablo de
Zaragoza y sí dicha Iglesia está inmatriculada a nombre de quién
?
¿ Por qué al Ayuntamiento de Zaragoza le contestó el
Registro que sí lo estaba a nombre de la Diócesis de Zaragoza
mediante nota simple y por qué a MHUEL le contestó el mismo
Registro que no constaba ninguna inmatriculación sobre el citado
inmueble en un certificado registral anterior a la petición
municipal ?
Opinamos que era un tema tan obvio y sencillo para su rápida
aclaración que nunca pensamos que se prolongaría más de un lustro
por la vía administrativa para luego terminar en un procedimiento
judicial penal a sabiendas que para probar ilícitos penales de
falsedad documental o prevaricación eran francamente difíciles
puesto que hay que demostrar una intencionalidad clara y directa .
MHUEL no va a recurrir en segunda instancia el auto del
Magistrado . Somos una asociación sin ánimo de lucro y no pedimos ,
queremos ni solicitamos subvenciones públicas para mantenernos
neutrales y libres de cualquier atadura , nos sostenemos
exclusivamente con las cuotas de nuestros asociados .
Tenemos la certeza de la razón de nuestra legítima
reclamación pero al mismo tiempo somos certeros en no apelar para
que no nos “abrasen” a base costas judiciales como premio a
nuestro trabajo y compromiso.
El domingo pasado fallecía Manuel Lapeña Lapeña – padre de nuestra compañera Pura Lapeña Garrido – . Lo primero , es mostrar nuestras condolencias a Pura y a toda su familia por la pérdida de un ser querido y reconocer de manera muy especial la ingente lucha de los Lapeña por recuperar los restos de sus familiares asesinados en 1936 en un paredón sin juicio previo. Manuel se ha ido con 97 años en silencio ; ese silencio digno y sereno de las personas que solo buscan un poco de paz interior y traer en este caso a su padre y tío a casa para enterrarlos en un acto íntimo de reencuentro después de una fatalidad inmensa e inabarcable . Tenía Manuel 12 añicos cuando su vida se vió truncada por la desaparición paterna ; sin preguntas ni respuestas , angustia y mucho miedo . Multas y expropiaciones familiares como premio a una perdida irreparable de un niño que empezaba a vivir . Pasó el tiempo , esos tiempos duros de incertidumbres , trabajo y silencios comunitarios para no significarse ni llamar la atención ; una historia común de muchos hijos e hijas víctimas del Franquismo . Sin odio ni rencor , un día dijo al ver a Franco por la televisión a su familia ; » Ese hombre mató a mi padre » . A partir de ahí la familia Lapeña se puso en acción para recuperar los restos de Antonio y Manuel Lapeña Altabás fusilados en la comarca de Calatayud , enterrados en el barranco de la Bartolina y después exhumados y llevados sin consentimiento al Valle de los Caídos. El tesón , trabajo y resolución de la familia logró una sentencia judicial histórica para traer esos restos a casa y que Manuel pudiera ver con sus ojos ese reencuentro íntimo que reconciliase su memoria y sus afectos cercenados desde tan joven . Sin política ni ideología , sólo esa parcela de humanidad que cada ser necesita para estar en paz con su pasado por cruel que haya sido . La historia es fea y en este país aún más . Manuel se ha ido pero aún queda una familia beligerante que no cejará en su empeño inicial de recuperar esos restos para que todos reposen en paz , tranquilidad y libertad . Tengo rabia y me rebelo , me siento afectado y al mismo tiempo comprometido con una causa que no me es ajena y que creo nos concierne a a todos y todas sí queremos transmitir a próximas generaciones la realidad de los hechos. Por lo tanto ; mi capítulo de agradecimientos es extenso , plural y hasta casi excesivo . Primeramente agradecer la compasión mostrada por la Comunidad Benedictina de Cuelgamuros por su incesante labor apostolar en hacer todo lo contrario a lo que predican , así mismo mis mejores enhorabuenas al Juzgado de San Lorenzo del Escorial por ejecutar de manera tan rauda una sentencia en firme de obligado cumplimiento . Albricias a Patrimonio Nacional por su acción rápida en tomar decisiones de alto calado . Felicitaciones a Carmen Calvo por ser tan audáz hablando y tan lenta actuando , agradecimiento expreso al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por tramitar sus expedientes administrativos vía «celere » y sin demora . Reconocimiento » cum laude » a todos los portavoces de altas instituciones del Estado en su abnegada determinación de culminar de manera urgente las exhumaciones . Felicitar al actual y muy leal jefe de la oposición por sus palabras en tono jocoso cuando era un aspirante : » Las familias solo se acuerdan de los abuelos asesinados cuándo hay subvenciones públicas » …………
Adios Manuel …..pronto estaréis todos juntos . Puri , Cecilia , Miguel y demás familia se encargarán de ello y nosotr@s con ellos .
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica : Por providencia fechada el 15 de abril de 2021 ; el titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Zaragoza cita a declarar en calidad de investigados al Registrador nº2 de la Propiedad de Zaragoza y a la Subdirectora general de la Dirección General de Registros y Notariados . ( Se adjunta Providencia )
En
contestación al artículo de opinión publicado en HERALDO el 3 de
marzo de 2021 firmado por la registradora de la Propiedad Dña.
Isabel de Salas y titulado ‘La Iglesia lo hizo bien’:
1-
Mostrar cierta sorpresa con el artículo que llamativamente fue
publicado al día siguiente 4 de marzo por el medio ‘Iglesia de
Aragón’ -órgano oficial de comunicación de las diócesis
aragonesas-, por lo tanto deducimos que la opinión de la Sra. de
Salas es coincidente, por no decir que es la misma en pensamiento,
tesis y argumentario que la postura oficial de la jerarquía católica
en Aragón.
2.-
La registradora de Salas nos hace un recorrido histórico desde el
periodo desamortizador del siglo XIX que justifica las
inmatriculaciones vía certificación. Hay que recordar que no
conviene agitar los fantasmas del pasado mentando las
desamortizaciones como elemento demonizador. El proceso
desamortizador decimonónico, con todos sus errores e imperfecciones,
buscó la erradicación de las llamadas ‘manos muertas’ de
latifundios eclesiales, señoríos y mayorazgos improductivos;
proceso irreversible para la transformación definitiva del sistema
feudal de propiedad y de servidumbre en forma de pago de diezmos al
nuevo pensamiento del estado moderno liberal y el incipiente
municipalismo.
3.-
Sostiene doña Isabel la constitucionalidad de la Ley Hipotecaria de
1946 (art. 206 LH y art. 304 del Reglamento Hipotecario), la reforma
de la misma en el año 1998 con el Gobierno Aznar que amplía la
potestad inmatriculadora a los bienes inmuebles dedicados a culto.
Queremos
recordar con el debido respeto que, desde que entra en vigor la
Constitución de 1978, el principio de aconfesionalidad del Estado
recogido en el art. 16.3 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter
estatal», por lo tanto es inadmisible y no tiene pase alguno que a
partir del año 1978 una corporación de derecho privado como es la
Iglesia católica pudiera estar equiparada o asimilada a una
administración general del Estado o corporación pública a la hora
de poner bienes inmuebles a su nombre mediante un autocertificado,
ejerciendo los diocesanos como fedatarios públicos o notarios del
Reino de España.
4.-
Aduce la señora De Salas la validez de la interpretación que hace
en 2001 la Dirección General de Registros y Notariados (DGRN) a la
hora de dar carta de naturaleza positiva a las inmatriculaciones
realizadas antes de 1998 a bienes inmuebles dedicados a culto. Nos
preguntamos ¿quién es una dirección general para interpretar una
ley, normativa o reglamento en el ordenamiento constitucional? Para
eso está el Tribunal Constitucional y no la DGR, aunque coincidimos
con la registradora en que nunca esta problemática se ha llevado
ante el órgano competente jurisdiccional.
5.- Obvia por completo doña Isabel los miles de bienes inmatriculados de raíz privada (garajes, pisos, solares, pastos, montes, viñedos, regadíos y un muy largo etc.) que accedieron al Registro por autocertificación y sin aportar ningún título de dominio o de propiedad, de manera opaca y sin publicidad para poder ejercer el ‘iuris tantum’ (derecho a prueba en contra), provocando una vez transcurrido los plazos preceptivos el derecho a la propiedad por usucapión (30 años de dominio ininterrumpido y pacífico). Una vez más, y dicho con el debido respeto, se trata de un privilegio inadmisible que atenta de manera frontal contra el artículo 14 (Igualdad jurídica) de la vigente Constitución española y de una falta de catadura moral notoria y evidente.
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL) comunica :
La interposición de una querella ante el juzgado de instrucción de Zaragoza contra el Registrador de la Propiedad nº 2 de Zaragoza ; D. Joaquín José Oria Almudí y la Subdirectora General de la Dirección General de los Registros y Notariados ( DGRN ) Dña Rebeca Laliga Misó por los presuntos ilícitos penales de prevaricación y falsedad documental. ( Adjuntamos querella y su presentación telemática )
MHUEL recibió en su día una certificación registral negativa sobre la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo en Zaragoza y posteriormente esa negativa se tornó en positiva a petición del Ayuntamiento de Zaragoza con los mismos criterios de búsqueda ( Catastro , Descripción gráfica , documental histórica oficial DGA ) . Esta asociación emprendió la pertinentes acciones para esclarecer los hechos vía administrativa y disciplinaria a través de la Oficina del Defensor del Pueblo ; después de un largo periplo de contestaciones contradictorias y nada satisfactorias para llegar al fondo de la cuestión , el Defensor del Pueblo cerró el expediente por causas meramente formales en los tiempos establecidos.
MHUEL ya adelantó en su momento que sí la vía administrativa no resultaba eficaz , se reservaba el derecho a ejercer las acciones civiles o penales que estuvieran a su alcance en los Tribunales ordinarios de Justicia.
La asociación MHUEL dentro de la lógica más elemental se pregunta si es posible la negativa por parte de un fedatario público cuando se le pregunta ; ¿ Dónde y a qué nombre está la Iglesia de San Pablo en la calle y plaza de San Pablo de Zaragoza ? Es evidente , significativo y notorio por el bien inmueble por el que le estamos preguntando a un Registrador de la Propiedad para que emita un certificado registral en este caso negativo y a posteriori emitir una nota simple positiva sobre el mismo inmueble a petición de una corporación pública.
No querríamos llegar al absurdo más absoluto dado que los Registros de la Propiedad deberían garantizar la seguridad jurídica e informativa y no lo contrario creando inseguridades pintorescas ante una más que posible respuesta negativa ante preguntas cómo ¿ Dónde está y quién es el propietario de la Basílica del Pilar en la Plaza del Pilar de Zaragoza ? . Dicho con el debido respeto , MHUEL tan sólo quiere poner un poco de cordura , sensatez y ejercer sus legítimos derechos y que no nos digan que era de color negro cuando preguntamos ¿ De qué color era el caballo blanco de Santiago ? .
La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 20 asociaciones patrimonialistas de todas las comunidades autónomas, desea difundir el siguiente comunicado en relación a la entrega del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica por el Gobierno central al Congreso de los Diputados, en cumplimiento de una petición parlamentaria de marzo de 2017.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio eclesiástico. Es de justicia reconocer la labor tenaz y decidida de las asociaciones. No obstante, el listado es parcial e insuficiente. No incluye los bienes inmatriculados desde 1946, cuando se promulgó el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ni se han facilitado las notas simples del registro, lo que complica enormemente la identificación de las fincas inscritas. El número global de inmatriculaciones podría ascender a casi 100.000.
El informe gubernamental que acompaña al inventario recoge un prolijo argumentario jurídico que viene a certificar la presunta inconstitucionalidad del mecanismo inmatriculador al equiparar a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con notarios. Esa prerrogativa vulnera flagrantemente el precepto constitucional de igualdad ante la ley y aconfesionalidad del Estado, y habría otorgado a los obispos el privilegio de autocertificar la titularidad de decenas de miles de bienes sin garantía jurídica alguna.
Las inmatriculaciones son, por tanto, nulas de pleno derecho. Si los obispos quieren inscribir bienes que presuponen de su propiedad deben hacerlo por los cauces ordinarios y con los mismos dispositivos registrales que cualquier ciudadano para evitar abusos como la apropiación de miles de inmuebles sin aportar título material, muchos de los cuales integran el valiosísimo legado cultural.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló en su discurso de investidura el compromiso expreso de efectuar las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica en virtud de un privilegio predemocrático. Es evidente que el presidente Sánchez ha incumplido su palabra. Aún reconociendo el informe gubernamental que las inmatriculaciones eclesiásticas se ejecutaron previsiblemente en base a una normativa inconstitucional, el Ejecutivo no parece dispuesto a anularlas y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados.
La misma Proposición No de Ley (PNL), firmada por el PSOE y UP en la primavera de 2017 y que propició la publicación del presente listado de inmatriculaciones, ya consideraba la naturaleza demanial de los templos de culto y exigía al Gobierno la reclamación de la “titularidad del dominio” para aquellos inmuebles que carecieran de “título material” o “no susceptibles de propiedad privada”. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, suscribió otro documento jurídico en 2018 defendiendo la titularidad pública de la Mezquita y promoviendo un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra las inmatriculaciones eclesiásticas.
El Gobierno de coalición quiere dar carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. Y, por razones que no ha sido capaz de explicar, ha indultado la apropiación masiva de fincas y bienes de indudable valor histórico por parte de la jerarquía católica después de negociaciones secretas que se han desarrollado en la más absoluta opacidad. Recuperando aún espera después de casi tres años que algún representante del Gobierno se digne a escuchar los argumentos de las organizaciones ciudadanas.
Recuperando quiere expresar su profunda decepción por una renuncia gubernamental que solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica. Ni el presunto Gobierno más progresista de los últimos 80 años ha sido capaz de defender la legalidad constitucional frente al poder de los obispos. Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando sí lo estará. Contactos Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando (696744439) Andrés Valentín, coordinador de Recuperando (630080101
En términos de derecho, la
inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la
propiedad de una finca, casa, frontón, catedral, etc., etc. Esta
acción de inmatricular lo lleva a cabo el notario. Lo que sucede es
que, según el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 y el
reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia,
concretamente a los obispos, como fedatarios públicos para
inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la
Iglesia incontestable, quizá como premio a su inestimable
colaboración en la guerra civil, por ser su fiel aliada. El caso es
que esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó
derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo
el único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia
fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces la ley no
contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias,
catedrales, basílicas, conventos…), pero desde entonces la Iglesia
tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar.
El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso y todo ello
con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como
del PP. A todo esto los gobiernos de Aragón no han tenido los
arrestos suficientes como para defender lo que es del pueblo
aragonés, sumisos con la Iglesia, inclinando vergonzosamente la
cabeza a la todopoderosa Iglesia Católica.
Lo
primero que llama la atención es como una ley inconstitucional,
franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta el 2015.
¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para
denunciarla? Es razonable pensar que todas las actuaciones efectuadas
al amparo de esta ley inconstitucional, son nulas y por lo tanto
todos los registros efectuados deberían ser revertidos a su anterior
estado. ¿Por qué el aparato jurídico del Estado no ha hecho nada?
Que
un diocesano fuera al registro civil y sin necesidad de presentar
ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ridiculísimo
pago, pasara a ser el dueño del bien registrado, es algo impensable
en un país democrático y desarrollado. Desde el registro hasta que
el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según las comunidades
autónomas. Se da la circunstancia de que los diocesanos no daban
cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes que la
Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas,
catedrales, iglesias, etc., monumentos espectaculares, con una
riqueza arquitectónica e histórica impresionantes, como puede ser
La Seo de Zaragoza (por nombrar una…). Claro, este modo de
proceder, alevosamente, a traición, calladamente, como un bandido
que roba los bienes que pertenecen al común, al pueblo, es
indigerible, ¡penoso!
Todas
esas propiedades pertenecen al pueblo, él ha sido su constructor y
su mantenedor a base de impuestos a lo largo de la historia. Que la
Iglesia lo haya empleado para oficiar actos litúrgicos de su
confesión o para exponer toda clase de ornamentos, frescos,
esculturas, cuadros, etc., no le dan el derecho de propiedad, al
menos no desde un punto de vista racional.
Uno
piensa en la gran contradicción que existe entre la prédica del
evangelio de Jesús, el de los pobres y desheredados de la tierra,
del cual hacen gala los ministros eclesiásticos con falsa humildad y
artificialidad manifiesta, y la práctica cotidiana económica de la
Iglesia, hasta el punto de haberse convertido en la mayor
inmobiliaria del reino.
También
llama la atención que es el Papa de Roma, el presidente de ese
hipotético estado vaticano (aunque formalmente no lo sea), el que
dirige todo este tinglado, al que deben obediencia y que se erige en
el dueño de este emporio urbanístico y de todo lo que hay dentro de
los edificios…
Estos
días, el Gobierno del PSOE y IU-Podemos, manda al congreso una lista
de bienes inmatriculados, pero no esta completa pues solo contempla
aquellos bienes inmatriculados desde la ley Aznar de 1998, cerca de
40.000 bienes, casi nada… De entrada reconocen a la Iglesia como
propietaria, aceptando que no haya presentado en su día ningún
documento acreditativo de propiedad, tendrán que ser las personas
individuales o ayuntamientos quienes tengan que presentar esos
documentos para demostrarlo… ¡Vergonzoso! O sea, un procedimiento
que funciona al revés y que va a provocar un follón en los juzgados
de grandes dimensiones. Y a propósito de documentos, en muchísimos
casos no hay documentación, no ha sido necesaria porque esos
edificios eran del pueblo, del Ayuntamiento, del Estado…
El
tema esta en que en ese listado no aparece ningún bien en nuestra
ciudad, en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 se
inmatriculó todo lo que fue menester pasando de la ley entonces
vigente y sin esperar a la modificación de Aznar. Esto es tremendo,
ya que la mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a
1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las
registradas desde 1998? Pues no lo entendemos. Sospechamos que en
estos últimos tiempos ha habido negociaciones con la Iglesia a
espaldas nuestras, de la sociedad civil y se han llegado a este
acuerdo tan balsámico para la Iglesia. Esta tendrá que devolver
aquellas propiedades en se presente documentación que contradiga la
inmatriculación… Serán los mínimos. ¿Qué pasa con los decenas
de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la
vista gorda? ¿Así se solventa el problema con esta institución
privada y expoliadora del patrimonio del pueblo aragonés?
El
Gobierno de nuestra Comunidad se debe erigir en el principal valedor
del común, del pueblo y actuar para que no se consume semejante
escándalo.
Distintos portavoces de la
Coordinadora Recuperando, han realizado declaraciones sobre el
listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica que el
Gobierno ha enviado al Congreso.
La Coordinadora
Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por
la Iglesia Católica, Recuperando,
que agrupa a una veintena de colectivos, considera un “absoluto
insulto” y una “gran trampa” que haya que reclamar en los
tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Así
lo ha explicado el portavoz de la Coordinadora Recuperando, Andrés
Valentín,
después de que el Gobierno haya hecho público este martes que la
Iglesia católica de España inmatriculó un total de 34.961 bienes
desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por
el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015.
“Nos
parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante
los tribunales. Es la gran trampa”, ha explicado Andrés Valentín,
quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman “se da
por hecho que son de la Iglesia”.
La
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha
señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier
persona física, jurídica o administración pública que discrepe,
puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por “vía
administrativa”, para que la Administración General del Estado
abra la investigación correspondiente o por “la vía de los
tribunales”.
“Nos
parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante
los tribunales. Es la gran trampa”, ha explicado Andrés Valentín,
quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman “se da
por hecho que son de la Iglesia”. Además, ha cuestionado que miles
de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar
procesos que se prologan “durante 20 años”.
De
este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es “orientarlo
a un callejón sin salida” y que es necesaria es una solución
normativa, ya sea vía ley o decreto, que “retorne los bienes a la
situación anterior a la inmatriculación” para que sea la Iglesia
la que presente la documentación necesaria. “No se puede dar por
bueno algo que se ha dado al amparo de la normativa franquista”, ha
subrayado.
Por
otro lado, ha indicado que, tras conocer la publicación del listado
de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno, “la primera
reacción” ha sido decir: “Ya era hora”. No obstante, ha
criticado que es un documento “parcial”, que no incluye los
bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 ni “las notas simples que
debían haber acompañado al listado”, para conocer fechas,
superficies, etc.
“Esto
es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones
judiciales. Ningún particular se lo puede permitir”
Desde
la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó ha mostrado su
“satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el
listado”, pero ha añadido que “el resto son grandes peros”. En
primer lugar, Picó ha lamentado que “solo cubre” los 34.961
bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en
más 100.000 desde 1946.
Asimismo,
el portavoz de la entidad ha censurado que este listado no incluye
todos los datos registrales de los bienes inmuebles, por lo que los
considera claramente “incompletos”.
Lo
que más preocupa a Juanjo Picó es que el Ejecutivo traslade la
iniciativa de reclamar a la ciudadanía. “Esto es una salida en
falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún
particular se lo puede permitir”, ha señalado, al tiempo que ha
insistido en que es “un problema de Estado” y en que “el
Gobierno tiene que dar una solución global”.
Finalmente,
Juanjo Picó defiende un proceso que arranca con la publicación
completa del listado de bienes; la anulación de las
inmatriculaciones realizadas; y la reclamación para el dominio
público del patrimonio que corresponda, y el resto aportando la
documentación acreditativa de la titularidad.
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) comunica :
MHUEL decidió no convocar este año su tradicional protesta por la presencia de cargos públicos en el paseillo indecoroso de sumisión de la corporación municipal zaragozana el día de San Valero desde el Ayuntamiento a la Catedral de San Salvador en un claro ejercicio de RESPONSABILIDAD CÍVICA Y CIUDADANA ante la grave situación de pandemia por el Covid 19 en la que estamos inmersos y ateniéndonos a las normativas actuales que desaconsejan concentraciones excesivas de personas.
Con la certeza que la corporación municipal sería consecuente con dichas normas auspiciadas por las propias autoridades competentes en el ramo, dimos por hecho que la procesión no se iba a producir por responsabilidad pública y mero sentido común.
MHUEL ha tenido conocimiento y
ha sido notificado que ayer día 29 de enero día de San Valero ,
una mini comitiva corporativa desfiló por la plaza con más pena
que gloria encabezada por el Alcalde Azcón , la Vicealcaldesa Sara
Fernández acompañados por los concejales Julio Calvo de VOX ,
Mendoza del PP , Javier Rodrigo de CS y la portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento Lola Ranera. Un reducido grupo que a pesar de la
pandemia y de todo tipo de restricciones a las que está sometido el
personal no perdió la ocasión de marcar el paso confesional en un
Estado aconfesional declarado constitucionalmente.
A esta asociación tampoco le
extraña demasiado estos movimientos improvisados de última hora y
de “tapadillo “ . Hay fuerzas políticas presentes en el
paseillo que dicen una cosa en los despachos para hacer luego todo
lo contrario y otras que ya han perdido su palabra ante la presión
de la cogobernanza sintiendo el aliento de VOX.
